La sociedad creada para la integración del AVE aún debe a León viales por un millón de euros

La estación provisional fue la única obra levantada de la Sociedad León Alta Velocidad 2003. /
La estación provisional fue la única obra levantada de la Sociedad León Alta Velocidad 2003.

Una auditoria publicada por el Tribunal de Cuentas en las últimas horas refleja que la sociedad echó el cierre con la construcción de la estación provisional como único logro en su haber, aunque aplaude la liquidación temprana

Nacho Barrio
NACHO BARRIOLeón

Fue una fórmula aceptada, que se llevó a cabo y que en el mejor de los casos ha terminado por la vía de la liquidación. El Tribunal de Cuentas ha puesto la lupa sobre trece Sociedades Públicas de Integración del Ferrocarril, encontrando grandes sobrecostes en bastantes casos. No así en el de León, que se liquidó tras nueve años de vida.

Las reacciones

La sociedad León Alta Velocidad 2003 SL es objeto de análisis para el Tribunal. Comenzando con un capital social de 610.000 euros, 'la sociedad se constituyó el 10 de enero de 2003 por tiempo indefinido, como consecuencia del Convenio firmado el 6 de noviembre de 2002 entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo, Renfe y GIF, con el objeto de colaborar en la mejora de la integración urbana del ferrocarril en los términos municipales de León y San Andrés del Rabanedo y preparar la llegada de la alta velocidad a dichos municipios'.

En su informe, y tras un repaso histórico en el que avanza que el coste inicial previsto en el convenio fue de 142,78 millones de euros y que tenía por objeto social las operaciones necesarias para que León estuviera en la red de alta velocidad; el Tribunal de Cuentas señala que «debido a la imposibilidad de financiar las actuaciones [..] acordadas en el Convenio, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha 4 de diciembre de 2012 acordó la liquidación de la Sociedad».

Eso sí, en el haber de la Sociedad ya liquidada se encuentan unos viales, que aún quedan por entregar al Ayuntamiento de León por valor de 1.354.205,93 euros, como señalan los liquidadores de la misma en las alegaciones al informe.

A este punto llegaron con un pacto por el que ADIF adquiere la obra ferroviaria finalizada y la liquidación del pasivo social restante, una vez deducido elimporte de la obra ferroviaria, mediante su asunción en base a los porcentajes siguientes: 50% de las deudas, La Junta de Castilla y León, el 12,5% RENFE-Operadora y el 37,5% ADIF.

De esta forma, ADIF canceló en mayo de 2013 la deuda bancaria formalizada para la financiación de las obras mediante un préstamo de 10 millones de euros para pagar la obra finalizada y la cancelación de la deuda con proveedores.

La obra principal, insuficiente

El informe avanza que dentro de las actuaciones contempladas en el Convenio, la principal inversión acometida fue la construcción de la estación provisional cuyo coste se registró en la cuenta de existencias de la Entidad. El documento indica que la Estación provisional y otras actuaciones supusieron un coste de 10.772.410 euros pagados por la sociedad, que también abonó 1.024.800 para el soterramiento de andenes y la nueva estación y un montante de 2.956.023 en concepto de gastos operativos y financieros .

Como conclusión, el Tribunal de Cuentas apunta a que «la imposibilidad de financiar las actuaciones tal y como habían sido acordadas en el Convenio, dio lugar a que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha 4 de diciembre de 2012 acordase la liquidación de la Sociedad. Eso sí, sin alcanzar el objetivo de la integración, que se escapaba del presupuesto.

Las Sociedades

El Tribunal de Cuentas explica que las sociedades instrumentales constituidas entre los años 2002 y 2010 para la integración del ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalización de los proyectos inicialmente planificados, generando la necesidad de una financiación externa del proyecto hasta que se pueda poner en valor los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las cuentas públicas y presentando una incertidumbre respecto de la obtención de ingresos futuros derivados de las plusvalías de la transformación de los terrenos ferroviarios.

A la vista de esto, sería recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de financiación de las actuaciones de integración del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y contemplando, en su caso, una financiación a corto y medio plazo no solo vinculada a la generación de plusvalías urbanísticas de realización incierta.