El Constitucional delibera sobre la reforma que ha llevado al Supremo cerca del «colapso»

Los magistrados tendrán encima de la mesa dos ponencias de sentencia opuestas, si bien la que más apoyos tiene a priori es la que aboga por avalar la reforma, según señalan fuentes de la corte de garantías. Fue el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, quien convocó este pleno a petición del magistrado sobre el que recae una de las ponencias, César Tolosa, «dada la complejidad del asunto y el interés general».

El primer recurso que entró, en abril de 2021, fue el de Vox, cuya ponencia recae en María Luisa Balaguer, del denominado sector progresista. El texto propone validar la reforma del CGPJ al considerar que el artículo 122 de la Constitución da margen suficiente al legislador para regular el órgano de gobierno de los jueces. El citado precepto señala que «la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario».

Además, Balaguer incide en que la Carta Magna expresa claramente que el Consejo tiene un mandato de cinco años, tras los cuales debe renovarse, por lo que no contempla que las funciones del órgano sigan intactas y permite su limitación, como ocurre ahora.

En cambio, la segunda ponencia sobre el recurso del PP entiende que, aunque dicho artículo permite al legislador modular el funcionamiento interno del CGPJ, no le otorga tanta libertad como para despojarlo de una de las funciones que le atribuye la Carta Magna, esto es, la de realizar nombramientos discrecionales de altos cargos de la magistratura.

Asimismo, Tolosa, del sector conservador, cuestiona la «oportunidad política» de la reforma de marzo de 2021, haciendo hincapié en que, si se quería limitar sus poderes para forzar su renovación, se debería haber hecho cuando venció su mandato, el 4 de diciembre de 2018, no tres años después. Las citadas fuentes aclaran que ninguno de los dos textos hace referencia a la contrarreforma exprés aprobada en julio de 2021 para devolver al Consejo su capacidad de hacer nombramientos discrecionales, pero únicamente para designar a sus dos candidatos al TC y poder renovar la corte de garantías.

Vox y PP tachan de inconstitucional la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PSOE. El objetivo era empujar al PP a la mesa de negociaciones para renovar sin éxito el órgano de gobierno de los jueces, que va camino de los cinco años de interinidad, una «anomalía democrática», según recriminó el expresidente Carlos Lesmes antes de su dimisión hace un año.

Cabe recordar que la imposibilidad legal de que el CGPJ haga nombramientos discrecionales ha llevado al Supremo «al borde del colapso», con un total de 23 plazas sin cubrir de 79 magistrados, una situación que afecta ya a todas sus salas. Del total de vacantes, se registran dos en la Sala Civil, una en Penal, 11 en Contencioso-Administrativo, seis en Social y tres en Militar. Además, se estima que al demorarse los tiempos de respuesta se han dejado de dictar unas 1.230 sentencias menos solo el pasado año.