El PSOE pedirá este lunes una comisión de investigación si la Junta no entrega toda documentación de inspecciones y visitas a residencias privadas

El Grupo Parlamentario Socialista ha dado de plazo hasta mañana lunes para que la Junta de Castilla y León entregue los datos de las residencias privadas de personas mayores, con el desglose de todas las inspecciones y visitas que han realizado presencialmente los equipos covid durante la pandemia. De lo contrario, tal y como anunció la procuradora y coordinadora del área de Familia del PSOECyL, Nuria Rubio, registrará en las Cortes la propuesta de constitución de una comisión de investigación.

Durante la comparecencia a petición propia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes, el pasado 9 de octubre para presentar el informe 'Impacto del COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León y las actuaciones llevadas a cabo', la portavoz socialista aseguró que los grupos políticos y la ciudadanía deben saber, «de una vez por todas» lo que ha ocurrido en los centros de mayores de la comunidad durante la pandemia.

La consejera recalcó que «pese a sus amenazas y bravatas» no se va a saltar «lo que dicen los informes técnicos, tanto de la Consejería como del Ministerio o de protección de datos». En este sentido, recordó que los datos de las residencias privadas solo se pueden ofrecer con la autorización de las familias y los centros. «Yo no voy a prevaricar saltándome los informes técnicos y jurídicos, que nos gusten o no están para cumplirlos. Si una instancia superior nos dice que vayamos contra los informes jurídicos lo haré automáticamente, no tengo ningún interés en no facilitarlos», subrayó.

Rubio apuntó que «otras autonomías sí han facilitado los datos de las residencias privadas y parece que no hay procedimientos judiciales contra ellas». «El Procurador del Común nos dice que nos retrotraigamos en el expediente ante una queja o pregunta relazada, que demos nuevamente trámite de audiencia, y así se ha pedido autorización a los centros dos veces, y que a la vista de lo que se dicte en esa audiencia ponderemos dar o no dar los datos», aclaró Blanco antes de reconocer que le gustaría «que el Gobierno de España tuviera la misma transparencia».