La juez de los ERE, en el ojo del huracán

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla e instructora de los casos de corrupción, María Núñez Bolaños./R. C.
La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla e instructora de los casos de corrupción, María Núñez Bolaños. / R. C.

La Fiscalía busca apartar a Núñez Bolaños por «ralentizar» varias causas de corrupción que afectan al PSOE

CECILIA CUERDOSevilla

Un maleficio parece haberse adueñado del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, epicentro de las mayores investigaciones contra la supuesta corrupción del PSOE en los 37 años al frente de la Junta. Los crudos enfrentamientos con el ejecutivo socialista, abogados y fiscales protagonizados por Mercedes Alaya, que cuestionó incluso a sus compañeros de Sala, han subido de nivel esta semana tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción a su sucesora, María Núñez Bolaños.

Los fiscales de Sevilla, con la aquiescencia del jefe Alejandro Luzón, le acusan de una falta muy grave o grave de «desatención o retraso injustificado» en la tramitación de tres macrocausas que afectan a los socialistas, alimentando la teoría de sus detractores acerca de que Núñez sustituyó a Alaya precisamente para frenar estos escándalos.

La olla a presión que es el juzgado y la muerte de un familiar parecen haber hecho mella en la juez, que pidió una baja médica justo antes de que los fiscales, con los que ha tenido varios encontronazos, elevaran una queja por su actuación. La misma denuncia que Anticorrupción ha remitido ahora al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acusándola de «desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia».

De 53 años, casada con un forense psiquiátrico y sin hijos, con fuerte carácter y tesón por sacar adelante los casos más complejos, según dicen quienes la conocen, su carrera laboral se centró en el derecho de familia. Curiosamente, fue una de los escasos apoyos del juez en excedencia y líder de Vox Andalucía Francisco Serrano tras su inhabilitación.

 Su llegada a Instrucción 6 en 2015 fue de todo menos tranquila. En un juzgado fuertemente tensionado por las connotaciones políticas de sus causas, si Alaya era considerada el ariete del PP para sacar a la luz las irregularidades y redes clientelares instauradas por el PSOE en sus años al frente de la Junta de Andalucía, Núñez aparecía como el brazo socialista para frenar esos casos. Una imagen diabólica para la Justicia.

 La propia Alaya puso en bandeja esas críticas a los detractores de Núñez. Al no lograr su aspiración de promocionar a la Audiencia Provincial de Sevilla y continuar, vía comisión de servicio, en el juzgado para finalizar las macrocausas que inició en 2010, la anterior instructora se descolgó con un duro escrito al CGPJ contra su sucesora: carecía del «rigor» y la preparación necesaria al provenir de un juzgado de familia. Y tenía, añadió, lazos de amistad que unían a Núñez y su esposo con el entonces consejero andaluz de Justicia, el fiscal en excedencia Emilio de Llera, pareja de una diputada socialista.

Cursos de formación

Recién aterrizada, Núñez dividió el caso de los ERE en tantas piezas separadas como ayudas se dieron, como pedían la Audiencia y la Fiscalía y que ha provocado un maremágnun de documentación. Con el plácet del Ministerio Publico, archivó el caso de la formación para el empleo, llamado a ser un escándalo mayor de la administración socialista por el volumen de las subvenciones para cursos de formación para el empleo y que el PP logró reabrir como parte hace escasos días.

Pero a partir de ahí, fiscal y juez alejaron posiciones en las otras macrocausas, como las juergas con dinero público en prostíbulos pagadas con tarjetas de una fundación para formar a parados (Faffe), o el llamado 'caso Avales', sobre los préstamos para empresas en crisis que se concedieron supuestamente de forma arbitraria y que la juez archivó al no apreciar indicios de delito.

La instrucción de estos casos se ha convertido en una guerra de trincheras, con fuertes connotaciones ideológicas y presiones cruzadas. Los fiscales hablan de riesgo de prescripción y «desimputaciones masivas», mientras que los abogados defensores califican de «desatino» la queja de Anticorrupción en el CGPJ.

Lamentan que se trata de juicios de valor «gravemente ofensivos y que arrojan una duda explícita sobre la «probidad profesional» de la juez. Y no es la primera vez que ocurren, dicen, afeando una «insidiosa campaña de desprestigio» a través de determinados medios de comunicación con el objeto de «crear un estado de opinión sobre su ausencia de imparcialidad».

Un aspecto rebatido por la propia Audiencia de Sevilla esta misma semana en su auto de reapertura del caso de los cursos de formación, ya que pese a las continuas acusaciones del PP -acusación popular en el proceso- no encuentra parcialidad en las decisiones de Núñez Bolaños.

La sentencia de Chaves y Griñán, en otoño

El otoño llegará a Andalucía con la sentencia del mayor escándalo de corrupción conocido en Andalucía y que durante un año sentó en el banquillo a dos expresidentes autonómicos socialistas, el otrora todopoderoso Manuel Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán, y otros 19 ex altos cargos de sus gobiernos, a los que se acusa de poner en marcha un sistema «opaco» para conceder ayudas sin ningún control durante una década.

Para acelerar el fallo, que algunas fuentes judiciales prevén incluso a finales de año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha dudado en eximir a dos de las ponentes de otros asuntos para que se centren en «la deliberación y redacción de la macrocausa de especial complejidad y antigüedad de la pieza política de los ERE», según la resolución de la Sala de Gobierno del alto tribunal. Y es que a la complejidad de la materia que deben analizar se suma la revisión de una ingente cantidad de documentación pericial y los testimonios acumulados durante 152 sesiones del juicio oral.