Los dueños de la mina de Cerredo dieron permiso a Asturias para lanzar una obra millonaria financiada por la UE

A medida que avanza la investigación sorbe el trágico accidente minero que se cobró la vida de cinco leoneses en Cerredo, Asturias, el pasado 30 de marzo, los detalles sobre la situación de la empresa que gestionaba la mina así como el estado general de los permisos para estas explotaciones siguen saliendo a la luz.

En el foco, la familia a la que pertenece el yacimiento ubicado en Degaña capitaneada por Jesús Rodríguez Morán (conocido como 'Chus Mirantes') y sobre el Servicio de Minas del Principado. Entre los detalles ya conocidos, un accidente mortal en 2022, una multa, y el traspaso de una empresa de la familia (Combayl) a otra (Blue Solving) que ahora centra las investigaciones.

Según adelante el diario El Comercio, este cambio en las empresas facilitó que el grupo empresarial se hiciera con dos ayudas de 1,5 millones del Instituto para la Transición Justa (ITJ) para levantar sendas naves de procesado y que en 33 días concedió un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para extraer 60.000 toneladas de carbón sin someterlo a consulta pública.

Entre junio y septiembre de 2021 el ITJ firmó el convenio para surtir al Principado de ayudas para restaurar el cielo abierto de Cerredo, y la consejería encargaba a Tragsa el proyecto. En ese momento las unidades productivas eran de Compañía Minera Astur Leonesa, por entonces en proceso de liquidación. En consecuencia la rehabilitación se diseñó a mayores, cubriendo 660 hectáreas, aprovechando 27 millones de los que el 87,4% llegan por el Plan de Recuperación que financia la UE.

Según explica el diario El Comercio, fue por entonces la familia quien pujó por los derechos mineros de Combayl, que en 2022 la consejería dio por buenos firmando la escritura pero fijando unas condiciones, como que todos los trabajos fueran «compatibles» con la restauración ambiental y que «afectará tanto al cielo abierto como a la unidad subterránea, por existir una íntima relación geominera entre ambas». Es una frase que, depende de cómo la interprete la consejería, puede dejar a Combayl sin opciones de entrar en los pisos interiores de la mina.

El Grupo Cerredo tiene 660 hectáreas. Mucho terreno donde es en ocasiones difícil deslindar de quién es qué. Gracias a esa buena voluntad de Combayl los camiones y operarios subcontratados por Tragsa pueden utilizar los caminos y espacios de la sociedad, sin impedimentos ni cortapisas, agilizando una restauración financiada por la UE a cambio de completarla antes de junio de 2026.

En un principio Combayl solo tiene permiso para retirar acopios y maquinaria del exterior de la mina, pero quiere más. Un mes después de que empiece a trabajar Tragsa, el director facultativo de Combayl ya adelanta al actuario de Minas que pretende solicitar un PIC para extraer material del interior de la mina.

Dos meses después, en agosto, ocurre el anterior accidente mortal. Un operario muere y otro pierde la pierna al descender de la montaña con un 'dumper' cargado al que le fallan los frenos. El siniestro evidencia que Combayl estaba ya extrayendo carbón sin permiso para ello; Minas salda esa ilegalidad con una multa muy limitada, 20.000 euros que la sociedad rebaja gracias al pronto pago. Todo ayuda a avanzar.

Pese al suceso, la consejería irá autorizando a Combayl primero a retomar los trabajos para recuperar chatarra en el exterior, luego a adentrarse en la mina para hacer lo propio. Ya bajo el nombre de Blue Solving le aprueba el PIC de 60.000 toneladas.

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