Todas las testigos protegidas revelan que ejercían la prostitución «libre y voluntariamente»
La Audiencia de León acoge el juicio por seis delitos de trata de seres humanos con fines sexuales en los que se pide para la pareja de acusados 128 años de prisión
La prostitución se ejercía de forma «libre y voluntaria» en un club de Villalobar que regentaban una pareja de acusados para los que se piden penas de prisión que ascienden a 128 años entre los dos.
Así lo han reconocido las testigos protegidas, que trabajaron en la casa de citas durante varios meses, tras ser captadas en Paraguay y, una vez llegadas a España, eran dirigidas a este punto de la provincia de León.
La sala de vistas ha acogido los testimonios de los dos acusados -J.L.H. Y M.L.G.-, quienes solo han querido responder a preguntas de su letrado para asegurar que antes de la llegada de las mujeres a España «no conocía a ninguna de ellas» y que todas ellas lo hacían a sabiendas de que venían a ejercer la prostitución de manera «libre y voluntaria».
Los acusados
El propietario del club financiaba los viajes de las mujeres y, posteriormente, a través de los servicios, devolvían el dinero de los visados quedándose «la mitad para mí, y la mitad para ellas», de los «tres o cuatro pases» que hacían a diario. Además, ha negado que se prohibiera la salida de las chicas «de la casa» previo pago de 80 euros. «Solo se les pedía ese dinero cuando hacían los servicios fuera».
Junto a él se encuentra acusada una empleada del club que se encargaba«de la limpieza o la cocina» y que había ejercido previamente durante siete años en el local. «Es incierto que no recibieran nada hasta que pagaran la deuda y ellas tenían la llave de la puerta principal para entrar y salir», manifestó la mujer a la que muchas de las chicas que acudieron como testigos situaron como «encargada» y persona que «controlaba horarios y presionaba» para que atendieran a los clientes.
Modo de operar
Todas las testigos protegidas -una no acudió a declarar-, trabajadoras del local en su momento, intervinieron por videoconferencia y coincidieron en la forma de actuación para su captación: contactaban con ellas otras chicas que habían trabajado en la casa de citas y las invitaban a unirse a ellas. Todas vivían en Paraguay, con una situación económica precaria, y acabaron aceptando acudir a España para ejercer la prostitución.
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Allí, otra mujer, familia de una de las acusadas y que se encuentra en estado de rebeldía, las dirigía a la agencia de viajes para sacar el billete y las informaba de cómo hacerse pasar por turistas hasta pasar las aduanas. También las acompañaba al aeropuerto y les daba 800 euros en metálico que debían devolver al dueño del club a su llegada a Villalobar.
Ya en España
Una vez en España, el propietario y su 'trabajadora' las recogían en el aeropuerto en Madrid y las trasladaban a León, directamente a la casa de citas, donde se alojaban y comenzaban a trabajar.
En ese momento, tal y como argumentaron todas salvo una de las testigos, el dueño les comunicaba que debían afrontar la deuda contraída -entre 800 y 1.800 euros- y «teníamos que pagarla con los primeros servicios, de los que no nos daba nada hasta que subsanábamos la deuda». A partir de ese momento, la chica y él se repartían los beneficios: los dos primeros servicios, 25 euros para cada uno, y a partir de ese la casa cobraba cinco en concepto de sábanas.
Algunas de las chicas reconocieron las complicaciones para salir del local. «Teníamos que darle 80 euros si queríamos salir fuera de nuestro día libre, fuera para estar con clientes o no», mientras que una de ellas confirmó la teoría de la acusada y reconoció «tener las llaves del local», por lo que podía entrar y salir.
Peticiones de pena
El fiscal pide diez años y seis meses de prisión al acusado por cada uno de los seis delitos de trata de mujeres, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con las víctimas durante un periodo de 18 años. A esta pena se suman seis años y seis meses de prisión por el delito de favorecimiento a la inmigración.
Por su parte, a la mujer del acusado le pide nueve años de prisión por cada uno de los seis delitos de trata y cinco años más por el delito de favorecimiento a la inmigración. El fiscal también pide que se prohíba a la mujer acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante 16 años.
