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Protesta de los trabajadores de Abai frente a la subdelegación del Gobierno en León el 24 de abril. A.P.C.

Abai se reafirma y no hay acuerdo sobre el «traslado forzoso» de 55 trabajadores de León a Barcelona

Las negociaciones se rompen sin ningún avance días después de unas jornadas de huelga en las que el Comité de Empresa avanzó que no van «a permitir que se consuma un ERE económico encubierto»

Miércoles, 30 de abril 2025, 16:52

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El Comité de Empresa de Abai Business Solutions en León formado por UGT, CGT, USO y CCOO han informado que «tras los intentos de negociación mantenidos con la dirección de la empresa, no se ha alcanzado ningún acuerdo respecto a la medida de movilidad geográfica que pretende trasladar a 55 trabajadores y trabajadoras a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)».

Los representantes de los empleados consideran «que esta decisión empresarial -anunciada en febrero- no responde a una necesidad real, sino que se trata de un despido encubierto bajo la forma de traslado forzoso, una medida que solo busca destruir empleo en León de la forma más dolorosa para los trabajadores: forzándolos a dejar voluntariamente sus puestos de trabajo ante la imposibilidad de asumir el traslado«.

Como han recordado en manifestaciones previas: «A pesar de que la empresa afirma que esta decisión responde a una supuesta centralización por parte del cliente Endesa, no ha aportado ninguna documentación oficial que lo acredite; es más, en el pliego de contratación tan solo prioriza que haya un centro ubicado en Cataluña, pero sin perjuicio de otros centros a nivel nacional».

La presidenta del Comité de Empresa, Mariela Blanco (UGT) afirma: «Es importante subrayar que la mayoría de los trabajadores afectados ya figuran dados de alta en la Seguridad Social como personal de Barcelona desde hace un año, prestando servicios en modalidad de teletrabajo al cien por cien. Por tanto, la excusa de la ubicación física carece de fundamento en un contexto en el que las tecnologías permiten trabajar desde cualquier lugar.»

Ante esta situación, el Comité de Empresa ha decidido interponer una demanda -el viernes 2 de mayo ya lo estudiarán los servicios jurídicos de UGT- ante los tribunales, solicitando además medidas cautelares para intentar paralizar la ejecución de esta medida mientras se resuelve judicialmente: «No vamos a permitir que se consuma un ERE económico encubierto que condene al cierre progresivo del centro de León. El Juzgado deberá decidir si debemos abandonar nuestros puestos, no una imposición empresarial sin base».

Si el pulso judicial o las medidas cautelares no surten efectos «el uno de julio tendrían que ir los trabajadores multilingües, y el uno de junio los que sólo hablan español, a su nuevo puesto de trabajo en Barcelona. Si no aceptamos el traslado forzoso nos ofrecen 29 días por año trabajado y doce años como máximo, con trabajadores que como mínimo llevan quince años prestando servicio, hasta 22 como es mi caso», finaliza Mariela Blanco.

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