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'Trama Enredadera'

Ulibarri acusa a un cabecilla de la trama Enredadera de emplear su nombre para hacer negocios

José Luis Ulibarri sale de la prisión del Soto del Real en Madrid el pasado 14 de septiembre./José Ramón Ladra
José Luis Ulibarri sale de la prisión del Soto del Real en Madrid el pasado 14 de septiembre. / José Ramón Ladra

El constructor insistió ante el juez en que no habló con alcaldes para lograr contratos públicos

Jorge Moreno
JORGE MORENOLEÓN

Aunque su nombre se menciona en decenas de horas de grabaciones realizadas por la Policía Judicial desde mediados del 2016, cuando comenzó la investigación de la trama Enredadera, José Luis Ulibarri, 'el Jefe', 'Dios', el 'Gafas', como así le definían empresario y políticos locales, se puso de lado ante el magistrado de Badalona Pablo Jesús Alonso.

Las declaraciones

En su declaración del pasado 4 de julio, el constructor leonés negó algunas de las conversaciones, cuestionó que otros utilizasen su nombre para hacer negocios y, lo que es más importante, rechazó que su poder al frente de una cadena de periódicos, radios y televisiones en la comunidad de Castilla y León sirviese para amañar contratos públicos o acceder a decenas de cargos.

Después de haber sido conducido a los registros de su casa y oficinas por agentes desde Madrid a Valladolid, de dormir en el calabozo de la comisaría de Delicias, y de ser trasladado ante el juez de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), Ulibarri centró su defensa en cuestionar que otro de los presuntos cabecillas de la trama, Ángel Luis García Martín, un empresario astorgano conocido como 'el Patatero', le utilizase para conseguir contratos municipales de tráfico por medio de la empresa Aplicaciones Gespol.

El empresario burgalés negó al fiscal que las conversaciones intervenidas fuesen de él, aunque sí reconoció que los otros dos detenidos que fueron encarcelados junto a él en Brians, Alberto Bueno y Roberto Legazpi (Gespol), le fueron presentados por Ángel García. Fue en su despacho de Valladolid donde le indicaron que habían vendido su empresa a Valoriza (Grupo Sacyr).

La UDEF sostiene que por medio de Gespol se trataba de influir en funcionarios y técnicos municipales de Castilla y León y otras provincias, para que los contratos que debían adjudicar en materia de radares, control de tráfico o cámaras de semáforos en rojo recogieran cláusulas favorables a sus ofertas.

Aunque Ulibarri insistió al juez que «desde el año 2010 se quitó de primera fila de las empresas» (fecha en la comenzaron sus problemas por el concurso de acreedores de su constructora Begar, y su imputación en el caso Gürtel, que llevó la Audiencia Nacional), no negó que «supervisase» algunas de las operaciones. En este sentido sostuvo que tanto directivos de Gespol como de Valoriza «le vinieron a explicar el negocio», y lo único en lo que podía colaborar él «es el cobro de denuncias». Si obtenían el contrato de los ayuntamientos, los equipos, aplicaciones informáticas y cámaras los instalaban los concesionarios, y el reparto de los ingresos por multas se fijaba en un 60%-40%. De este modo, cuantas más sanciones se impusiesen, más ganaban todos.

El Patatero asegura en una grabación que tenía «un millón de euros de gastos ficticios»

En una escucha grabada por la Policía el pasado 27 de marzo, Ángel Luis García dio indicaciones a una colaboradora, identificada como Ana, para eludir el pago de impuestos. En la grabación, hasta ahora inédita para las partes personadas, el Patatero reconoce que no pagó «prácticamente nada de IVA» en el ejercicio del 2016.

«Hemos metido un montón de gastos para no pagar IVA, el año pasado no pagasteis nada, ¿sabes?», le dice por teléfono la empleada de la empresa Círculo de Selección, mercantil leonesa fundada en 1997.

Ángel Luis le responde: «Vale, pues entonces pon la variación de existencias, por los quinientos y pico mil, por la misma cuantía que pusiste de gastos ficticios».

–«Es que hay más, hay casi un millón de euros de gastos ficticios». –«Sí, lo estoy mirando aquí, hay un montón... No se pagó nada prácticamente de IVA el año pasado».

Aunque esta conversación es calificada por la Brigada de Barcelona como de «interés», los agentes recuerdan al juez de Badalona que es un indicio que debe de recibir el tratamiento de «casual», conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los investigadores recuerdan al magistrado que la conversación con la asesora contable de alguna de las sociedades de 'el Patatero' podría rozar la comisión de delitos societarios o contra la Hacienda Pública, al tratar de eludir impuestos.

Aunque no había duda que Ángel Luis García, economista de profesión, había comenzado a hacer negocios en la comarca de Astorga, su intención era ampliarlos a otras provincias. En su declaración en el Juzgado, tras ser detenido, dijo que conoció a Ulibarri en Valladolid en el 2016 por medio de su empresa de patatas. «Decidimos hacer una empresa, que él tendría el 60% y yo el 40%. Estuve de acuerdo porque él es un hombre influyente, y a mí no me conoce nadie», relató, para justificar que su empresa (Agema) no había tenido obras públicas ya que «solo puede hacer pequeñas obras».

Este imputado admitió haber hablado con alcaldes y técnicos de León y otros ayuntamientos.

En esta relación empresarial, el juez sostiene que Ulibarri era «uno de los conseguidores» al tener trato cercano con alcaldes. Pese a que el constructor aparece citado en las escuchas en relación con regidores y concejales de Ponferrada, León, Palencia, Soria, San Andrés de Rabanedo, Astorga, Villaquilambre, Hospital de Órbigo y Asturias, Ulibarri negó al juez que pudiera obtener los pliegos de los concursos con anterioridad. Reconoció, no obstante, que «fundó Utebo para participar en la segunda fase del negocio» como era la gestión de multas, con la que pretendía presentarse en UTE junto con Gespol.

En su declaración, además de señalar que «no ha cobrado ninguna comisión y hace años que no las paga», responsabilizó de algunas de las imputaciones que el juez le hace a Ángel Luis García, 'el Patatero', «que ha utilizado su nombre en falso», sin que sea su socio. Admitió, no obstante, que este le explica las gestiones que hacía «porque si no le da el ok, están bloqueadas».

 

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