Lanzan un crowdfunding para parar el macrovertedero de San Justo de la Vega
La plataforma que defiende la gestión eficaz de residuos asegura que esta instalación será «una de las más grandes de España» y «pone en peligro la salud y el medio ambiente»
La Asociación Plataforma por una gestión de residuos transparente y sostenible (PGR) ha iniciado una batalla legal urgente contra la Junta de Castilla y León para detener la instalación del Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega, un proyecto que se pretende consolidar como uno de los macrovertederos de residuos peligrosos más grandes de España.
Esta iniciativa privada, impulsada por la empresa Valorización Verde SA, propiedad del empresario Macario Fernández, amenaza, según explica la plataforma, con convertir a León en «el destino de residuos industriales procedentes de fuera de la comunidad, con una capacidad proyectada de más de 55.000 toneladas de residuos peligrosos al año y un tamaño total de 140 hectáreas».
Denuncian que esta instalación «afectará a toda la provincia de León y, en especial, a las comarcas cercanas a la localidad de San Justo de la Vega (Maragatería, Órbigo o Vega del Tuerto)», existiendo un «claro riesgo de contaminar acuíferos y a la cuenta del río Órbigo».
Para frenar su instalación, la plataforma ha presentado en Valladolid una demanda como mecanismo judicial. Con el fin de financiar esta defensa, han lanzado una campaña de crowdfunding con un objetivo inicial de recaudar 2.500 euros con los que cubrir los costos judiciales e informes periciales independientes con los que sustentar la demanda. En el primer día la recaudación han conseguido un gran apoyo y ya están cerca de llegar al mínimo que se han marcado.
Hablan de «atentado contra el medio ambiente y la salud»
La Junta de Castilla y León, liderada en esta área por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Juan Carlos Suárez Quiñones, ha declarado el proyecto de interés autonómico, «a pesar de la existencia de informes técnicos negativos», explica la plataforma. Esta declaración «busca facilitar la expropiación y eludir la oposición local y es el único permiso con el que cuenta la instalación».
La Plataforma considera que aún se puede parar este proyecto que no tiene ningún permiso más a su favor y que «constituye un atentado contra el medio ambiente, la salud pública y una amenaza para los pueblos».
