Los controladores aéreos indemnizan a viajeros vallisoletanos por la huelga de 2010

Una familia espera en las instalaciones de Villanubla por la cancelación de su vuelo en diciembre de 2010. /HENAR SASTRE
Una familia espera en las instalaciones de Villanubla por la cancelación de su vuelo en diciembre de 2010. / HENAR SASTRE

Un acuerdo extrajudicial conlleva el pago de 1.000 euros por afectado, más los gastos de hoteles y manutención, después de quedarse en tierra en el puente de la Constitución

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Grupos de viajeros de Valladolid, Palencia, Salamanca y León, que durante el puente de la Constitución del año 2010 se vieron afectados por la huelga de controladores de Aena, que obligó al Gobierno a cerrar el espacio aéreo español, y que reclamaron en los tribunales por la cancelación de las salidas, han comenzado a recibir una indemnización por los daños morales y el importe de los gastos a los que tuvieron que hacer frente al quedarse en tierra por este paro.

Muchas familias de la provincia programaron viajes de ocio durante los cinco días del puente de hace nueve años, pero la huelga de los controladores por mejoras laborales les obligó a quedarse en las salas de espera de aeropuertos como Villanubla o Madrid.

Entre las rutas desde Valladolid, programadas aquellas fechas por las agencias de viajes, estaban los chárter a Praga, Dubrovnik, Marrakech o Estambul.

Pero también se vieron efectados viajeros de la provincia con destinos a ciudades europeas, como Dublín, París y Roma, que se contrataron para salir desde Barajas.

El paro forzó al Ministerio de Fomento a movilizar a personal del Ejército del Aire para evitar un mayor colapso, y que la Fiscalía acusase a los controladores de un delito de sedición.

Tras nueve años de reclamación en los tribunales de una parte de estos afectados (se estimó en 2.500 en Castilla y León por los vuelos previstos desde Villanubla), el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo ha llegado a un acuerdo extrajudicial con 126 controladores de los 133 acusados por la Audiencia Nacional para cerrar este pleito.

Aunque los demandantes en la región (472) que defendía este bufete madrileño habían solicitado 10.000 euros por pasajero, el acuerdo suscrito con la mayoría de los controladores conlleva el reconocimiento de solo 1.000 euros por cada pasajero, en concepto de daños morales.

A ellos hay que sumar la indemnización por los perjuicios generados al tener que contratar alojamiento en hoteles, transportes de regreso, 'parking', comidas y pérdidas por entradas a lugares de ocio previstos en los países de destino.

Según el acuerdo, estos últimos importes debían de justificarse y estar incorporados en las demandas que se presentaron hace más de un lustro. Se reconocen, de no ser así.

Viajeros vallisoletanos increpan a dos controladoras durante la huelga de 2010.
Viajeros vallisoletanos increpan a dos controladoras durante la huelga de 2010. / ALBERTO MARTÍN- EFE

El despacho, que ha fijado unos honorarios por estas reclamaciones del 30% del importe total obtenido, se ha comprometido a seguir ejerciendo la acusación contra los siete controladores aéreos con los que no se ha llegado a este acuerdo.

La finalidad es que paguen la parte proporcional de los 10.000 euros de indemnización por pasajero, asumiendo el bufete el tiempo de espera hasta la resolución de una sentencia firme, así como los riesgos en el procedimiento por una posible reducción en el importe de las indemnizaciones y la eventual condena en costas en el supuesto de que se produzca una resolución contraria a la acusación particular.

En el caso de una familia vallisoletana, con cuatro miembros que se quedó en Madrid cuando había contratado un viaje a Irlanda, la indemnización que ha recibido ha sido de 1.119 euros por los daños morales y materiales.

De este importe, el despacho ha restado 335 euros (30% por honorarios), otros 98 por gastos de gestión y el IVA, por lo que el pasajero ha percibido 594 euros.

El despacho de Cremades representó a unos 12.138 afectados en toda España, a los que se les ha dado también la alternativa de continuar pleitando por la condena penal y la responsabilidad civil, con el riesgo a no cobrar nada o a que los tribunales redujeran los importes pactados.

Durante el procedimiento, la Audiencia obligó además a los controladores denunciados por esta huelga a tener que aportar un fondo de garantía. Ante la magnitud de estas reclamaciones, se produjo por parte de los querellados donaciones y ventas de sus propiedades particulares.