De inspectores de Hacienda a profesores: las oposiciones que cambiarían si el Gobierno aprueba su reforma
El departamento de Óscar López planteó un cambio en el acceso a los puestos de alto funcionariado
El Gobierno anunció esta semana una profunda reforma del sistema de acceso al empleo público, centrada en los subgrupos A1 y A2, que agrupan a los altos cuerpos de la Administración General del Estado. El nuevo modelo, presentado este lunes por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sustituirá el tradicional examen de oposición por un proceso dividido en dos pruebas selectivas y un curso de especialización de dos años. Solo tras completar satisfactoriamente esta etapa final se obtendría el puesto de funcionario de carrera. Si no logran plaza, «tendrán un título de prestigio», defienden los promotores del cambio de sistema.
Según explicó el ministro, el objetivo es «actualizar el sistema público a los perfiles necesarios para los retos que traen las nuevas tecnologías». La medida forma parte del proceso de modernización de la Administración, pero ha suscitado una fuerte polémica. Fuentes del Ministerio aclaran que el cambio afecta exclusivamente a los cuerpos de la Administración General del Estado clasificados como A1 y A2. Las categorías C1 y C2, de carácter técnico o administrativo, no se verán afectadas inicialmente, aunque quienes accedan a ellas podrían ser formados bajo el nuevo esquema una vez ocupen su plaza.
En la última Oferta de Empleo Público (OEP), publicada a mediados de julio, el Ejecutivo aprobó 36.588 plazas, de las que cerca del 75% están destinadas a la Administración General del Estado -sin contar Policía Nacional, Guardia Civil o las Fuerzas Armadas-. Entre estas, 13.988 corresponden a nuevo ingreso en los cuerpos de funcionarios, distribuidos entre las cuatro categorías previstas por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. De ese total, el 36% —unas 5.000 plazas— están asignadas a los grupos A1 y A2, precisamente los que estarán sujetos al nuevo proceso.
El cambio afectaría a aspirantes a cuerpos tan diversos como la carrera diplomática, los inspectores de Hacienda, abogados del Estado, farmacéuticos, técnicos de instituciones penitenciarias o ayudantes de museos, entre otros. Estos candidatos deberán modificar sus planes de estudio y afrontar un proceso más largo y segmentado que el actual, que culmina con una formación estructurada en formato curso o residencia.
El rechazo de los sindicatos ha sido inmediato. «Será imposible asegurar la imparcialidad y la objetividad. En definitiva, la injerencia política será una realidad sin precedentes en la democracia española», advierten fuentes sindicales consultadas por este periódico. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha denunciado que el modelo de formación podría erosionar la calidad de la preparación técnica de los nuevos funcionarios.
Desde el Ministerio para la Transformación Digital insisten en que la reforma sigue en fase de diseño. Entre los aspectos pendientes figuran el contenido del temario para acceder al curso de especialización y el destino de aquellos aspirantes que superen la formación sin obtener una plaza. La propuesta contempla otorgarles un «título de prestigio», aunque todavía no se ha aclarado si tendrían que repetir el proceso completo en futuras convocatorias.
Por ahora, el cambio no afectará a oposiciones de cuerpos con normativa específica, como notarios, registradores de la propiedad o jueces, que también pertenecen a los grupos A1 y A2, pero mantienen sus propios sistemas de acceso.
Con este rediseño, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de recursos humanos más flexible, orientado a competencias y adaptado a las demandas de una administración digital. Pero el debate entre agilidad e independencia en el acceso a la función pública está lejos de cerrarse.
