La Junta peleará para evitar la supresión de paradas de AVE en Castilla y León
Renfe denuncia que el Gobierno de Mañueco busca «soliviantar» a los ciudadanos y exige que el Ejecutivo regional se comprometa con el transporte público como ya hacen otras Comunidades
Apenas unos días después de que se conociese la decisión de Renfe y el Ministerio de Transportes de suprimir paradas de tren de Alta Velocidad en Castilla y León, una cuestión que afectará concretamente a Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia, el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz, mantuvo hoy una reunión «cordial» con el presidente de la compañía ferroviaria, Álvaro Fernández, en la que, eso sí, se evidenció el distanciamiento entre ambas instituciones.
Así, la Junta insiste en «rechazar» la supresión de estos servicios y anuncia que «trabajará»para que se repongan las paradas y Castilla y León cuente con los mismos servicios que otras regiones. Por su parte, desde Renfe acusan a la Junta de «soliviantar» a los ciudadanos con informaciones que «no son ciertas», al tiempo que exigen al Gobierno regional que defienda los servicios públicos «con hechos y no con palabras», es decir, comprometiéndose a facilitar el transporte público que pertenece a su competencia «como ya están haciendo otras comunidades».
En la larga reunión mantenida en Madrid se dedicó «un tiempo importante» a chequear trayecto por trayecto las líneas afectadas, según detalló el consejero, ya que para la Junta ha habido «problemas de información» con este anuncio. «Esa confusión sin duda ha contribuido a generar malestar», denunció Sanz que confirmó la supresión de «determinadas circulaciones» en las estaciones de Sanabria, Medina del Campo y Segovia. Una circunstancia que el Gobierno regional «rechaza de plano» ya que obedece a «razones de rentabilidad económica», según le confirmó el propio presidente de Renfe durante esta cita.
«La Junta de Castilla y León no va a cejar en el empeño de reclamar la reposición de estas paradas porque creemos que son servicios esenciales que sirven para luchar contra la despoblación, ya que ofrecen la posibilidad de acceder a otros servicios públicos», resaltó el consejero que insistió en que Castilla y León «se merece lo mismo que tienen otras comunidades».
En este punto, denunció que algunas regiones están teniendo «un trato especialmente favorable», señalando en concreto a territorios como Cataluña o País Vasco. En el caso de estas autonomías, incidió, no se están teniendo en cuenta esos «criterios económicos» que se esgrimen en el caso de Sanabria, Medina del Campo y Segovia. «Creemos que Castilla y León está siendo abandonada permanentemente en el ámbito de los servicios públicos, tanto en los asuntos ferroviarios como en el ámbito de las infraestructuras y no vamos a consentir esa situación», resaltó Sanz que hizo hincapié en que la Junta «seguirá luchando para que estas situaciones no no se consoliden». Y es que para el consejero la quita de estos servicios públicos «impiden que muchas personas puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestra tierra» porque muchos ciudadanos pueden trabajar o estudiar en otros lugares fuera de la Comunidad gracias al servicio ferroviario.
Más allá de las supresiones, el consejero señaló que también hay algunas adecuaciones horarias «que habrá que analizar con con detenimiento» porque se podrían considerar como supresiones de estos servicios. «La Junta de Castilla y León va a estar ojo avizor y va a reclamar en las instancias que correspondan y en todos los foros en los que se nos pueda oír», enfatizó el dirigente regional que volvió a mostrar su malestar porque las razones económicas se pongan por delante de «las cuestiones de cohesión territorial, de equidad territorial y de equilibrio territorial».
«Decepcionados con la Junta»
Por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, aseguró que la reunión había resultado «sorprendente» porque muchas de las cuestiones que había manifestado la Junta de Castilla y León respecto al impacto de la medida «han resultado no ser ciertas». «Han comprobado que no se eliminaban 26 frecuencias en Segovia y que realmente no se eliminaban en Medina del Campo», explicó el dirigente que señaló que el Ejecutivo autonómico ha lanzado afirmaciones y ha «soliviantado a la gente» y, sin embargo, al repasar circulación por circulación, se ha comprobado «que había modificaciones de horarios, pero no se estaba dejando de dar esos servicios». «En ese sentido, creo que la reunión ha sido constructiva, porque yo creo que a esta cuestión se le está queriendo dar un impacto mayor del que hay», enfatizó.
Más allá de esas supresiones, Fernández confirmó que se habían tratado otras cuestiones y lamentó no haber visto «una mejor voluntad por parte de la Junta de Castilla y León». Así, por ejemplo, explicó que muchas de estas estaciones de Alta Velocidad -refiriéndose a Sanabria, Medina del Campo y Segovia- «no están en los núcleos urbanos», por lo que el Gobierno autonómico «tiene un trabajo y una labor que hacer: que haya un transporte público regular, que es competencia de la Junta». «Mucha de la gente que utiliza el ferrocarril a veces no tiene coche ni carné de conducir, y seguramente eso mejoraría la afluencia a las estaciones y nos permitiría poner mejores servicios», enfatizó señalando en este sentido que estaban «decepcionados» porque el Gobierno regional les había dicho «que no puede ser». «Nosotros consideramos que el transporte público es una cadena y es un conjunto y que requiere intermodalidad», aseveró.
«Parece que a la Junta de Castilla y León se le da bien exigir y defender el transporte, siempre y cuando no sea de su competencia y no lo tengan que hacer ellos. Entonces, esto nos ha resultado paradigmático», remarcó, defendiendo que en las actuaciones de Renfe «no solo operan los criterios comerciales o los criterios de rentabilidad económica», ya que intentan conciliar «el servicio comercial con el servicio social que tiene el ferrocarril». Sobre esta cuestión, Fernández señaló que no basta solo con decir que una Comunidad está comprometida con lo fundamental del servicio público ferroviario, si no que tiene que ser respaldado con hechos. «El apoyo real no son palabras ni discursos. El apoyo real no es soliviantar a la gente ni producir indignación contra otros y utilizarlo políticamente. El apoyo real es presentarse a trabajar en soluciones para los ciudadanos», denunció el presidente de Renfe que recordó que existen otras comunidades que «tienen convenios con Renfe en los que aportan financiación para que, contribuyendo entre todas las Administraciones y entre el operador y la Administración autonómica, se pueda mejorar el servicio ferroviario».
«Nosotros somos el operador e intentamos mantener el equilibrio entre la sostenibilidad económica y el servicio público esencial. Si queremos muchos más servicios, como solicita la Junta de Castilla y León, la solución es muy fácil, que se sienten a hablar de cómo financiarlos. Si realmente el discurso de la Junta de Castilla y León es el compromiso con el servicio ferroviario, con el apoyo al incremento demográfico, a la cohesión territorial, a atender los pueblos y a mejorar las infraestructuras, que se sienten a hablar de cómo van a contribuir en la financiación de esos servicios», subrayó Fernández que reveló que el consejero le había trasladado que «no estaba entendiendo ese planteamiento».
