Los Rodríguez, Blue Solving y las ventajas que el Principado daba a la propiedad de Cerredo
El permiso que permitía explotar la mina se logró en Asturias en apenas 33 días mientras que Castilla y León lleva cinco años sin concederlos
«Esto es un fraude. Sacar esa cantidad equivale a permiso de extracción y requiere un trámite e información pública. Alguien en Minas encontró un resquicio legal». Esta es la reflexión que el ingeniero Ignacio Martínez hace sobre cómo el cúmulo de avisos, denuncias y expedientes que cargaban contra la propiedad de la mina no fueron suficientes para poner fin a su actividad.
Ya han pasado dos meses desde aquella fatídica mañana del 31 de marzo acababa con la vida de cinco leoneses en el interior de la mina de Cerredo -Degaña, Asturias-. Una explosión de gas fue la causa de este terrible suceso que se produjo mientras trabajaban extrayendo material en uno de los túneles.
Una terrible historia que guarda un nombre de fondo, el de Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', empresario que se escondía tras esta actividad extractora en el límite de Asturias con Laciana. El promotor pudo avanzar en su idea de explotar Cerredo a pesar de que sobre él pesaba una petición de la Fiscalía de diez años de prisión y una multa de 13 millones de euros al estar involucrado en una red que introdujo droga en España. Fue detenido en 2014, pero no ha sido hasta ahora cuando la Audiencia Provincial de Alicante ha reabierto la causa con la coartada de las defensas de una evidente dilación indebida.
La relación de Cerredo con los Rodríguez se inicia el 17 de junio de 2021, tal y como señala El Comercio. Fue su mujer la que entregó en el Juzgado de lo Mercantil la cantidad de 975.000 euros, como administradora de Combayl, para convertirse en la oferta más ventajosa y hacerse con los activos de Compañía Minero Astur Leonesa.
En un primer momento, el Instituto para la Transición Justa advierte de que la reapertura de la mina implicaría un incumplimiento de la normativa de la Unión Europea, que entregó 6,2 millones a la anterior propiedad para el cierre de la misma. Reactivarla implicaría la devolución de las ayudas que recaerían en Astur Leonesa.
Logran el esperado permiso para extraer mineral
Sin embargo, Combayl lograba en 2022 el permiso de Asturias para retirar la chatarra que allí se encontrase. Le supo a poco a la compañía. En junio, durante una inspección a la mina, la propiedad advierte de que hay posibilidad de actividad para «materiales susceptibles de coquizar» y valora la solicitud de un Proyecto de Investigación Complementaria -PIC-. Además, el técnico recordó que los permisos concedidos eran para la restauración, mientras que la extracción estaba prohibida.
Esta pretensión de la empresa se pudo ir al traste tras el accidente mortal en el exterior, en agosto de ese mismo año. La gravedad de la circunstancia daba facultades a la Dirección General de Minas del Principado de Asturias para iniciar el proceso de cierre de Cerredo. Y, aunque apreciaron un agravante de intencionalidad, se permite mantener la actividad con una multa de 300.000 euros que nunca se llegó a pagar al quedar en suspenso al judicializarse la causa del siniestro.
Se produciría entonces otra nueva vuelta de tuerca por parte de los dueños de la mina de Degaña. Los Rodríguez pasan sus activos a Blue Solving para volver a pedir el PIC, manteniendo al mismo director facultativo. En ese momento, desde Minas se dejó avanzar en esta reconversión de marca. Además, logran el aval de la Consejería de Industria para lograr ayudas del Instituto para la Transición Justa y Minas concede el ansiado PIC a Blue Solving el 5 de junio de 2023.
La empresa de Chus Mirantes tan solo tuvo que esperar 33 días para lograr esa licencia que le permitía actuar por 24 meses y extraer un máximo de 60.000 toneladas de material carbonoso; a cambio se les pediría un plan de labores y no comercializarlo. Esta concesión choca, por ser más ventajosa, que el Proyecto de Investigación Complementario otorgado a TYC Narcea en 2021, cuando se tardó 79 días en tramitar un permiso de seis meses para retirar 30.000 toneladas y muchos más requerimientos a cambio.
Se entiende que este tipo de concesiones son una vía exprés del que se abusa en Asturias. Con ellos se entregan en 33 días solicitudes que por la vía formal, a través de permisos de explotación, que alargan el trámite burocrático unos dos años. De hecho, en la Dirección General de Minas de la Junta de Castilla y León «no consta» la utilización de PIC en los últimos cinco años.
