El Comisionado de Transparencia apuesta por «repensar» la potestad sancionadora del órgano

El Comisionado de la Transparencia, Tomás Quintana, apostó este viernes en las Cortes por «repensar» la potestad sancionadora del órgano para hacer cumplir sus resoluciones entre las administraciones públicas que recoge el borrador de anteproyecto que prepara la Junta para que Castilla y León cuente con una nueva Ley de Transparencia.

Durante la presentación de la memoria del Comisionado de 2019 en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común del Parlamento autonómico, abogó por que la institución que preside tenga «fuerza coercitiva» para que las resoluciones adoptadas no sean meras recomendaciones y sugerencias, como ocurre con la labor de la figura que se asemeja al Defensor del Pueblo.

Tomás Quintana aseguró que una de las alegaciones del Comisionado al borrador expresaba las «dudas» del organismo sobre la «operatividad» del amplio dispositivo sancionador que prevé ante el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y del deber de informar.

Defendió que la actuación de carácter ejecutivo de la Comisión de Transparencia no debe ser solo desde el punto nominativo sino también real. «Y para eso, se necesitan mecanismos de coerción como las multas», aseveró. No en vano, consideró necesario «solucionar» la actual falta de ejecutividad real y la vinculatoriedad de las resoluciones dictadas con el ejercicio de una potestad sancionadora.

Durante su comparecencia, recordó que, a fecha del pasado 20 de julio, no se habían cumplido aún el 28 por ciento de las resoluciones adoptadas en 2019 así como una quinta parte de las aprobadas en 2018. «Por el abultado número de incumplimientos, abogamos por una reforma legislativa que permita la imposición de multas coercitivas como medio dirigido a garantizar la ejecución forzosa de nuestras resoluciones y terminar así con la contradicción que supone que las resoluciones de la Comisión participen de la naturaleza de los actos administrativos y sean, por tanto, ejecutivas, y que, en cambio, no se puedan hacer cumplir, debido a lo que consideramos una laguna legislativa«, sentenció.

En este sentido, reiteró que el borrador de anteproyecto de ley no recoge esa facultad, tal y como ha puesto de manifiesto el Comisionado en las alegaciones presentadas al texto. Además, precisó que la «otra cara» del cáracter vinculante de las resoluciones de la Comisión es la posibilidad de que sean impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Tomás Quintana precisó que en 2019 todas las sentencias judiciales dictadas ante la impugnación de sus resoluciones fueron desestimatorias frente a los recursos interpuestos. «Vienen a confirmar el criterio mantenido por la Comisión», apuntó con satisfacción.

El Comisionado destacó la necesidad de seguir avanzando hacia una mayor transparencia de la actividad pública, al mostrar su convencimiento que la transparencia depende, en gran medida, de la calidad democrática de las instituciones y, en general, del sistema político de convivencia. A su juicio, la legitimidad del ejercicio de la actuación de los poderes públicos también se basa en la rendición cuentas ante la ciudadanía y en la participación ciudadana en los asuntos públicos, para lo que es «básico» tener el mayor conocimiento de la gestión de esos temas.

Hizo una valoración del cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y acceso a la información, refiriéndose en primer lugar al «elevado» número de sujetos obligados en esta Comunidad por la normativa de transparencia, al ser más de 5.000, solo entre administraciones públicas. Algo que contrasta, según declaró, con la «ausencia» de mecanismos formales y de medios personales y materiales específicos para el desempeño de esta función.

Una situación que conlleva que el Comisionado pida la colaboración de las administraciones y entidades afectadas con la la cumplimentación de cuestionarios de autoevaluación que les remiten. Pese a recordar que existe una obligación legal de colaborar con el organismo que dirige, expuso que en 2019 solo tres de cada cinco respondió a esos documentos. Eso sí, dejó claro que la «práctica totalidad» de las entidades que conforman la administración autonómico colaboró.

La memoria del Comisionado de Transparencia del ejercicio pasado recoge que el número de reclamaciones en cuanto al ejercicio del derecho a la información aumentó ligeramente, al pasar de 314 a 325. Una tendencia que se mantuvo en los dos primeros meses y medio de 2020, hasta la declaración del estado de alarma por el coronavirus, ya que se habían presentado 107 reclamaciones, por lo que de haberse mantenido ese ritmo se habría llegado a las más de 500 a finales del año.

La Comisión dictó 216 resoluciones, de las cuales 114 fueron estimatorias y 52 se adoptaron por desaparición sobrevenida al haberse facilitado la información tras el inicio del procedimiento de reclamación.

El órgano constata que, con carácter general, las administraciones públicas y entidades de mayor tamaño cumplen en los aspectos cuantitativos para divulgar todos los contenidos exigidos por la ley. Eso sí, lamentó que se olvidan de lo cualitativo como la claridad, el acceso fácil, la reutilización o la accesibilidad para las personas con discapacidad.

Tomás Quintana valoró las mejoras «notables» introducidas en 2019 en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León aunque echó en falta más implicación de las entidades del sector público autonómico. Por el contrario, destacó el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de las universidades públicas de la Comunidad, en especial la de Valladolid (UVa). En cuanto a las fundaciones públicas, habló de una «gran heterogeneidad».

En relación con la administración local, el Comisionado constata dos realidades. Por un lado, un cumplimiento «aceptable» entre las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de mayor tamaño. Por otro, «extremadamente escasa» entre los pequeños ayuntamientos y las entidades locales menores.

Fue entonces cuando señaló que las alegaciones presentadas al borrador de antreproyecto, para sustituir la vigente Ley de Transparencia, ya hicieron mención a esta circunstancia. «Se pretende incluir dentro de su ámbito de aplicación a todas las entidades locales e incrementar de forma muy significativa el número de obligaciones de publicidad activa adicionales a las previstas en la Ley estatal», significó. Durante su comparecencia ante la Comisión, señaló que se llamó la atención sobre esta cuestión y la falta de previsión de «mecanismos específicos» que hagan posible el cumplimiento de esas obligaciones, más allá de la cooperación que puedan prestar las diputaciones a la entidades locales de menor tamaño conforme a la legislación de régimen local.

En cuanto a las necesidades nuevas que contempla el borrador para el Comisionado, Quintana apuntó que eso obligará a contar con más medios materiales y humanos desde el primer momento de su aprobación y no remitirse a un futuro «más o menos incierto», ya que se habla de seis meses.

Por otro lado, mencionó otra alegación al borrador que «cuestiona» la la novedosa previsión relativa a la mediación como cauce alternativo a la reclamación frente al incumplimiento del deber de informar que pesa sobre los entes públicos.

La comparecencia de Tomás Quintana también sirvió para conocer algunas cuestiones de la transparencia pública durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la covid-19.

Valoró la actuación desarrollada por la Junta, ya sea a través de sus portales de Gobierno Abierto y Datos Abiertos pero también al atender la petición del Procurador del Común de publicar los contratos realizados durante la situación de emergencia sanitaria.