Los otros encausados del 'procés'

Tras los indultos, la siguiente pantalla para el independentismo se llama amnistía, a pesar de que el Gobierno advierte de que no cabe en el ordenamiento jurídico. Los secesionistas reclaman una ley de amnistía como la de 1977, con la que se dé respuesta a los más de 3.000 represaliados que ERC, Junts, la CUP, la ANC y Òmium aseguran que hay víctimas del 'procés'.

En esa lista, incluyen los doce condenados por el Tribunal Supremo, ahora indultados, los 'exiliados' (Puigdemont, Ponsatí, Puig, Comín, Gabriel y Rovira, Valtonyc), la inhabilitación de Quim Torra, las decenas de personas investigadas por el Tribunal de Cuentas, los más de 700 alcaldes imputados, condenados o procesados por colaborar con el 1-O, así como la excúpula de los Mossos, juzgada y absuelta por la Audiencia Nacional, o los exmiembros de la Mesa del Parlament, que fueron condenados por desobediencia, los integrantes de la Sindicatura electoral del 1-O y los más de 700 ciudadanos investigados en diferentes causas relacionadas con el 'procés' desde 2017, ya sea activistas CDR en las protestas o en las acciones de Tsunami Democràtico. En lo que Òmnium Cultural llama el 'mapa de la represión' incluye también las mil personas que resultaron heridas el 1-O (la mayoría de manera leve) y las cerca de 400 que también sufrieron daños en los enfrentamientos con la Policía en las protestas que se produjeron como respuesta a la sentencia del 'procés', en 2019.

El último caso judicial relacionado con el desafío secesionista de estos años es el del exconsejero de Interior de la Generalitat durante el mandato de Quim Torra, Miquel Buch. La Fiscalía pide seis años de prisión para Buch por facilitar un escolta del cuerpo de los Mossos a Carles Puigdemont durante su huida a Bruselas. Está acusado de prevaricación y malversación. Aún queda pendiente además la macro causa que se instruyó en el juzgado 13 de Barcelona, el primero que empezó a investigar penalmente el referéndum ilegal del 1-O. En este proceso serán juzgadas en la Audiencia de Barcelona 29 personas, la mayoría de ellas altos cargos del Govern durante los hechos de octubre de 2017. Son los dirigentes de la segunda línea del Ejecutivo, colaboradores estrechos de los consejeros, desde directores generales, secretarios generales o incluso los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes. Se sentarán en el banquillo por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación, acusados de participar en los preparativos del 1- O. Entre ellos está la actual consejera de Cultura del Govern de Pere Aragonès, Natalia Garriga.

Están cerca de juicio también dos diputados de ERC, Josep María Jové y Josep Lluís Salvadó, que eran estrechos colaboradores de Oriol Junqueras durante octubre de 2017 en la Consejería de Economía y en la Vicepresidencia. Jové es el actual presidente del grupo parlamentario republicano en el Parlament y es uno de los pesos pesados de Esquerra. No en vano, formó parte de la delegación catalana en la primera reunión entre el Gobierno central y la Generalitat de la mesa de diálogo celebrada en febrero de 2020. Están procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.