García Ortiz, el jurista salmantino del caso 'Prestige' que terminó condenado por filtrar un e-mail
Quién es y por qué se le inhabilita ·
Oriundo del pequeño municipio de Lumbrales, vivió su infancia en Zamora y Valladolid donde se tituló en Derecho y se especializó en casos de medio ambiente en Galicia: incendios y el hundimiento del petrolero le dieron premios y relevancia
Poco más de tres años después de ser nombrado por el Consejo de Ministros, el salmantino Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer Fiscal General del Estado condenado en firme. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, por cinco votos a favor y dos en contra, ha condenado en un fallo histórico al máximo responsable del Ministerio Fiscal como autor de un delito de revelación de datos reservados.
El alto tribunal le inhabilita por dos años por considerar probado que participó en las maniobras para filtrar datos confidenciales de la denuncia por un doble delito de fraude a la Hacienda Pública de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ahora tendrá que inmdemnizar con 10.000 euros a González.
García Ortiz (Salamanca el 16/12/1967) es, según su CV, oriundo del municipio de Lumbrales. Pasó la infancia en Zamora y Valladolid, donde cursa estudios universitarios en Derecho. Su relevancia se disparó al ser nombrado para el cargo de Fiscal General del Estado, pero antes ya había sobresalido. Es un referente internacional como especialista en Medio Ambiente y fue el fiscal del caso del hundimiento del Prestige, en el que defendió al Estado: logró que se reconociera que la administración no tuvo responsabilidad. Por su labor recibió la cruz de San Raimundo de Peñafort tras serle impuesta en junio de 2004.
Fiscal de carrera desde 1999, en 2000 obtuvo su primer destino. No tiene vínculo profesional con su ciudad natal y ejerció en Baleares, Galicia y el propio Supremo que ahora le condena. Fue nombrado Fiscal General en agosto de 2022 y tomó posesión en septiembre.
Hasta el momento de su nombramiento, ejercía como fiscal de Sala del Tribunal Supremo y fue nombrado jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en virtud de Real Decreto 434/2020, de 3 de marzo. Ha sido miembro del Consejo Fiscal desde 2018.
Carrera profesional
Inició su carrera profesional en Baleares (Mahón), donde fue fiscal coordinador de Adscripción de Menorca entre los años 2000 a 2002, y en el TSJ de esta comunidad autónoma. Su último destino antes de la Fiscalía General fue la Fiscalía de Santiago de Compostela y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (2002-2020). En su estancia en Galicia también ostentó el cargo de fiscal de Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico e Incendios Forestales (2007-09).
De su trayectoria como fiscal destaca su implicación y defensa del medio ambiente, donde ha trabajado en distintas publicaciones, ponencias y trabajos de investigación, destacando por ser uno de los mayores expertos en investigación en incendios forestales. Es gran conocedor de los delitos relacionados con los animales y ha trabajado en distintas ponencias sobre el cambio climático, como demuestra su participación en la COP-25 de Chile-Madrid. También trabajó desde el 2005 en el caso Prestige en todas sus fases: instrucción, recursos y ejecución.
Entre otros aspectos, ha destacado en una activa labor docente en el ámbito jurídico, con publicaciones de distinta índole y participación internacional. Entre otros méritos, está en posesión de una Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil (2008), Medalla al Mérito del Cuerpo Nacional de Policía (2007) y Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Pañafort (2013).
El nombramiento de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado se produjo después de que Dolores Delgado comunicara por carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, su decisión de dejar el cargo por motivos de salud. Considerada su mentora, el salmantino la intentó ascender a la categoría de fiscal de Sala, la máxima de la carrera, algo que el Supremo anuló; y posteriormente la designó como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
Reprobado por el Senado y contestado por el CGPJ, ha terminado siendo el primer Fiscal General de la historia que acaba condenado.
