Fiscalía pide 5 años y medio de prisión y 6.000 euros al acusado de quemar 10.000 hectáreas en La Cabrera

El acusado de quemar cerca de 10.000 hectáreas en La Cabrera se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial cinco años después del incendio.

Un juicio que se alargará desde este lunes 13 de febrero al jueves 16 y en el que el Ministerio Fiscal pide cinco años y medio de prisión y una multa de 10 euros al día durante 20 meses, lo que viene a ser 6.000 euros.

Las conclusiones provisionales del fiscal reflejan que el varón acusado fue en la tarde del día 21 de agosto de 2017 al monte utilizando el camino que discurre paralelo al río, llegando al puente que cruza el río y tomando el camino para adentrarse en la zona.

Después de «aproximadamente» un kilómetro de ascensión, dejó el camino principal para adentrarse en el margen izquierdo en la zona de la vaguada, lugar donde se practica la caza y en la que existe vegetación de pasto y escobas.

Sobre las 19.45 horas, el acusado prendió fuego a la maleza. En este caso, el fiscal refiere que pudo ser «mediante la aplicación de llama directa o utilizando un artefacto de retardo». En ambos casos, se considera que el varón conocía por la fecha, la hora y el lugar que la propagación del fuego sería rápida.

Y efectivamente fue así. En menos de 24 horas las llamas pusieron en riesgo varias poblaciones y obligaron a activar el nivel 2 de peligrosidad en un incendio.

El fuego se extendió por numerosas localidades de la comarca de La Cabrera y estuvieron en riesgo los vecinos de Losadilla, Santa Eulalia, Forna, Trabazos, Iruela, Villarino, Encinedo, La Baña, Truchillas, Robledo de Losada y Quintanilla de Losada. Los efectivos tuvieron que desalojar a un total de 106 personas de las seis primeras localidades, declarando el nivel 2 de emergencias en la mañana del día 22 de agosto.

Unos días de angustia y peligro para los vecinos de la comarca que no descansaron tranquilos hasta el día 3 de septiembre cuando se dio por extinguido el fuego.

Unos días complicados para vecinos y trabajadores de los diferentes servicios que colaboraron en la extinción del fuego. Para ello, fue necesaria la utilización de distintos y numerosos medios, técnicos, agentes medioambientales y forestales, cuadrillas terrestres, cuadrillas helitransportadas, fuerzas del ejército, autobombas, bulldozer, aeronaves de coordinación, aviones anfibios, aviones de carga en tierra, helicópteros bombarderos y helicópteros de transporte.

Unas unidades que trabajaron contra el calor y el viento, además de las llamas. A pesar de la unión de todos, el incendio calcinó una superficie

forestal de 9.816,66 hectáreas de montes de utilidad pública, montes demaniales patrimoniales y montes particulares.

Una imagen desoladora que este lunes volverá a la retina de muchos durante la primera sesión del juicio.

El fuego amenazó durante días varias poblaciones, cortó carreteras y obligó a más de un centenar de vecinos a abandonar sus viviendas. Pero no hubo que lamentar daños personales.

Los materiales por otra parte, fueron innumerables. El fiscal considera en las conclusiones provisionales del caso que hubo daños y perjuicios en montes de utilidad pública por valor de 6.897.277,69 de euros, con una estimación de impacto ambiental de 2.432.583, 90 de euros.

También se fija en este documento, al que ha tenido acceso leonoticias, unos daños y perjuicios en montes particulares de Truchas de 17.230 euros, en Castrillo de Cabrera de unos 8.767 euros y en Encinedo ascienden 151.998 euros. Además, los gastos de extinción del fuego se elevan a 983.906 euros.

El fiscal reconoce que se ha presentado por diversos particulares algunas facturas y documentación relativas a daños y pérdidas sufridos por el incendio que no han sido objeto de tasación pericial.

Por todo ello, el fiscal asegura en el escrito que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal agravado. Por ellos, pide una pena de cinco años y seis meses de prisión, así como una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros (6.000 euros en total).

Aunque no han sido tasadas las facturas de los vecinos, el fiscal pide que en fase de ejecución de sentencia se realice esa tasación, por el perito judicial, conforme a las facturas y documentación presentada.

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