¿Por qué piden prisión permanente revisable para el parricida de Valderrueda?

Hasta 2022, 35 personas habían sido condenadas a prisión permanente revisable en España. Una pena que fue aprobada a finales de la década anterior. Y en los últimos meses hasta dos juicios en la Audiencia Provincial de León han registrado en los escritos de conclusiones de la fiscalía este mismo castigo.

El último caso es el que se está juzgando esta semana. Miguel Ángel se enfrenta a esta petición tras la prueba celebrada en la que el fiscal, adheriéndose a la petición ya realizada por la acusación particular, entiende que ha quedado acreditada la vulnerabilidad de la víctima, Julián, padre del acusado.

En base al artículo 140 del Código Penal, un delito agravado de asesinato tiene como componente que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable. A ello se acogió el ministerio fiscal para reclamar al jurado popular que entienda como probada esta situación y que, posteriormente, el magistrado presidente catalogue el castigo como prisión permanente revisable.

Tanto el fiscal como la acusación -ejercida por la familia del propio procesado- solicitan la máxima pena para el parricida de La Sota de Valderrueda al entender, a juicio de las declaracionesde los testigos y peritos que han pasado por la sala, que el varón de 37 años tuvo premeditación en el viaje a la Valdería por parte del acusado, que vivía en Zaragoza, y que todo fue dando forma a un plan para acabar con la vida de su padre. Según se desgranó en las conclusiones, no avisó de su llegada, no mantuvo gran contacto con la familia y se llevó a su hermano de la escena para pasarse la tarde bebiendo con él y abandonarle en un pueblo a 10 kilómetros. También esperó a que su excuñada, hermana y madre se fueran a Almanza para perpetrar el asalto en la cocina, cuya puerta cerró.

También se ha detectado ensañamiento en el ataque ya que causó un intenso dolor a su padre con varios golpes -incluidas patadas- cuyas heridas acabaron siendo causa de su muerte cuatro días después, tras una «agonía» como manifestaron durante el juicio. «Fue una paliza brutal» y en la que quería que su padre «fuera consciente de que le iba a matar».

Y la alevosía llega desde la indefensión de esta persona especialmente vulnerable, tal y como han determinado los forenses que realizaron la autopsia al cadáver y que avanzaron los hijos de la víctima. Julián tenía 76 años y un largo historial clínico que le limitaba hasta el punto de no poderse valer por sí mismo para estar de pie, requerir 16 horas de oxígeno y contar con problemas cardíacos. «Lo vemos muy claro», llegó a manifestar el fiscal sobre la vulnerabilidad de la víctima, lo que le ha llevado a solicitar la prisión permanente revisable.

En caso de que el tribunal del jurado así lo entendiera, y que la sentencia del magistrado lo recogiera, se trataría de una sentencia pionera en la Audiencia Provincial de León.

Sin embargo, no sería la primera vez que se solicita en este 2025. Hace unos meses se juzgó a una enfermera que asesinó a una anciana en una residencia municipal de León. Se alegó el mismo motivo: la especial vulnerabilidad de una nonagenaria ante la sanitaria que la asistía. Sin embargo, el presidente no lo vio así y acabó dictando el delito de asesinato y una pena de cárcel de 20 años.

Y es que la prisión permanente revisable se aplica en los casos de delitos más graves, como asesinatos con circunstancias de especial gravedad (por ejemplo, contra menores o personas especialmente vulnerables, después de un delito sexual, múltiples o cometidos en organizaciones criminales), lo que implica un periodo de tiempo inicial de pena que puede abarcar de 25 hasta 35 años para su revisión. Aunque el condenado puede volver a pisar la calle con un permiso de segundo grado ocho años después de dictarse la sentencia.

El pasado año, un parricida en Sueca -Valencia- fue condenado a esta pena máxima.

Iris Malvido, psicóloga del Centro Penitenciario de León, explicó a medios del Grupo Vocento que «no se puede establecer un único perfil de personas condenadas a la pena de prisión permanente revisable». En Villahierro residen tres reclusos que cumplen esta pena. «Nos podemos encontrar internos condenados a esta pena que presentaron abusos de sustancias tóxicas o un trastorno mental grave, y otros en los no se da ninguna de estas dos variables. Su tipología varía desde delitos dentro del ámbito familiar hasta la violencia de género, lo que dificulta aún más el establecimiento de rasgos psicológicos comunes».

Sin embargo, estos asesinos sí tienen un gran rasgo en común: la justificación para el uso de la violencia. «Consideran que el daño que producen está justificado o no es tanto como los demás dicen», expuso. Una excusa que también deslizó el acusado del parricidio de La Sota de Valderrueda en su turno de última palabra, asegurando que «por muchos que digan los informes, no fue para tanto». Y también comparte perfil con otras de las exposiciones que hizo Malvido sobre los internos que tienen esta condena: los autores de estos atroces delitos de sangre suelen desarrollar artes de manipulación con cierto «encanto superficial». Miguel Ángel ironizó sobre «salir guapo» en las imágenes de los medios, sonrió ante las cámaras y ha estado mirando de forma directa a los objetivos que tomaron su rostro en la primera sesión.

El tercer denominador común en la mente de estos asesinos es la falta de remordimiento real. «Hay una negación absoluta del sentimiento de culpa e incluso pueden aludir que la culpa la tiene la propia víctima», diagnostica Antonio Andrés Pueyo, catedrático en Psicología Forense y Criminal de la Universidad de Barcelona. En este caso, Miguel Ángel no ha señalado a otras personas y ha reconocido los hechos, además de aseverar que esa pena «pesará sobre él toda la vida» y, en palabras de su letrado, «él también ha perdido a un padre».

«En estas personas es habitual la justificación y la presencia de diferentes mecanismos de defensa, como la proyección de la responsabilidad hacia la víctima u otras personas, la minimización de los hechos delictivos o incluso la negación», apunta también Pueyo. El juicio en León ha contado con dicha defensa por parte del acusado, rechazando que tuviera intención de matar, a pesar de la brutal paliza y el ensañamiento que obligó a intervenir a su hermano y varios vecinos para separarle de su padre, porque «en una cocina podía haber utilizado cualquier otro objeto», hecho que, sin embargo, ha sido utilizado por la acusación para exponer que el interés del agresor era que la víctima sufriera.

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