Los efectos prácticos de la sentencia del TSJ sobre trece calles peatonales de León
La suspensión cautelar de los bandos y decretos del Ayuntamiento que dieron origen a estas obras hace que estas vías vuelvan a regirse por el régimen general
¿Quién puede circular por ellas? ¿Y qué se puede hacer? ¿Me pueden multar? ¿Volverán a cambiar? ¿Y si es así, cuándo? Las dudas surgidas por la sentencia del TSJCyL que anula los bandos y decretos que han permitido peatonalizar once calles por completo y dos tramos de otras dos en el centro de León son muchas.
Quizá la primera es saber cuáles son esas vías. El grupo más conocido y sobre el que ha habido más polémica y debate es en aquellas que están en el entorno de Ordoño II -que no se ve afectada por esta decisión judicial- como son Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional y el tramo de Alcázar de Toledo entre San Agustín y la plaza de La Inmaculada. Muy cerca de ellas está Arco de Ánimas, Ramiro Valbuena y una parte de Villa Benavente, entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo. También entra dentro de este grupo la calle Fuero aunque no se verá afectada porque sigue de obras.
A estas hay que sumar cuatro vías más en el noreste del casco histórico, justo detrás de las murallas como son Carreras, Cubos, Pelayuelo y Pontón. Calles con obras recientes y en las que la colocación de cámaras de videovigilancia llamaban la atención de los ciudadanos tras meses de anuncios y cambios de planes.
«No se puede sancionar»
En todas ellas, como explica a Leonoticias el abogado Carlos Antón, «se ha suspendido la ejecutividad de los bandos y decretos que regulaban estas zonas» por lo que «el régimen por el que se vuelven a ordenar es el general». Lo que supone en la práctica es que «no se puede sancionar» por acceder a ellas como estaba previsto que ocurriese con la puesta en marcha de la ZBE ante la incertidumbre de saber si se multaría ya o no.
El letrado, responsable de las medidas cautelares impuestas por el TSJCyL tras la denuncia del grupo municipal del Partido Popular en el Consistorio de León, asegura que con la llegada este viernes al pleno municipal de la nueva ordenanza «no cambiará nada porque no será hasta que entre en vigor cuando puedan ser calles peatonales» o «si la decisión final del Tribunal Superior es contraria a la que han argumentado con las cautelares, cosa que descarto al 99 por ciento», y tras la decisión del Procurador del Común que no tuvo en cuenta el Ayuntamiento.
Sin nueva ordenanza a corto plazo
Carlos Antón comenta que la ordenanza, «tras llegar al pleno», se enfrenta a un periodo de «treinta días de información pública y otro de alegaciones» por lo que nos podemos «plantar en septiembre, octubre o noviembre sin que haya entrado en vigor». Durante todos estos meses, además de que no se puede sancionar a quién acceda a las calles afectadas al ser una vía convencional.
Con la mirada puesta en el futuro, en ese hipotético caso en el que la ordenanza presentada este 27 de junio, el letrado habla de varias posibilidades: «Si hay un defecto de forma se podría impugnar ya, aunque para ello también debe superar un trámite en el pleno porque si no es aprobada por mayoría se detendría el proceso posterior». Si avanza, que es la opción más probable, caben otras dos posibilidades.
La primera es que «subsanen las irregularidades de los bandos y decretos que ha tumbado el TSJCyL» aunque Carlos Antón lo ve complicado porque «puede haber muchos aspectos de esta nueva ordenanza que estén condicionados por la legislación previa», que es la segunda opción y la que podría provocar una nueva denuncia ante el Alto Tribunal.
Riesgo de otra regulación «ilegal»
Llegado este punto, el abogado Carlos Antón cree que el TSJCyL podría volver a fallar en favor de los denunciantes «con una cautelarísima en tres o cuatro días desde su aprobación, o en mes o mes medio con una cautelar convencional». Algo que ya ocurrido ahora con el PP en este caso tras el paso previo por el Procurador del Común y la posterior denuncia en diciembre que ha provocado la suspensión decretada el 23 de junio.
Decisión que llega en parte porque la sentencia señala un precepto que consideran obligatorio: «Mientras no se lleve todo al pleno sigue habiendo riesgo de que se declaren nulas las normas». Y es que, según sugiere Carlos Antón, los tribunales «que han tumbado otras ZBE por menos» buscan que este tipo de regulaciones cuenten con el mayor consenso y participación ciudadana posible, y también una regulación clara.
De momento, los ciudadanos «tienen algo claro» comenta el letrado, que señala que no hace falta ningún permiso especial para circular por las calles afectadas y que, en principio, son vías urbanas convencionales hasta nueva orden.
