Amilivia denuncia que el FCI es «incapaz de corregir desequilibrios entre los territorios»
El procurador de UPL-Soria Ya, José Ramón García, ha asegurado que con dos regiones se recibirían más fondos, porque la leonesa «tiene datos peores en lo socioeconómico» que la castellana
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, dejó claro hoy en las Cortes regionales que el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) creado por la Constitución Española para «corregir desequilibrios y garantizar solidaridad entre los territorios» es «insuficiente« e »incapaz de alcanzar sus objetivos».
Amilivia trasladó que la Ley la que fija la cuantía y los criterios no se han modificado en 24 años y ninguna fuerza política lo ha hecho, donde se pondera la población (85 por ciento), las entidades singulares (donde Galicia tiene más que Castilla y León), o la superficie, que se valora un tres por ciento, de ahí que «salgamos mal parados», remarcó.
Además, quiso destacar que este fondo «no va para provincias ni regiones, sino para las autonomías y son ellas las que determinan los proyectos», además de comentar que el descenso de la cantidad total «viene por la caída de la inversión pública», que se une a que los criterios «no favorecen a Castilla y León», como la población o el territorio, apostilló.
Mejor con dos regiones
El procurador de UPL-Soria Ya, José Ramón García, aseguró que si hubiera dos regiones, es decir, la castellana y la leonesa, se recibirían más fondos, porque la leonesa «tiene datos peores en lo socioeconómico. Al final salimos perjudicados los de siempre», quien puntualizó que Galicia o Castilla-La Mancha, territorios comparables con Castilla y León, perciben mayor número de fondos.
Criticó la gestión que realiza la Junta, dado que no imputa proyectos bien definidos y hablan de superproyectos, que «no están bien concretados y se dotan a las consejerías de manera generalizada», por lo que instó a la existencia de «mayor transparencia y una relación más detallada de los mismos».
Por su parte, desde Vox, Susana Suárez calificó de «obsoletos» estos fondos y mecanismos, al lamentar que Castilla y León sufre una «infrafinanciación», dado que otras autonomías han recibido más dinero que en otros años, algo que no ocurre en Castilla y León, lo que genera un «desequilibrio» y que genera una desigualdad en actuaciones como en infraestructuras. «Se va de más a menos».
Además, criticó que existan provincias desfavorecidas año tras año, como Zamora o Palencia, en el reparto de fondos, por lo que «ya no solo hay desigualdades entre autonomías, sino que ahora también las hay dentro de la propia Comunidad entre las provincias», lamentó.
Actualizar criterios
La procuradora 'popular' Noemí Rojo destacó que el informe «valida la gestión de la Junta», aunque cargó contra el descenso paulatino de los fondos que proceden del Estado, por lo que solicitó que los criterios de reparto actuales sean analizados y actualizados, donde se tiene que tener en cuenta la «singularidad» de Castilla y León.
La despoblación y el envejecimiento deben tener más peso en los criterios para la entrega de estos fondos y su dotación, la cual es «insuficiente para corregir los desequilibrios económicos y sociales que afectan a Castilla y León». Y es que, esta «infrafinanciación limita su utilidad».
Pese a ello, Castilla y León «sigue creciendo y generando oportunidades económicas y sociales, al crearse empleo de calidad y con fiscalidad favorable», añadió Rojo.
Por el contrario, el procurador socialista José Luis Vázquez cargó contra la gestión de la Junta, al asegurar que «carece» de un plan para la Comunidad, donde «se pierde la oportunidad de ejercer con efectividad de estos fondos, por pequeña que sea la partida. La falta de proyectos de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco hace que tenga una actuación clientelar para este tipo de fondos».
Incidió como segoviano en lo «perjudicada» que sale dicha provincia, así como Palencia, en la recepción de los fondos, además de lamentar la «falta de transparencia» en los proyectos que se llevan a cabo, que se une a la «falta de cohesión territorial» del Gobierno autonómico.
Recomendaciones
Amilivia apuntó, a la vista de todo ello, la única recomendación realizada, dirigida a la Consejería de Economía y Hacienda. Se anota que, en aras de un conocimiento más preciso de las actuaciones concretas financiadas por el FCI, la Consejería debería incluir una relación expresa de los proyectos de inversión y, en su caso, gastos de funcionamiento asociados, que se financien con cargo a los Fondos en el Anexo a la Sección 36 de los Presupuestos Generales del Estado.
En el ámbito de Castilla y León, como sucede año tras año, las inversiones no corresponden a proyectos concretos de gasto sino a determinados superproyectos, apuntó el presidente del Consejo de Cuentas.
Estos superproyectos incluyen como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años. Son gestionados por las distintas Consejerías del Ejecutivo autonómico y contienen operaciones de capital presupuestadas por un importe muy superior a las dotaciones de los FCI. Sus gastos son también elegibles para ser financiados con otras fuentes de financiación, especialmente fondos europeos.
Dos informes
Amilivia presentó hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes un informe de los expedientes justificados con cargo al FCI del ejercicio 2022, cuando Castilla y León recibió una dotación de 18,9 millones (el 4,37 por ciento) de un importe total de 432,4 millones de euros nacional. Una auditoría que constata que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos del FCI en lo respectivo a la naturaleza de los gastos realizados, así como los expedientes revisados se corresponden con el tipo de gasto financiado, que son gastos de inversión y se han contabilizado correctamente. Amilivia detalló que Castilla y León se mantuvo en el octavo lugar en porcentaje, lo que supuso una reducción del 1,8 por ciento respecto a 2021 debido a una corrección por renta.
Desde 2018, la dotación para Castilla y León no ha superado el cinco por ciento, por lo que la financiación a través de estos fondos tiene un carácter «muy poco significativo». Así, los gastos ejecutados en la Comunidad alcanzaron los 58 millones de euros, importe muy superior a lo que se consideró ejecución del FCI. La Administración General de la Comunidad reconoció el 50,4 por ciento de los derechos provenientes del Fondo; la Gerencia Regional de Salud el 40,3 por ciento, y, el resto, el Instituto Tecnológico Agrario.
Por tipo de política, de los 58 millones, 19 de ellos se reconocieron en educación; 18 en agricultura y ganadería; 15 en sanidad, y cinco en infraestructuras viarias. El gasto susceptible de ser imputado al Fondo se realizó principalmente en las provincias de León, Soria y Salamanca, apuntó.
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