Los patinetes eléctricos necesitarán un seguro para circular en León a partir de enero
La Ley 5/2025, de 24 de julio modifica el texto de la norma sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor
El exponencial aumento de la utilización de los patinetes eléctricos como medio de transporte habitual en las ciudades, entre las que se incluye León, ha llevado al Gobierno a aprobar una nueva normativa a través de la cual todos los dueños de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) estarán obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil.
La Ley 5/2025, de 24 de julio publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de julio modifica la Ley de Seguros de Automóviles, incluyendo en la misma el concepto de vehículo personal ligero.
Según la definición, esto incluye todos los vehículos a motor eléctrico que circulan por el suelo mediante una o más ruedas, están dotados de una única plaza y pueden alcanzar una velocidad máxima de entre 6 y 25 kilómetros por hora, siempre que su peso sea inferior a 25 kilogramos. Si los supera, la velocidad máxima nunca será mayor de 14 kilómetros por hora.
Seis meses de margen
De esta forma, los que dispongan de vehículos de movilidad personal uno de los vehículos que cada vez se utilizan más en la vía pública, deberán contratar un seguro, además de registrarse en la Dirección General de Tráfico. En este escenario, el Ejecutivo deberá llevar a cabo el desarrollo de un registro público gestionado por la DGT en el que cada priopietario se inscriba a través de una identificación electrónica.
La nueva normativa entrará en vigor el próximo 2 de enero de 2026 y el Gobierno dará un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la normativa para contratar el seguro sin riesgo de sanción. A partir de ese momento, la circulación de este tipo de vehículos sin seguro será motivo de multa, siempre en función de la gravedad del caso.
Esta modificación de la ley responde a la necesidad de compatibilizar la movilidad sostenible con la protección de las terceras personas en los accidentes. Hasta el momento, las polizas eran de carácter voluntario y cubrían el importe que cada conductor estimara oportuno, lo que después se traducía en problemas en casos de accidentes con terceras personas implicadas.
Malestar en los usuarios
Ante esta nueva normativa, Raúl Quijada, presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (AUVMP), manifiesta públicamente su malestar y el de los usuarios consultados con una reforma de ley que pretende «limitar y prohibir» este típo de vehículos, además de incitar a los usuarios a que usen las bicicletas tradicionales o eléctricas, con las que no deberán llevar un seguro.
«Esta normativa sirve para desincentivar a los usuarios. Con una bicicleta tú te puedes ir de León a Madrid si quieres, pero con un VMP no y ahora además va a haber que pagar un seguro con una cobertura de millones de euros, no tiene sentido», confiesa Quijada.
Tiene claro que esta reforma de la normativa vigente va a suponer un descenso en el número de usuarios de estos vehículos, porque «evidentemente los menores no van a poder contratar un seguro propio y cuando sus padres les vayan a comprar un patinete eléctrico y les digan el precio del seguro, preferirán otras opciones como la bicicleta».
El rechazo social de los VMP
Y es que, en muchos de los casos que ya cuentan con una póliza contratada antes de la nueva ley, también deberán cambiarla, pues lo común no es llegar a la cobertura mínima que exigirá el Gobierno desde el próximo mes de enero.
Raúl admite que, por el mal uso de algunos usuarios, otros lo están pagando con este tipo de medidas y con el rechazo social que vienen causando estos vehículos.
Se ha generalizado que este tipo de vehículos «explotan», un término mal utilizado, ya que el término correcto es «deflagran» y creado un malestar social ante un hecho solo causado por la manipulación de las baterías por no cumplir con unos estándares mínimos de conocimiento o seguridad en este proceso. Hecho que también ha llevado, en consecuencia, a la prohibición de introducir un VMP en el transporte publico.
A expensas de conocer las condiciones exactas en torno a los seguros que se deberán contratar y cómo se debe registrar cada usuario, Quijada apela al sentido común para dejar a un lado la alarma social y que todos «los que hacen un buen uso de los VMP, lo sigan haciendo a pesar de las restricciones y de la imagen creada».
