Así es el instructor del caso Enredadera: de juez de base a pionero en anticorrupción

Sede de los juzgados de Instrucción de Badalona, donde trabaja el juez Pablo Alonso. /INÉS BAUCELLS
Sede de los juzgados de Instrucción de Badalona, donde trabaja el juez Pablo Alonso. / INÉS BAUCELLS

Con 40 años y ocho en la judicatura, el magistrado Pablo Alonso captó con mucha paciencia durante dos años los fines de la trama

JORGE MORENOVALLADOLID

Con apenas 40 años el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece confiar en este juez destinado en Cataluña que tras dos años de instrucción ha desentrañado cómo se mueve el poder económico municipal, con sus jugosas contratas públicas, que pasan en ocasiones desapercibidas mediante adjudicaciones de obra menor.

El juez del caso Enredadera, Pablo J. Alonso García, llevó a cabo la primera semana de julio una macro operación que se saldó con una cincuentena de detenidos (entre ellos el empresario José Luis Ulibarri, dos directivos de Gespol-Valoriza, y el empresario de Astorga, Ángel Luis García, el Patatero), y 55 órdenes de entradas y registros en sedes municipales o de jefes de policía local (desde León a Palencia, de Alcobendas a Fuenlabrada, de Oviedo, a Teruel y Vélez Málaga, pasando también por Parla, Pinto o Plasencia). Medio centenar de registros, coordinados desde Cataluña y la Udef, y todos a las seis de la mañana del 3 de julio.

Una investigación judicial que arrancó en mayo de 2016 por las sospechas de un concejal de Montgat (Barcelona), una población lindante a Badalona donde el juez Alonso tiene su despacho, la cuarta ciudad con mayor población de Cataluña (215.000 habitantes).

Tirando del hilo por los contratos de equipos para semáforos, radares, y telecomunicaciones, el Juzgado de Instrucción número 2 de esa ciudad ha ido comprobando cómo se tejía una red de corrupción municipal, con amaños de concursos, falsificación de informes sobre densidades de tráfico, uso de información privilegiada para desbancar a competidores y, finalmente, la tentación a los cargos públicos para que prevaricasen. «Sobornos, dádivas y mordidas», dice en sus autos Alonso, para conseguir contratos o malversar caudales del contribuyente.

Este jurista, nacido en 1978, ingresó en la carrera por oposición en 2010, teniendo como primer destino Primera Instancia e Instrucción 2 de Arenys de Mar. Allí estuvo cinco años, entre juicios de faltas vecinales y denuncias de alcoholemias.

En 2015, el CGPJ le trasladó a Badalona en cuya plaza se mantiene. Ocho años en juzgados de base que el pasado marzo se vieron reconocidos cuando el Gobierno de los Jueces le nombró en comisión para reforzar seis meses al juez de Instrucción 13 de Barcelona, Antonio Ramírez Sunyer, que investiga el referéndum independentista del 1 de octubre. ¿Polivalencia futura?

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