Anulan la tasa de basuras
La oposición pide la dimisión del concejal de Hacienda y tildan de «injusta» la ordenanzaDuras críticas al equipo de gobierno ante un «nuevo varapalo judicial» y reclamación de responsabilidades ante una sentencia «que no pilla por sorpresa»
El Partido Popular y Unión del Pueblo Leonés han expresado sus pareceres ante la sentencia que anula la ordenanza de basuras en el Ayuntamiento de León, contra la que aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo, y ponen el foco en una situación que se repite con el equipo de gobierno.
David Fernández -PP- recuerda que «son habituales» las pérdidas millonarias que se vienen dando durante la gestión de José Antonio Diez y tilda de «nuevo varapalo judicial» la anulación radical de una ordenanza «injusta y no equitativa», que no grava a quien más genera y sí a quienes tienen propiedades más grandes, como ya denunciaron los populares. También extiende la responsabilidad a UPL por votar a favor de la ordenanza en octubre de 2024.
«No nos pilla de sorpresa. Son chapuzas que causan serios perjuicios al Ayuntamiento y a los leoneses», sostiene el popular, quien insiste en que ya criticaron la misma y ahora la justicia corrobora un informe económico «arbitrario» en el que se obvia el cálculo de generación de residuos de cada contribuyente. «También dijimos que era un atropello, hecho a la carrera y de forma improvisada».
El PP también señala el «afán recaudatorio» que elevaba la tasa un 26%, 2,3 millones de euros más, por el mismo servicio que se prestaba. «Un basurazo de Diez que la UPL apoyó. Esto es un hecho muy grave». Por ello exigen al alcalde que explique a los leoneses qué va a hacer ante una sentencia tan contundente y piden responsabilidades políticas.
UPL pide responsabilidades políticas
A esas responsabilidades ha hecho alusión Eduardo López Sendino -UPL- para reclamar la dimisión del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, como persona encargada de cuidar la normativa en cuanto a impuestos. «Es una metedura de pata por parte del equipo de gobierno y, si esto tiene consecuencias económicas, alguien debería responsabilizarse de una actitud negligente».
El portavoz leonesista, que también es abogado, entiende que la sentencia «parece bastante razonada» y que cualquier recurso está «abocado al fracaso», aunque entiende que abre la puerta a cobrar el año 2024.
Además, estima que se trabajará en elaborar un informe, por parte de los servicios económicos y jurídicos, por si hubiera visos de prosperar un recurso «con el que deberían hilar muy fino».
Por último, lamenta la actuación «manu militari» del Ayuntamiento y pide que se atiendan los informes de intervención y de las asesorías para hacer bien las cosas.
