La Junta cifra en 38 millones la pérdida de recaudación por la reforma del impuesto de Sucesiones

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno./MIRIAM CHACÓN-ICAL
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno. / MIRIAM CHACÓN-ICAL

Igea sostiene que servirá de impulso a la competitividad y acusa a los socialistas de «mala fe» en sus cálculos

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONA

Francisco Igea ha cifrado en 38 millones de euros la cantidad que ingresó el año pasado Castilla y León en concepto de Impuesto de Sucesiones y Donaciones procedente de familiares de primer y segundo grado, a quienes se liberará próximamente de este tributo. El resto, hasta los 180 millones recaudados en 2018, llegó de las liquidaciones del resto de contribuyentes, para quienes se mantendrá la obligación de tributar. Después de que el PSOE regional afirmase que la futura reforma «solo afecta a aquellos que más tienen», el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia ha afirmado que los socialistas actúan «con mala fe».

El dato de la pérdida de ingresos, en cualquier caso, debe contextualizarse según Igea en un escenario en el que habrá también beneficios, los derivados del rejuvenecimiento del tejido productivo y del impulso a la competitividad. El portavoz del ejecutivo ha defendido que la medida servirá para detener la marcha de empresas, sobre todo rurales a Madrid y para favorecer la transmisión de negocios de padres a hijos en vida, es decir, como donación. De hecho, ha detallado que, de acuerdo con las cifras del año pasado, de los seis mil posibles beneficiarios, mil corresponderían a Sucesiones y los otros cinco mil, a Donaciones.

Por esta razón, Igea ha mantenido que el principal objetivo de la supresión es favorecer la transmisión anticipada de bienes y derechos sin que tengan que esperar al fallecimiento, lo que según sus previsiones servirá para propiciar el relevo generacional y el emprendimiento y, con ellos, la creación de empleo.

En la comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio no solo ha enmendado los cálculos de los socialistas, que dieron a entender que se 'perderían' los 180 millones, sino que ha acusado al PSOE de Castilla y León de actuar «con mala fe». La idea del ejecutivo que conforman el PP y Ciudadanos es bonificar al 99% la adquisición de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, es decir cónyuges, descendientes y ascendientes.