Ya lo dijo Groucho: «Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros».
¿Cómo explicar, en estas circunstancias, a jóvenes construyendo el futuro el valor de la palabra dada?
Pero, vamos a ver: ¿No vivimos en una realidad cambiante, panta rei ('todo se mueve'), etc.? Pues ¿qué tiene de particular que don Pedro el de La Moncloa haya mudado de opinión? Ayer castigo, hoy perdón. Y ya está.
Don Pedro expone sus razones y 120 diputados callan y, por tanto, otorgan monolíticamente. Y a otra cosa. Entre ellos, eminentes juristas de reconocido prestigio, una de ellos ex miembro del CGPJ, Magistrada de Sala del TS, jueces de la Audiencia Nacional, y otros. Todos convienen, expresándose mediante el aplauso al líder (nada nuevo bajo el sol), a pesar de que sea contraviniendo a sus compañeros de Carrera (la Fiscalía y el Tribunal sentenciador) que ha llegado el tiempo del perdón y, con él, el de la paz; primera y última de las tres pes de aquel implorante discurso del último Azaña. La segunda, la de la piedad, quizá, a este paso, tengamos que rogarla para nosotros, el resto de españoles.
¿Dónde se encuentra la separación efectiva de poderes si, al cabo, el ejecutivo anula de facto las decisiones del judicial? Para ese viaje...
Fue voluntad del legislador conservar la prerrogativa del derecho de gracia en poder de la Corona conforme a una ley de 1870, tal como consta en el artículo 62 i de la Constitución Española. Pero, ¡ojo!, en poder de la Corona, no del Presidente del Gobierno. Y fue voluntad del legislador separar la facultad de EJERCER de la obligación de EXPEDIR las decisiones del Consejo de Ministros, que estipula el apartado f del citado texto legal.
Así lo estudió Mario Conde (Abogado del Estado) en un impecable artículo publicado en 'La Razón' días antes de que se consumara el acto. Sin embargo, no se decidió por parte del rey, ni siquiera, explorar esta vía para cuestionar la obligación de la rúbrica. Lo más cómodo fue estampar la firma. También habrá sido, supongo, lo más margo para quien no solo amonestó los hechos en su momento, sino para quien sufre continuos desplantes por parte de las autoridades del gobierno de la Generalidad de Cataluña.
Se pudo haber elevado por el equipo jurídico de Zarzuela una consulta en tal sentido al Consejo de Estado, aunque hubiere resultado, en el peor de los casos, algo meramente simbólico o testimonial. Pero se optó por la EXPEDICIÓN en lugar de por el EJERCICIO. Quizá por evitarse, como decía don Quijote, «uno de los mayores trabajos que los reyes tienen, entre otros muchos, el estar obligados a escuchar a todos y a responder a todos (II-6)».
Así las cosas, quienes pública y notoriamente exclaman – más que manifiestan – que volverán a delinquir de manera reincidente, están en la calle (el Tribunal Supremo ha desestimado medidas cautelarísimas, cualquiera mete a estos de nuevo en la cárcel) para mejor preparar la reincidencia.
¿Y el dinero público que malversaron? Eso es algo aleatorio.