El guardia civil de La Manada que trató de sacar el pasaporte seguirá en libertad

Según las partes acusatorias, es decir, la Fiscalía, la acusación particular que representaba a la víctima del abuso sexual de los Sanfermines de 2016 y las acusaciones populares que representaban al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra, consideraron que el interés en renovarse el pasaporte constituía una ruptura de las medidas cautelares, por lo que Antonio Guerrero debería ingresar en prisión.

Sin embargo, el guardia civil aseguró que no tenía intención de renovar el pasaporte como prohibía el auto de libertad provisional, sino que tan sólo preguntó si, para entregarlo, debía renovarlo ya que el que poseía había caducado. Su abogado, Jesús Pérez, ha realizado unas declaraciones en este sentido. «Estaba claro que no quería sacarse el pasaporte», dijo tras conocer la resolución del tribunal navarro.

El letrado ha admitido que tras la decisión del tribunal ambos están «muy contentos». «Ha sido mucha tensión la que hemos sufrido, aunque esperábamos que no podía ser de otra forma», ha declarado.

En esta misma línea, en el auto, los magistrados consideran que no existe causa suficientemente justificada para modificar la situación de libertad provisional. «la prueba practicada pone de manifiesto que la actuación» del procesado «en ningún momento estuvo encaminada a procurar el incumplimiento de las medidas acordadas» en el auto del 21 de junio.

Entre otros argumentos, la Audiencia destaca el hecho de que ninguno de los funcionarios que intervinieron en el intento de renovación del pasaporte reaccionaran, ni dieran aviso de inmediato a este tribunal, ni se elaborara tampoco un atestado policial, ni se remitiera comunicación alguna a la autoridad judicial.

Para los dos magistrados, que la única reacción policial haya sido la publicación de un tuit por parte de la Policía Nacional tres días después «hace dudar seriamente de que lo sucedido hubiera dado lugar en su momento a la más mínima alarma», y hace pensar que la comparecencia del encausado en la oficina de pasaportes, «desde un punto de vista lógico y racional, atendiendo al sentido común, no generó ninguna respuesta porque en ningún momento se dio a la misma la importancia que ahora pretenden atribuirle las acusaciones, quienes tampoco han acreditado suficientemente el elemento intencional indispensable para poder extraer de lo ocurrido las consecuencias que ahora se pretenden».

El pasado 5 de julio, se celebró en la Audiencia de Navarra una vistilla para revisar la situación del guardia civil. Dicha vistilla se prolongó por más de cuatro horas, cuando lo normal suele ser que no se extiendan más allá de una hora. En dicha vistilla declararon un total de diez personas entre el guardia civil, algunos familiares del mismo y los trabajadores de la oficina de expedición de pasaportes. Él mismo y sus familiares defendieron la tesis del miembro de La Manada.

Sin embargo, uno de los magistrados de la Sala Segunda, el presidente de la misma, José Francisco Cobo considera en un voto particular que Guerrero debería ingresar en prisión. Cobo esgrimió este voto particular para oponerse a la concesión de la libertad provisional y también para el auto conocido el pasado día 18 por el que se rechazaba los recursos presentados contra dicha puesta en libertad.

En su voto particular, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia califica como «contradictoria» e innecesaria la actuación llevada a cabo por el procesado. Recalca que, de haber conseguido el pasaporte, se hubieran incrementado las posibilidades del riesgo de fuga del encausado.

El presidente de la sala pone de relieve «la falta de transparencia en la realización de las gestiones» llevadas a cabo. Para este magistrado, «cabe considerar acreditada, por tanto, la voluntariedad en la obtención de forma subrepticia del pasaporte, iniciada con una extraordinaria celeridad, inmediatamente después de su puesta en libertad provisional».

De esta forma, Antonio Guerrero continuará en libertad, igual que el resto de integrantes del grupo autodenominado La Manada, y con las mismas medidas cautelares, entre las que destacan su paso por los juzgados de Sevilla los lunes, miércoles y viernes, la imposibilidad de entrar en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde vive la víctima, y la obligación de estar localizables en todo momento.