La Comisión Europea revisa la legalidad de las actuales bonificaciones a camiones en la AP-66

El 1 de enero la AP-66 se convirtió en un caso excepcional que ha llamado la atención de la Comisión Europea. Las tarifas a vehículos ligeros se encarecieron, mientras que el Ministerio de Transportes amplió la rebaja que financia al transporte pesado. Ese doble movimiento provoca que las motos y coches paguen ya más que los autobuses y camiones. No hay ninguna otra autopista de concesión estatal donde ocurra igual.

En el recorrido completo y como recoge el diario EL COMERCIO, de Campomanes a La Magdalena, la subida a ligeros fue de 60 céntimos, elevando la tarifa a 15,6 euros. Del lado de los pesados el ministerio cumplió su palabra; hasta 2024 cubría una bonificación del 40% sobre la tarifa teórica y desde este año la ha mejorado al 60%, medida de la que se benefician unos 1.400 vehículos al día. El recibo a pesados de tipo II –camiones y autocares de dos y tres ejes– se redujo en 4,25 euros, quedando en 11,3 euros. Para pesados de tipo III –de cuatro y más ejes– la rebaja fue de 6,45 euros respecto al precio anterior, situándose en 14,5 euros el recibo.

Que una moto eléctrica, con pegatina de cero emisiones, pague más que un megatrailer de tracción diesel no ocurre en ninguna de las otras 17 autopistas estatales. Dentro del ámbito de las de titularidad autonómica hay un precedente, la AP-15 navarra, donde también los pesados pagan menos que los ligeros.

La situación extraña a la Comisión Europea. Tras saber del caso, el Ejecutivo comunitario tiene un primer diagnóstico: «Parece que los descuentos otorgados a los vehículos pesados por las autoridades españolas pueden ser superiores a los que permite la Directiva Euroviñeta».

Esta normativa fue aprobada en 2022 y –según recuerdan desde la Comisión– «establece normas sobre los niveles de peaje impuestos a los vehículos pesados de acuerdo con el principio de recuperación de los costes de infraestructura». Fija un sistema de cálculo de tarifas con el que «los ingresos por peajes cubran los costes de infraestructura sin excederlos». El articulado admite excepciones de forma que «los Estados miembros tienen la flexibilidad de recuperar solo una parte de dichos costes si así lo desean», matizan desde Bruselas.

La norma, eso sí, fija un tope a las bonificaciones. «Específicamente en su artículo 7 (i) establece que los descuentos no pueden exceder el 13 % y deben reflejar los ahorros reales en los costes administrativos», subrayan desde la Comisión. El precepto aludido especifica que «las reducciones no excederán el 13 % de la tasa por infraestructura abonada por los vehículos equivalentes sin derecho al descuento o a la reducción». Es decir, el límite a la bonificación lo marca el precio que pagan los conductores que quedan sin la rebaja.

En su respuesta por escrito a EL COMERCIO, la Comisión subraya que la directiva no regula las tarifas a los turismos y motos, y que «el mero hecho de que los peajes para vehículos ligeros sean más altos que los de los vehículos pesados no constituye, en sí mismo, una violación de la Directiva». Sin embargo sí tienen dudas de que la bonificación del 60% sea compatible con el límite máximo de la normativa europa. Por todo ello y «para garantizar el cumplimiento de las normas de la UE, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades nacionales pertinentes».

Preguntados al respecto, en el Ministerio de Transportes defienden las nuevas bonificaciones en el Huerna, aprobadas en respuesta al escándalo que se desató en Asturias cuando EL COMERCIO destapó ineficiencias en el sistema. Tal y como reveló este periódico en enero de 2024 en una serie de artículos, desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno central tiene aprobado un techo de gasto anual para los descuentos que queda lejos de aprovechar. El presupuesto sobrante se usa en otros fines.

Desde el departamento que rige Óscar Puente dicen que «el ministerio se ciñe al espíritu de la directiva en todas las decisiones que toma respecto a los peajes en España», incluidos los nuevos descuentos.

Se da la circunstancia de que el Gobierno tiene pendiente transponer a la normativa nacional la directiva Euroviñetas. El plazo para ello expiró el 25 de marzo. La Comisión remitió en diciembre un dictamen motivado otorgando dos meses de plazo para corregir la situación, algo que España sigue sin hacer. Eso da a Bruselas manos libres para denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE si las explicaciones remitidas desde Transportes no le convencen.

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