Celaá saca adelante su ley con el apoyo decisivo de los nacionalistas

La Comisión de Educación del Congreso debatió y aprobó en una sesión maratoniana el dictamen de la norma, que ha incorporado al proyecto original alumbrado por el Consejo de Ministros casi 350 enmiendas, en su gran mayoría pactadas por los socios gubernamentales, PSOE y Unidos Podemos, pero también, de forma especial, con ERC, PNV, EH Bildu, JxCat y Más País.

El dictamen logró el respaldo de los socios de Gobierno, de ERC, del PNV y de Más País, con la ausencia de EH Bildu, lo que asegura a la ministra de Educación que su norma recibirá la luz verde del Congreso en el pleno del próximo 19 de noviembre. El proyecto tendría la semana que viene asegurados los 176 escaños logrados en comisión, lo que garantiza la mayoría absoluta que precisa por ser una ley orgánica. De hecho, posiblemente superará esta meta, ya que es previsible que apoyen el texto varios pequeños grupos de izquierda.

Lo que es seguro es que el proyecto recibirá en el pleno, como ocurrió en la comisión, un contundente 'no' por parte de PP, Ciudadanos y Vox, que consideran que la norma es un texto ideológico y partidista sin consenso alguno, que será la puntilla para la enseñanza en castellano, que bajará el nivel de exigencia en colegios e institutos, y que representa un ataque a la libertad de elección de centro y a la escuela concertada. De hecho, las tres formaciones avanzaron que pedirán al Tribunal Constitucional que decrete su ilegalidad y el PP, que reclamó la dimisión de Celaá, aseguró que tumbará la ley en cuento cambie la actual correlación de fuerzas en el Parlamento.

El proyecto de ley, que si tiene el respaldo del pleno del Congreso completará su tramitación en el Senado, recibió el visto bueno en comisión mientras los representantes de los colegios concertados -empresas, padres, sindicatos y asociaciones-, que han recogido 1,5 millones de firmas para pedir su paralización, se manifestaban por tercera vez ante las puertas del hemiciclo. Buena parte del texto cuenta también con la repulsa de sindicatos docentes como Anpe, CSIF, FSIE y USO y con el respaldo crítico de las formaciones de izquierda (CC OO, UGT y STEs).

La futura ley, parte de cuyo contenido el Ministerio de Educación quiere ya aplicar de cara al curso 2021-2022, contiene una batería de medidas para convertir la repetición de curso en algo «excepcional» y para aumentar los porcentajes de alumnos que logran el título y proseguir estudios, tanto en la educación obligatoria (ESO) como en la secundaria superior (Bachillerato y FP).

Las evaluaciones en Primaria se harán cada dos años y no cada curso; solo se podrá repetir dos veces en toda la educación obligatoria -hasta ahora eran una en Primaria y dos en ESO-; abre la puerta a promocionar en ESO sin un límite concreto de suspensos siempre que lo acuerde el equipo docente; será obligado que el repetidor tenga un plan de refuerzo personalizado; y el Bachillerato podrá cursarse en tres años.

Se liquidan las reválidas, termina con los itinerarios que la Lomce fijaba en la ESO, por lo que habrá un título único para todos los que superen cuarto o la FP Básica que valdrá para seguir en el instituto o en FP; el Bachillerato se podrá lograr con un suspenso; y habrá mayor facilidad de acceso a la FP media.

La red pública se convertirá en el eje de la educación, en detrimento de la concertada. Se elimina la «demanda social» de la Lomce, que permitía a la concertada aumentar plazas y centros a petición de los padres; no se cederán terrenos públicos para colegios privados; se potenciará la creación de plazas públicas; se controlará la exigencia de cuotas obligatorias; en el proceso de admisión se terminará con el distrito único y se primara la cercanía, la renta y la presencia de hermanos en el centro; se pretende evitar la segregación con el reparto equilibrado de alumnos con necesidades de apoyo educativo -discapacitados, vulnerabilidad económica o extranjeros-; y se prohibirá el concierto con centros que separen por sexo.

La futura norma elimina el calificativo del castellano como lengua «vehicular» de la enseñanza en todo el país; permite a las autonomías fijar entre el 50% y el 60% del currículo; deja a la Religión sin valor académico y sin asignatura alternativa; tanto en Primaria como en ESO habrá un curso en el que se impartirá una nueva materia, Educación en Valores Cívicos y Éticos; la Historia de la Filosofía volverá a ser obligatoria en segundo de Bachiller; el Gobierno y las autonomías fijarán por ley los criterios y requisitos para el funcionamiento de la educación de 0 a 3 años; se aligerarán los currículos y se modernizarán los métodos de aprendizaje; se diseñará junto a las autonomías un plan para que en una década la mayoría de alumnos con discapacidad estén en centros ordinarios; se da más poder a padres, alumnos y profesores para la designación del director y la gestión del centro; y se fija el compromiso de que en el plazo de un año se elaborará un conjunto de normas para cambiar la formación inicial y permanente del profesorado, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente, entre otras múltiples medidas.