Un juez instó a la policía a proteger a los niños de Godella horas antes de los crímenes

Un grupo de agentes rastrea un campo abandonado durante el dispositivo de búsqueda de los niños. /MANUEL MOLINES
Un grupo de agentes rastrea un campo abandonado durante el dispositivo de búsqueda de los niños. / MANUEL MOLINES

La abuela de los menores se entrevistó con el magistrado varios minutos en Valencia para exponerle sus temores y presentó una denuncia

JAVIER MARTÍNEZValencia

¿Podría haberse evitado la tragedia de Godella? ¿Falló el protocolo de protección de una joven que había insinuado que se iba a suicidar? Los datos que trascienden de la investigación judicial indican que las vidas de Amiel e Ixchel, los niños asesinados presuntamente por su madre, corrían riesgo pese a que no existía ninguna denuncia por maltrato contra los padres. Consciente de este peligro, pocas horas antes de los crímenes, la abuela materna de los menores, Noemí M., acudió al juzgado de guardia de Valencia para denunciar la situación de desamparo en la que encontraban sus nietos.

La mujer adujo como principales motivos de su preocupación los problemas psicológicos y el extraño comportamiento de su hija y madre de los niños, María G. M., que le había enviado dos días antes un mensaje de Whatsapp en el que insinuaba que iba a quitarse la vida. Según confirmaron ayer fuentes judiciales, la abuela se entrevistó con el magistrado durante unos minutos para exponerle sus temores y presentó la correspondiente denuncia en la tarde del pasado 13 de marzo en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Tras escuchar las explicaciones de la mujer y conocer algunas vicisitudes del caso, el juez de guardia inició unas diligencias previas y remitió esa misma tarde por fax la denuncia a la comisaría de la Policía Nacional de Burjassot-Godella, junto con un oficio que instaba a adoptar «las medidas oportunas en relación con la situación de los menores» como medida preventiva para protegerlos.

Tres cuerpos policiales fueron requeridos para velar por los pequeños tras los avisos

Pocas horas después de que la abuela de los niños presentara la denuncia, María mató a golpes a sus dos hijos, presuntamente, y los enterró en sendas fosas junto a la casa que ocupaban de forma ilegal en Godella. La escena del crimen se encuentra dentro de la demarcación de la Guardia Civil, por lo que el Grupo de Homicidios del instituto armado y el juez de guardia de Paterna se hicieron cargo de la investigación del doble infanticidio.

El doble asesinato

Causas de las muertes. Los dos niños murieron en la madrugada del 14 de marzo por fracturas y traumatismos craneales.

Hallazgo de los cadáveres. La madre indicó a la Guardia Civil dónde había enterrado los cadáveres junto a la casa de campo.

Detención. El Grupo de Homicidios detuvo a los padres como presuntos autores de los crímenes y ambos ingresaron en la cárcel.

Además de enviar la denuncia con prontitud a la comisaría de Burjassot, el juzgado de guardia de Valencia remitió también las diligencias previas al Decanato de los Juzgados de Paterna al haber ocurrido los hechos que relataba la mujer en su competencia territorial.

Según informaron las mismas fuentes judiciales, las divisiones territoriales entre la Policía Nacional y la Guardia Civil son fijadas con precisión en las juntas locales de seguridad para aunar esfuerzos y mejorar la coordinación tanto en la prevención como en la investigación de delitos. En el caso de la localidad de Godella, el casco urbano y parte del polígono industrial es demarcación de la Policía Nacional, mientras que la Guardia Civil se hace cargo de la vigilancia en el resto del término. La Policía Local patrulla por todo el municipio y apoya a los dos institutos armados, aunque «no existen límites territoriales cuando actuamos en un suceso grave o montamos un dispositivo de búsqueda, como el día de la desaparición de los niños», explica un policía.

En el caso de los menores de Godella, los tres cuerpos policiales fueron requeridos en pocas semanas para que intervinieran tras diferentes incidentes protagonizados por la madre de los niños y denunciados por la abuela. Además del oficio que recibió por fax la Policía Nacional de Burjassot para que adoptara «las medidas oportunas en relación con la situación de los menores», una patrulla de la Policía Local de Godella acudió el 11 de marzo, tres días antes de la desaparición de los niños, a la casa de campo ocupada por la joven pareja y sus hijos.

El magistrado envió un fax a una comisaría para que la policía adoptara «las medidas oportunas»

Otra vez la abuela dio la voz de alarma tras recibir en su móvil un inquietante mensaje de Whatsapp que le envió su hija: «Me voy a reunir con el Creador». La mujer alertó de inmediato a la Policía Local y se trasladó con su pareja en un coche a la vivienda. Los agentes llegaron al mismo tiempo. María salió con el bebé en brazos y su marido explicó a los agentes que su mujer y su suegra estaban enfadadas y que el mensaje debía responder a un intento de su pareja por «picar» a su madre. La joven manifestó a los policías que estaba bien y les pidió que se marcharan.

Tres semanas antes de los asesinatos, María se llevó a sus dos hijos y durante unas horas estuvo con ellos en paradero desconocido. Como ya informó LAS PROVINCIAS, Noemí avisó a la Guardia Civil y a la Policía Local porque temía que su hija pudiera suicidarse, algo que no sucedió aquella noche.

Un fallo colectivo

El 13 de marzo, el Teléfono del Menor contactó con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Godella para poner en conocimiento una información facilitada de nuevo por la abuela de los menores. Tras pedir información al centro de salud de Godella y al colegio público de Rocafort donde estaba matriculado el mayor de los niños, una trabajadora de los Servicios Sociales contactó también con Noemí y abrió un expediente por el posible desamparo de Amiel e Ixchel. Era la cuarta vez en pocas semanas que la abuela de los menores pedía ayuda para proteger a sus nietos. Horas después, los niños murieron de madrugada por los golpes que les propinó su madre, según las investigaciones.

Tras la gran conmoción por los asesinatos, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia afirmó que no existen los protocolos «de riesgo cero», por lo que hubo «un fallo colectivo» en la protección de los dos hermanos de cuatro meses y tres años de edad, es decir tanto de los servicios sociales como de los sanitarios, educativos y judiciales, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o del vecindario.

Mientras algunos de los profesionales que actuaron en este caso se preguntan si la tragedia se podría haber evitado, la abuela de los niños, la persona que más luchó para salvaguardar a Amiel e Ixchel, mantiene un respetuoso silencio.

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