Unión sindical entre León y Asturias contra el «ilegal, injusto y abusivo» peaje de la AP-66
Comisiones Obreras de ambos territorios piden la implicación de los agentes políticos, económicos y sociales para su supresión
Delegaciones de Comisiones Obreras de León y Asturias, con sus máximos responsables, Elena Blasco y José Manuel Zapico, a la cabeza comparecieron este miércoles en Oviedo para rechazar conjuntamente el peaje de la autopista de la AP-66 que conecta ambos territorios que tildaron de «ilegal, injusto y lesivo» y apelaron a la unidad de ambos territorios para logran su supresión.
«Desde Comisiones Obreras estamos en disposición de contribuir a canalizar el descontento del pueblo asturiano y leonés. Tenemos la legitimidad para servir de altavoz al clamor que resonó en la histórica manifestación del pasado 17 de octubre. Una sociedad unida y sin fisuras, por la igualdad y contra la discriminación», señalaron y apelaron también a la unidad de los agentes políticos, económicos y sociales.
Hay meses por delante, apuntaron, para demostrar que la voluntad política puede terminar con «un agravio que discrimina frente al resto de comunidades autónomas» y ven fundamental la unidad popular, la reivindicación política y la movilización social, «respetando en todo momento en ese transito los derechos de la plantilla de la empresa matriz».
El peaje de la AP-66, remarcaron es «una barrera física, el símbolo de la indiferencia hacia estas regiones y, por lo tanto, el símbolo de una lucha para remover los obstáculos que impiden el desarrollo económico, social y territorial de León y de Asturies».
Exigen soluciones al gobierno central
Este 2025 Bruselas, a través de un dictamen de la Comisión Europea, confirmó que considera la prórroga del peaje acordada en el año 2000 contraria a derecho, al haber sido adjudicada arbitrariamente a Aucalsa. Lo más probable, afirman, es que la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ratifique el «fundado y consolidado» dictamen de la Comisión, pero el Gobierno central se empeña en retrasar la supresión definitiva del peaje hasta que el tribunal europeo se pronuncie.
El Gobierno central, recalcan, dispone de fórmulas legales y financieras para suprimir el peaje; su absorción directa, una renegociación de la concesión, su rescisión en base al interés público o una bonificación inmediata del cien por cien del importe para todas las personas usuarias, mientras se completan concesión. Se han adoptado medidas similares en otros casos en los que el Estado ha asumido la gestión y ha liberado a la ciudadanía de su pago. «No se puede consentir que solo puedan circular por nuestra principal conexión por carretera aquellas economías más pudientes mientras las demás deben exponerse a alargar de manera innecesaria los tiempos», subrayan.
Del argayo al peaje de la AP-9 de Galicia
Lamentan también que ni siquiera durante las obras del argayo que hace justo ahora un año se desplomó sobre la autopista la empresa concesionaria, Aucalsa, dejase de cobrar a sus usuarios y tampoco durante las actuales obras de los túneles. Comisiones Obreras fue la primera organización que exigió su supresión mientras durara la reparación y la circulación no fuera fluida y normalizada.
CCOO recuerda que el Tribunal Supremo ha condenado a la empresa concesionaria de la AP-9 en Galicia a devolver los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande entre el año 2015 y el 2018. Según esa sentencia, cuando se limita el servicio por un «cumplimiento defectuoso del empresario» el usuario de esa autopista «tiene derecho a una rebaja del precio». La unión de consumidores (UCE) preparan ya acciones judiciales para reclamar que se aplique esa misma doctrina al caso de la autopista asturleonesa.
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