Celaá cambiará su reforma con propuestas del Consejo Escolar y las autonomías

La ministra de Educación, Isabel Celaá, preside la Conferencia Sectorial de Educación. / efe

El 'no' definitivo del PP condena a la ministra a lograr el respaldo de los nacionalistas y Podemos para poder aprobar la nueva ley educativa

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

Isabel Celaá completó este miércoles el último trámite preceptivo para que el Consejo de Ministros pueda aprobar en breve y de manera definitiva el proyecto de nueva ley de educación. Antes, la ministra modificará el actual anteproyecto para incorporar parte de las enmiendas y mejoras que le han presentado los gobiernos autonómicos y la comunidad educativa –representada en el Consejo Escolar del Estado–, según se comprometió hoy con los consejeros del ramo de todas las autonomías, a los que reunió en conferencia sectorial para exponerles su reforma legislativa.

La idea del Ejecutivo es remitir el proyecto de ley en febrero al Congreso para que tramite la que sería la octava ley educativa de la democracia, que, en caso de ser aprobada, derogará la Lomce de Juan Ignacio Wert –solo apoyada en 2013 por el PP– y modernizará la última ley educativa socialista, la LOE de 2006.

Todos los consejeros de Educación hicieron hoy una valoración positiva del borrador de reforma gubernamental salvo los cinco del PP –Galicia, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia–, que lo descalificaron por completo, ratificaron que el 'no' de su partido es definitivo, y que cuando el proyecto llegue al Congreso presentarán una enmienda a la totalidad con su propia ley alternativa. Solo ven una reforma «ideológica» del gusto de los independentistas que rebaja la exigencia y limita la capacidad de elección de los padres: «Una chapuza cósmica» y «una vuelta al pasado».

El respaldo a la norma de las ocho autonomías gobernadas por el PSOE fue total y las cuatro vinculadas a formaciones nacionalistas, País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias, dejaron la puerta abierta a negociar su apoyo siempre que se respeten sus propuestas.

El 'no' rotundo del PP, sumado a la negativa a respaldar una reforma educativa sin amplio consenso ya anticipada por Ciudadanos, condena a Celaá a conseguir el apoyo parlamentario de al menos la misma mayoría coyuntural que permitió el desalojo de la Moncloa de Mariano Rajoy –Podemos, PNV, ERC y PDeCAT– si quiere lograr los 176 escaños que se necesitan para aprobar una ley orgánica, como es el caso.

Unidos Podemos ya ha avisado al Gobierno que, ahora, no cuenta con sus votos. Le exige la Religión fuera del horario escolar, elevar la inversión educativa al 5% del PIB, y liquidar los conciertos con centros privados en Bachillerato y FP.

Negociarán la cotización obligada de los becarios

Los ministerios de Trabajo, Universidades y Educación van a mantener reuniones con todos los actores de la comunidad educativa para llegar a un acuerdo sobre la aplicación del decreto que desde diciembre obliga a dar de alta y a pagar las cotizaciones sociales a cualquier alumno que realice prácticas académicas en una empresa o en una institución, con independencia de que sean obligadas por el plan de estudios o que sean o no remuneradas. Los rectores avisaron de que supondrá un gasto inasumible para las universidades y una reducción de la oferta de prácticas.