El secesionismo arremete contra la justicia y promete batalla por el 30-M
La Fiscalía se muestra partidaria de mantener las elecciones el 14-F, mientras Aragonès llama a la «responsabilidad» al TSJC
Cristian reino
Barcelona
Miércoles, 20 de enero 2021, 11:21
La tensión política va en aumento en Cataluña, a la espera de la decisión del TSJC sobre la fecha de las elecciones autonómicas. Esa tensión se trasladó este miércoles a la Cámara catalana, escenario de un combate entre los partidos catalanes, sobre todo entre los independentistas y el PSC, que se intercambiaron graves acusaciones.
El secesionismo elevó el tono y cargó con todo contra la justicia, en vísperas de que el Alto Tribunal catalán resuelva, entre este jueves y viernes, si mantiene las medidas cautelares y sigue vigente la convocatoria de las elecciones del 14 de febrero. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, compareció por sorpresa en el Parlament, donde presionó y llamó a la «responsabilidad» al TSJC. A su juicio, las urnas deberían ponerse el 30 de mayo, por cuestiones sanitarias, ya que la situación en Cataluña es a día de hoy «crítica». Aragonès avisó de que «batallará hasta el final» para que las elecciones se celebren ese día.
Las alegaciones del Govern a la decisión del TSJC se basan en argumentos jurídicos (el Gobierno catalán considera que el decreto tiene encaje legal), sanitarias (en febrero habrá un riesgo para la salud pública en pleno pico de la tercera ola y en mayo se espera que la situación, con el avance de la vacunación, mejore) y políticas. Votar el 14-F restaría legitimidad a los comicios, según la administración catalana, pues a su entender miles de catalanes, por razones de miedo o porque tendrán que estar en cuarentena o en el hospital, no podrán acudir a votar. El presidente en funciones mostró «preocupación», «perplejidad» e «indignación» por la resolución del TSJC. Su escudero, Sergi Sabrià, como portavoz del grupo de ERC en el Parlament, fue más allá y acusó a los tribunales de «ejecutar» el plan que está «maniobrando» el Gobierno para que Salvador Illa gane las elecciones y derrote al secesionismo. Sabrià habló de «155 encubierto», en el que los jueces están dando un «golpe a la democracia» para alterar el resultado electoral.
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La respuesta de los socialistas no se quedó corta. El PSC, única formación que se opuso abiertamente al aplazamiento al 30-M, acusó al vicepresidente de la Generalitat de perpetrar un «pucherazo», pues ni tiene competencias para suspender unas elecciones ni para convocar otras. «Usted se ha atribuido competencias que no tiene para controlar el proceso electoral», afirmó Eva Granados. El viernes pasado, en la reunión celebrada entre los partidos, el Govern concitó un amplio apoyo para aplazar los comicios. Sin embargo, este miércoles se quedó solo y buena parte de las formaciones le criticaron la «chapuza» cometida con el decreto.
Nuevo decreto
A pesar del revés judicial, que es provisional y que podría cambiar entre este jueves y viernes, el Govern no se plantea rectificar. Aunque algunos juristas ponen en duda la legalidad del decreto suscrito por Pere Aragonès, el vicepresidente descartó firmar uno nuevo. JxCat y ERC, en cualquier caso, no las tienen todas consigo y este miércoles se cruzaron dardos envenenados a cuenta de los problemas jurídicos por el aplazamiento electoral.
Los partidos catalanes elevan el tono entre acusaciones de pucherazo y ataque a la democracia
Se llamaron «cínicos», lo que denota que los nervios van en aumento. Más aún después de conocerse que la Fiscalía Superior de Cataluña había enviado un informe al TSJC en el que se mostró favorable a la decisión del tribunal de suspender cautelarmente el aplazamiento de las elecciones catalanas y mantener provisionalmente la convocatoria para el 14 de febrero, «atendiendo a la preservación de los distintos derechos e intereses legítimos en conflicto». Como la decisión de los jueces, el Ministerio Público dio su opinión «única y exclusivamente sobre la medida cautelar, sin que proceda abordar cuestiones de fondo».
Un exmosso, defensor de Puigdemont, pone en jaque al Govern
Un ciudadano hasta hace bien poco anónimo, Josep Asensio, ha puesto en jaque al Gobierno catalán, con su decisión de impugnar el decreto de suspensión de las elecciones del 14-F firmado por Pere Aragonès. El TSJC ha atendido las medidas cautelares solicitadas por el recurrente, quien ha puesto patas arriba la política catalana. La justicia tiene sobre la mesa seis recursos: el de Josep Asensio, el único particular, y el de formaciones políticas extraparlamentarias como Federalistas de Izquierdas, Izquierda en Positivo, el Pacma o Movimiento Ciudadano.
Asensio, agente de los Mossos d'Esquadra durante 21 años, abogado y licenciado en filología hispánica, lleva tiempo en las batallas jurídicas. Se inició en el mundo de los recursos defendiendo a compañeros del cuerpo autonómico, pero asegura que decidió estudiar derecho, siendo policía, porque como agente quería combatir la corrupción. Eran los tiempos del 3%.
Desde entonces, y como ciudadano particular, ha impulsado unas cuantas casas judiciales. En 2017, presentó una querella contra la jueza Carmen Lamela por enviar a prisión preventiva a los presos del 'procés. También llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la destitución de Carles Puigdemont por el 155. Y en 2014 se personó como acusación popular contra los Pujol.
Esta semana ha asegurado, en Rac-1, que no tiene a ningún partido político detrás, aunque con sus precedentes ya hay quien ha visto que puede ser fuego amigo en la batalla entre JxCat y ERC para perjudicar a los republicanos. «La ilegalidad -del decreto firmado por Aragonès- es patente, evidente y manifiesta», mantiene.
Se considera un mosso que hace de abogado y reconoce que cuando se decidió a recurrir el decreto del Govern en su entorno le advirtieron de que fuera con cuidado. «He sido agente del orden durante años, he estado a punto de morir varias veces y no tengo miedo a nadie», avisa. Dice que recurre porque cree que es su obligación como ciudadano hacerlo.
