Rebajan cuatro años la pena de prisión al agresor sexual de una adolescente de 15 en León
El TSJ admite parcialmente el recurso del acusado y le retira los cargos por violencia o intimidación durante la violación en su domicilio
La sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha admitido parcialmente el recurso del acusado de una agresión sexual a una menor de 16 años por el que se le había impuesto una pena de 10 años de prisión en la Audiencia Provincial de León.
El fallo hace desaparecer del relato de hechos probados la situación de violencia o intimidación ejercida por el acusado sobre la menor, que tenía 15 años de edad en ese momento, por lo que mantiene el delito de agresión sexual a menor de 16 años. Se confirma así la sentencia por estos hechos y rebaja la pena en cuatro años hasta los seis de cárcel.
La causa que dimanada del Juzgado de Instrucción 1 de León recoge que un peruano, llegado a España en 2021, comenzó a trabajar como camionero en la provincia. Allí conoció a otro compatriota con el que llegó a compartir casa. Así nació una relación estrecha de amistad y en 2022, tras llegar la familia del segundo desde Perú, ambos comparten momentos e incluso el acusado hace apoyos económicos a la familia.
El condenado se comenzó a sentir atraído por la hija mayor de su amigo, que tenia 15 años en ese momento, y compartía tiempo con ella diferentes momentos además de enseñarla a conducir. El 8 de noviembre la acompaña en su vehículo al instituto, pero en realidad la desplazó a su casa pidiéndola ir a su habitación para mostrar algo que había comprado y allí perpetró su agresión, eyaculando en su interior y dándola una pastilla del día después para llevarla luego al instituto.
Por pánico a su propio padre, la joven no comentó nada porque la decía que si tenía malos comportamientos la devolvería a su país. La menor se preocupó de un retraso en la menstruación y compró, con el acusado, un test de embarazo que dio resultado positivo. Se fueron a una clínica de aborto para saber cómo actuar, pero por su edad necesitaba autorización de los padres. Ante esta situación, se lo cuenta a su madre, que se enfada hasta que le dice que fue forzada. El acusado le dice que le denuncie «que solo iban a conseguir que le metieran en Mansilla y que cuanto querían», mientras que el padre le reprocha su conducta y éste el dice que se arrepiente. Al día siguiente la intervienen para interrumpir el embarazo y el procesado cubre con los gastos.
La joven presenta un estrés postraumático y trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo, problemas para dormir y pérdida de curso escolar.
