El diagnóstico de la suciedad en León: con pocos soldados en un servicio caro y obsoleto

El servicio de limpieza del Ayuntamiento de León «adolece» de los cuatro males que atesora el equipo de gobierno: despilfarro, improvisación, oscurantismo y discrecionalidad. O, al menos, ese es el diagnóstico que recoge el Partido Popular tras acceder a la auditoría de 64.000 euros que se ha elaborado desde 2024, que se califica ya de «despilfarro».

En el análisis de las instlaciones, el parque móvil, los contenedores o el coste de personal, entre otras cuestiones, se ha desprendido una «enmienda a la totalidad» de este servicio que devora cada año 15,3 millones de euros con el resultados de «una ciudad sucia».

El portavoz del PP municipal, David Fernández, ha desgranado los motivos de que la limpieza se convierta «en la principal queja» de los ciudadanos de León.

Una queja que parte del propio personal, que mantiene unas condiciones laborales en las que no pueden hacer registro de materiales de almacén y de las reparaciones del parque móvil. Una evaluación que es «aún más preocupante» porque los cuartelillos donde recogen el material «carecen de las mínimas condiciones» de salud y muchos de ellos se han pedido inhabilitar.

El parque móvil se tilda de «obsoleto», con un elevado coste por la reparación de cada elemento, y se pide un replanteamiento que evite «el colapso» del servicio de recogida de residuos con vehículos que superan los 20 años de vida. «Hay improvisación y no planificación para tener una flota moderna».

Tampoco ha pasado desapercibido el estado de los 3.109 contenedores repartidos por la ciudad y donde uno de cada cuatro carecen de buen estado, lo que les hace perder efectividad. «Se echa de menos un plan de contenedores, de tecnología y de estética. Se compra sin previsión», sentencia Fernández.

Y desde el PP han hecho especial mención a la situación de la plantilla en la que apenas se ocupan poco más de 170 puestos de los casi 250 que contempla la RPT. Situación aún más desconcertante por el reparto de cargos en la misma. Nueve millones de euros, el 60% del coste del servicio, se van a este apartado y no se encuentran «ni estructurados ni actualizados» a sus necesidades. «El servicio funciona a golpe de queja o urgencia y el descontrol sale adelante por la experiencia de la plantilla». Una situación de «discreccionalidad» que no obedece, a juicio del portavoz popular, «a la calidad de un servicio con mucho general y poco soldado».

Todo ello tras analizar una auditoría que habla del «oscurantismo» en la prestación de información a la empresa, a la que se le facilita documentación «sesgada, escasa y poco estructurada» que le ha impedido obtener «una imagen fiel» de un servicio que cuesta 126 euros a cada ciudadano, una media superior a Toledo, Burgos o Vigo, y que deja «una gestión desastrosa, con mucho dinero y una ciudad sucia».

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