El informe de psiquiatría de la reina de la burundanga revela dos trastornos: «Uno de personalidad y otro de control de impulsos»

La tercera sesión del juicio contra Natalia Torices, conocida como la reina de la burundanga, ha comenzado este miércoles 21 de mayo en la Audiencia Provincial de León con nuevas declaraciones clave. La jornada ha arrancado a las 10:00 horas, con varios testigos que han profundizado en los hechos que rodearon a uno de los episodios del caso: la intoxicación de una joven identificada como B.

El primer testigo en declarar fue J.R., amigo del fallecido J.A., quien había prestado 10.000 euros a Natalia. Aseguró que no la conocía personalmente, solo de oídas. Explicó que J.A. le pidió ese dinero asegurando que era para un tratamiento médico que Natalia debía recibir en Pamplona. Según relató, el acuerdo era que si Natalia no lo devolvía, lo haría el propio J.A., y así fue. Negó en todo momento que se le mencionara el póker como motivo del préstamo.

Después declaró J.M.A., padre de B., quien detalló con precisión los hechos vividos el 2 de enero de 2019. Explicó que recibió una llamada de Natalia informando que su hija estaba ingresada por una intoxicación. Al llegar al hospital, su hija no le reconocía. Junto a su yerno, comprobaron que faltaban dos tarjetas bancarias y el DNI. Natalia, que estaba presente, no ofreció explicaciones claras. Alegó al volver que una tarjeta estaba en su casa y otra en el banco. Durante el tiempo en que se ausentó para «buscar» los documentos, se realizaron dos transferencias de 600 euros desde la cuenta de B. El dinero nunca fue devuelto. También relató que su hija volvió a requerir tratamiento psiquiátrico debido al trauma y que, aún hoy, sufre episodios de ansiedad relacionados con lo vivido.

La siguiente en declarar la madre de B., quien conoce a Natalia desde que era una niña. Relató que ese mismo día recibió una llamada de Natalia alertando de un supuesto ataque de ansiedad de su hija. En el hospital, B. no la reconocía. Coincidiendo con el testimonio del padre, aseguró que Natalia se ausentó con la excusa de recuperar los documentos desaparecidos. En ese intervalo se produjeron las transferencias bancarias. Más tarde, Natalia alegó que el dinero fue un regalo que B. le había pedido para comprar algo a su pareja, algo que la familia desmintió.

D.C. añadió que Natalia llegó a enviar pantallazos con una supuesta transferencia de 1.300 euros, que nunca llegó a ingresarse. Confirmó que su hija, que en aquel momento estaba estabilizada, sufrió un retroceso emocional importante tras el incidente. En julio de 2019, volvió al tratamiento psiquiátrico con síntomas relacionados con el trauma: desconfianza, miedo a que le volvieran a manipular la bebida, y un temor persistente a revivir la situación. «Pasaba mucho tiempo en mi casa, la acogimos como una más. Confiaba plenamente en ella», aseguró. Natalia también le había contado que ganó medio millón de euros jugando al póker, pero nunca mencionó estar enferma ni tener cáncer.

El juicio continuó con el testimonio pericial de E.C.M., psiquiatra de B., quien confirmó que atendió a la paciente el 9 de enero de 2019, al día siguiente de salir del hospital. Detalló que B. había sido dada de alta previamente, en 2018, y que su reingreso se produjo exclusivamente por los efectos del episodio sufrido. Diagnosticó un trastorno de estrés postraumático, una respuesta clínica grave a un hecho excepcional, como una intoxicación o envenenamiento. «No son síntomas de una ansiedad común. Se reviven los hechos, se evitan personas y lugares, y se intensifica la depresión», explicó.

La psiquiatra también señaló que la escopolamina, sustancia que presuntamente usó Natalia, actúa como un inhibidor nervioso que paraliza los músculos y anula la voluntad, lo que agrava las secuelas psicológicas de quien la sufre.

La sesión continuó con la declaración de dos testigos peritos que aportaron información técnica sobre el estado mental y funcional de Natalia Torices, a raíz de los informes elaborados en distintos momentos del proceso clínico y judicial.

La primera en intervenir fue una psicóloga responsable del informe que le otorgó a la acusada un grado de discapacidad del 65% en diciembre de 2022. Según explicó ante el tribunal, la evaluación se basó en una entrevista directa con Natalia y su madre, así como en informes clínicos previos, incluyendo el de un psiquiatra. En su testimonio, indicó que no se le mencionó en ningún momento que Natalia tuviera cáncer.

El diagnóstico en el informe destaca dificultades significativas en la vida diaria, especialmente en las relaciones sociales y el control de impulsos. Estas limitaciones, según la psicóloga, afectan al desempeño cotidiano y justifican la valoración de discapacidad. Añadió que el informe clínico ya incluía referencias a una posible adicción al juego, aunque ella misma no tenía constancia directa de ello en el momento de la evaluación.

«Recuerdo que la ludopatía le llevó a tomar decisiones poco adecuadas para ella», explicó. También aseguró que el trastorno de control de impulsos fue uno de los elementos clave en la valoración, aunque se tuvo en cuenta toda la historia clínica disponible.

La segunda intervención técnica fue la del doctor médico psiquiatra, quien conoció a Natalia como paciente desde enero de 2020, con posteriores consultas, la última de ellas fechada el 27 de enero de 2025. Indicó que Natalia fue diagnosticada con dos trastornos: uno de personalidad y otro de control de impulsos. Según su criterio, el primero tiene un mayor impacto en la conducta y la toma de decisiones, mientras que el segundo genera comportamientos como gastos compulsivos, consumo de tóxicos o conductas desmedidas como el juego excesivo.

El psiquiatra explicó que el consumo de sustancias comenzó, según la propia Natalia, alrededor de 2022, siendo la cocaína una de las principales. No obstante, aclaró que no hay analíticas médicas previas que lo confirmen, ya que los datos proceden únicamente de su relato. También señaló que, aunque en su historial no hay constancia formal de ludopatía, Natalia mencionó puntualmente el juego como una actividad que había realizado, aunque sin indicios claros de adicción.

Ante la progresión de sus síntomas, Natalia fue derivada a un centro de tratamiento en Salamanca, donde estuvo ingresada durante un mes de forma voluntaria. Allí se ratificó el diagnóstico de trastorno de personalidad asociado al consumo de sustancias, lo que, en opinión del psiquiatra, contribuye a su conducta impulsiva.

«Yo no diría que tiene una adicción al juego porque no he podido constatarlo clínicamente», concluyó, aunque no descartó que esa conducta haya existido de forma puntual o sin un seguimiento terapéutico específico.

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