«El juicio del 'procés' es solo la punta del iceberg de la independencia judicial»

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, saluda al máximo responsable del TSJ, José Luis Concepción./Ricardo Ordóñez
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, saluda al máximo responsable del TSJ, José Luis Concepción. / Ricardo Ordóñez

El presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León reclama que se desempolve el pacto por la Justicia y reivindica el trabajo de los 330 jueces de la región pese a la falta de medios

M. J. Pascual
M. J. PASCUAL

Otro año más, Cataluña estuvo muy presente en el acto de apertura de curso judicial en Castilla y León porque, con la sentencia del procés al caer, el Tribunal Supremo es el espejo de «unidad y constitucionalismo» el que se miran los jueces y ahora más que nunca, cuando se está cuestionando reiteradamente su independencia. «El juicio del procés es solo la punta del iceberg. Los casi 6.000 jueces y magistrados que integran el Poder Judicial español trabajan con ahínco y ejercen su función jurisdiccional con profesionalidad y eficacia desde su irrenunciable independencia», defendió el presidente del Tribunal Superior de Justicia. «España se configura como un estado políticamente disgregado pero judicialmente integrado, con las óptimas consecuencias que ello tiene y que se ha evidenciado en los últimos tiempos, cuando la unidad de España ha sido puesta en peligro y cuando la desobediencia a la Constitución ha tenido que ser combatida con todas las armas que procura el Estado de Derecho», recalcó.

Especialmente, José Luis Concepción hizo una reivindicación a ultranza del trabajo que realizan los 330 jueces destinados en Castilla y León, «que dan cada día un ejemplo de abnegación y servicio, pese a las condiciones desfavorables en las que la mayor parte desarrolla su trabajo». Como muestra, mencionó las casi 200.000 resoluciones judiciales que han firmado durante el año 2018, lo que significa que son 8.000 sentencias y autos más que en la anualidad anterior.

El rapapolvo de la Fiscalía por el uso electoral de las denuncias

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, aprovechó la presencia de representantes de todo el arco político, incluido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que por primera vez se estrenaba en calidad de tal en el acto de apertura del año judicial, para dar un tiron de orejas a los políticos por «el uso infundado que, en ocasiones, y en especial en época electoral, se pretende hacer de este instrumento, con denuncias con poco fundamento y escaso rigor, que lo único que persiguen es la destrucción o el descrédito del adversario». Incidió la representante del ministerio público que la via penal es fundamental para combatir la corrupción, «pero no la única». Entiende que es «vital» que «funcionen los controles administrativos y contables y los órganos de control para que la vía penal se encargue de aquello que es verdaderamente su competencia». La limpieza de la sociedad, subrayó, «no se puede dejar solo en manos del Derecho Penal, que debe ser la última ratio».

De la memoria fiscal anual, Rodríguez Rey destacó «la mayor confianza de los ciudadanos en la Fiscalía», que se ha traducido en ,ás diligencias de investigación abiertas. Concluyó su discurso tal y como empezó, dirigiéndose a los políticos, reclamándoles que lleguen a un consenso para que, «de una vez por todas, se lleve a cabo la necesaria reforma judicial».

Reflejan estas cifras la importante carga de trabajo que soportan los juzgados de la comunidad porque, a pesar del aumento en el número resoluciones, los expedientes que arrastran de un año para otro, especialmente en el orden penal, es aplastante y solo hay que ver los libros de señalamientos, con juicios fechados a años vista.

La «excelencia del trabajo de los jueces» a la que se refirió Concepción se exhibió ante los representantes políticos que asistieron a la apertura del año judicial. Entre ellos, y asi lo evidenció el magistrado segoviano, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien antes de ser jefe del Ejecutivo tuvo la cartera de consejero de Interior y Justicia, cuya misión principal era negociar el traspaso de competencias de Justicia para Castilla y León, una reivindicación que figura en el Estatuto de Autonomía pero que no ha saltado del papel y hace unas cuantas legislaturas que ha dejado de ser una prioridad para la Junta, habida cuenta del coste.

«Ojalá este buen hacer de los jueces sirva para que quienes tienen la responsabilidad ejecutiva y legislativa en nuestro Estado acaben, de una vez por todas, por colocar el Poder Judicial en un plano de igualdad en relación con los otros dos poderes». En especial, subrayó el presidente del TSJ, en lo que a medios se refiere, «y se alcance ese necesario consenso entre todas las fuerzas políticas para aprobar definitivamente esa vieja asignatura pendiente de nuestra joven democracia que es la Justicia».

A este respecto, recordó «el Judicial es el único Poder del Estado que no posee una autonomía presupuestaria». Esa falta de presupuesto es la que ha impedido, tal y como ha subrayado, que el TSJCyL celebrara como se merece sus treinta años de vida. «Ojalá esta realidad sirva para colocar al Judicial en un plano de igualdad en relación con los otros poderes» y «se alcance ese necesario consenso entre todas las fuerzas políticas para aprobar definitivamente esa vieja asignatura pendiente de nuestra joven democracia que es la justicia».

A ese deseo de desempolvar el pacto por la Justicia se sumó en su discurso la Fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, quien ofreció cuatro pinceladas de la Memoria Fiscal de 2019 con datos de 2018 y que, aunque los datos no difieren mucho de los del informe anual anterior, sí evidencian un incremento del 25% en los delitos contra la libertad sexual. Aunque representan un porcentaje muy pequeño en el cómputo global de la criminalidad en Castilla y León, Rodríguez reconoció que «producen alarma, preocupación y repulsa social, de modo que se trata de una llamada de atención que nos obliga a estar alerta».

Mencionó Rodríguez Rey a las cinco mujeres asesinadas en 2018 en la comunidad víctimas de violencia de género, en un contexto en el que se han incrementado un 8% los delitos de violencia sobre la mujer. Los fiscales insisten: «Hay que conseguir aumentar el número de denuncias: la denuncia no lo es todo, pero sin ella no tenemos nada».

Y concluyó con un apunte sobre los delitos de seguridad vial, que inundan los juzgados de Castilla y León y ocupan el primer puesto en número de sentencias dictadas. La Fiscalía considera que la respuesta penal «es muy limitada» respecto de la conducción bajo el efecto de las drogas, «una conducta cuyo incremento va en alza y que debemos atajar».