Fuengirola contratará a detectives para vigilar a trabajadores municipales de baja
Se investigará si el empleado tiene otros domicilios o lugares de trabajo y se buscarán «incidencias» en páginas oficiales y redes sociales
José Carlos García
Martes, 12 de agosto 2025, 16:42
Los detectives privados pueden investigar infidelidades, recabar pruebas de delitos o garantizar la seguridad de grandes eventos, pero si están en Fuengirola, además, pueden estar investigando a empleados públicos. El Ayuntamiento de la localidad ha licitado un contrato cuya denominación no permite albergar muchas dudas: 'Contratación de detectives para seguimiento de trabajadores municipales'. Se trata de un contrato de un año de duración, licitado por 18.148,79 euros (14.999 más IVA), en el que los investigadores privados han podido presentar sus ofertas hasta las 23.59 horas de ayer, y con el que el Consistorio pretende hacer frente, según el pliego de prescripciones técnicas particulares, al «elevado absentismo laboral».
Cualquier que vea la naturaleza del contrato lo primero que podría preguntarse es quién decide a quien se investiga, con qué criterio y de qué manera. A todo ello responde el pliego. Los empleados municipales que pueden ser investigados por los detectives privados son aquellos que estén «en situación de incapacidad temporal o con informe de apto con limitaciones». Quien lo determinará será el área de Recursos Humanos, y el mínimo de trabajadores que serán investigados es de una decena. No obstante, la licitación establece que las empresas pueden ofertar una cifra mayor. Esta mejora supone hasta un 40% de los criterios de adjudicación, mientras que el 60% restante se corresponde al precio.
Sobre qué tareas concretas deberán hacer los detectives, de nuevo responde el pliego: «El proveedor deberá realizar un trabajo previo de investigación sobre la persona objeto de seguimiento, consistente en corroborar los datos facilitados por al Ayuntamiento, así como comprobar la existencia de otros domicilios, teléfonos, lugares de trabajo, incidencias que puedan aparecer en páginas oficiales, redes sociales y que puedan aportar valor añadido al seguimiento». Este análisis previo deberá ir incorporado en el informe definitivo, debiéndose reflejar «en cuáles ha dado positivo» y «en cuáles, negativo».
A esta labor investigadora previa se le sumará un seguimiento «completo» que deberá estar «diseñado y dirigido» a «evidenciar de forma muy clara» que el trabajador está realizando su actividad laboral habitual o cualquier otra y «nunca serán suficientes hechos que lo presupongan sin un nexo claro y directo con los hechos que se pretenden probar». Y si «lo que se busca es demostrar actividades, movimientos corporales u otras acciones incompatibles con la situación que da lugar a la situación de incapacidad temporal o limitación de su aptitud en su puesto de trabajo», el seguimiento será «el mismo». En un principio, estas tareas investigadoras durarán un mínimo de tres días salvo que Recursos Humanos estime que puede ser inferior o considere que es insuficiente y solicite un mayor plazo de investigación.
Absentismo y dinero público
Fuentes municipales sitúan la «elevada» tasa de absentismo con la que se justifica el contrato en el 10%, tres puntos por encima de la media nacional, y colocan los mayores porcentajes en Servicios Operativos (encargados de tareas de mantenimiento en espacios públicos) y limpieza (el servicio es de gestión privada, pero en una parte de la ciudad lo efectúan empleados municipales). No obstante, desde el Consistorio subrayan que este contrato «no es lo único» que ha puesto en marcha para «combatir» el «absentismo. «También hemos solicitado informes a la mutua laboral y al servicio de vigilancia de la salud para ahondar en medidas que redunden en la mejora de la salud de los trabajadores», aseguran.
Al mismo tiempo, resaltan que no se pretende poner en duda las bajas médicas, y recuerdan que los trabajadores públicos que no acuden a su puesto de trabajo, a diferencia de lo que ocurre en la empresa privada, perciben el 100% de sus retribuciones y que no son la primera administración que hace un contrato de esta naturaleza. «Es para garantizar que no se haga un mal uso del dinero público», justifica el Ayuntamiento de Fuengirola.
