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La AP-66 es desde el 1 de enero aún más singular. Un cambio tarifario que entró en vigor ese día provoca que los vehículos ligeros paguen más que los pesados. Algo que desde Europa no se entiende.
El recorrido completo entre Campomanes y León se encareció 60 céntimos conforme al IPC, escalando así hasta los 15,6 euros. Por contra el Ministerio de Transportes que venía financiando el 40% de la tarifa del transporte pesado amplió la subvención hasta cubrir el 60%.
Gracias a ese esfuerzo los camiones y autocares de dos y tres ejes pagan ahora 11,3 euros, una rebaja de 4,25 euros respecto al tíquet que tenían hasta el 31 de diciembre. Los de cuatro o más ejes desembolsan 14,5 euros, lo que es 6,45 euros más barato que antes.
En consecuencia ahora una moto eléctrica con el distintivo de cero emisiones –el vehículo que menos contamina– paga en la AP-66 un peaje más caro del que abona un megatrailer cargado y con las máximas emisiones. Es la única autopista de concesión estatal donde se da esta situación.
En 2011 la Comisión Europea aprobó un Libro Blanco «hacia un espacio único europeo de transporte»; un pilar de esta hoja de ruta es avanzar en la idea de que «quien contamina paga». En base a esa política en 2022 el Parlamento Europeo dio luz verde a una directiva que modifica las reglas con las que se aplican gravámenes por el uso de infraestructuras., según informa El Comercio.
La directiva es amplia, compleja y llena de excepciones, pero entre sus novedades está plantear a los países que modifiquen su actual sistema de peajes. Hasta ahora los precios se calculan en base a lo que costó la infraestructura y la idea es ir a precios que también repercutan en el usuario los costes externos que genera su vehículo, en particular la contaminación y el ruido que provoca. Es un esquema que penaliza más al transporte pesado.
El 25 de marzo expiró el plazo que tenían los gobiernos nacionales para trasponer la directiva, sin que España fuera capaz de cumplir. En consecuencia la Comisión Europea anunció el 16 de diciembre que remitiría a España un dictamen motivado dando dos meses para que clarifique cuándo y cómo se transpondrá la directiva; si pasado ese tiempo no recibe respuesta amenaza con denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Desde el Ministerio de Transportes aseguran que esta controversia no afectará a la nueva política tarifaria del Huerna. El Real Decreto que traspondrá a la normativa nacional la directiva de la UE se está madurando de tal forma que «no supondrá cambios en las autopistas que tengan contratos en vigor», salvo en las que están bajo gestión directa de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (Seitt). En estas ya se ha empezado a reducir el descuento del que gozaban los usuarios con telepeaje para ir acercándose a los principios de la UE.
La idea con la que avanza el ministerio es aprobar, por imperativo de la UE, un sistema de precios que gradúe las tarifas en función de la contaminación de los vehículos pero que «sólo sería de aplicación obligatoria para los peajes futuros, no los que están ahora en vigor», insisten.
La inversión en infraestructuras de transporte se ha destinado en su mayor parte al ferrocarril, pero el ministerio también destinó 1.500 millones a las carreteras en 2024, según anunció el ministro. Por ello, Puente indicó que en España se necesita un «único sistema» para todos los ciudadanos: «No puede ser que en unos territorios haya peajes y en otros se circule gratis». En este sentido, señaló que lo justo sería poner fin a las concesiones pero que hay algunas prorrogadas hasta 2048 y que un cambio de modelo hacia el sistema de peaje o pago por uso debería ser «consensuado» porque es una «decisión estructural» que necesita de un gran acuerdo.
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