Jueces y fiscales comienzan su huelga de tres días contra las reformas del Gobierno

Llegó el día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vivirá en solo ocho años la segunda huelga general de jueces y fiscales contra sus políticas en materia de justicia. En 2018, con Dolores Delgado como ministra del ramo antes de ser nombrada un año después como fiscal general del Estado, sus reclamaciones eran mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público. Ahora son parecidas -salvo el aumento retributivo-, aunque centradas en las polémicas reformas que ha elaborado el ministro Félix Bolaños, fundamentalmente la del acceso a ambas carreras profesionales y la del Estatuto Orgánico de la Fiscalía.

El seguimiento de la huelga convocada para este martes, el miércoles y el jueves por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales -solo se autoexcluyen las dos de orientación progresista- permitirá calibrar el grado de descontento en juzgados y tribunales. El 19 de noviembre de 2018 más de 4.200 profesionales de ambas carreras secundaron aquel paro total, con un seguimiento de casi el 61% en la judicatura y cerca del 39% en el Ministerio Público. Los convocantes esperan superar esta vez dichas cifras, al menos en el inicio de la protesta.

Con el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General remarcando que el ordenamiento vigente no ampara el paro de quienes ejercen como servidores del Estado, los organizadores han previsto unos servicios mínimos que garanticen, entre otros servicios, las guardias, las actuaciones con detenido, las medidas cautelares urgentes, los levantamientos de cadáveres, los registros o los casos que afecten a personas vulnerables. Por su parte, las asociaciones profesionales tienen previsto un primer balance de la huelga este martes al mediodía.

Lejos de cambiar una sola coma de sus anteproyectos para tratar de alcanzar un acuerdo con los profesionales convocantes de estos paros, lo que el Gobierno ha hecho ha sido reclamar al CGPJ que tome medidas para restar el salario correspondiente a aquellos jueces y fiscales que participen en esas protestas. Para ello se ha apoyado en el propio criterio que el Consejo que viene defendiendo desde 2009, en el sentido de que no tendrían derecho a ir a la huelga, más allá de su motivación. Así se lo recordó el lunes, reclamando que se informe al Ministerio de Justicia de las personas que no acudan a sus puestos de trabajo.

El ministerio que dirige Bolaños ya descontó en 2018, por primera vez, el salario a los miembros de ambas carreras profesionales que protagonizaron la huelga referida anteriormente. Sin embargo, la Audiencia Nacional, tras estudiar el recurso de un juez que impugnó aquella decisión, concluyó que el Gobierno no podía quitarles una parte del sueldo escudándose en los paros y le obligó a devolver lo restado.

En su informe sobre una de las polémicas reformas del Ejecutivo que motivan las protestas del sector, en este caso la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Poder Judicial realiza varias objeciones importantes, entre ellas, que la Policía Judicial -por ejemplo, la UCO de la Guardia Civil que lleva a cabo las pesquisas en el 'caso Koldo', los de la esposa y el hermano del presidente Pedro Sánchez o el del fiscal general del Estado- pase a depender de la Fiscalía, algo que el órgano de gobierno de los jueces considera que supera «el ámbito propio de un estatuto orgánico« y »se proyecta sobre un ámbito personal que trasciende al de los integrantes» de la Fiscalía.

Se trata de un paso que se antoja decisivo en la estrategia del Gobierno para quitar la instrucción de las causas a jueces y magistrados, competencia que mantiene en la actualidad, y dejarla en manos de los fiscales a imitación en buena medida del modelo anglosajón. De esta forma, entre otras cosas, el fiscal jefe de cada territorio designaría a los fiscales responsables de cada investigación.

Dicho anteproyecto, junto al de la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal -del que se reprocha que contribuya a la desprofesionalización de la judicatura-, ya han sido bautizados como 'leyes Bolaños' y, según sus críticos, contribuirán de forma decidida a reducir la independencia judicial, amén de no resolver los problemas «reales» de la justicia. Pese a ese rechazo generalizado en el sector, el ministro insiste en que seguirá adelante con ellas y, tras su visto bueno en las próximas semanas por el Consejo de Ministros, serán llevadas al Parlamento donde tratará de recabar los apoyos necesarios para su aprobación final.

Desde el Consejo también se critica en su informe que los cambios que se pretenden hacer en el Ministerio Público no garanticen su «carácter de órgano independiente» . algo que, aunque no se recoge de forma expresa en la Carta Magna, sí «está ínsito en la regulación constitucional de la institución». Además, censura que se supriman o alteren varias de las atribuciones del Consejo Fiscal, llegando a «desnaturalizar» su función actual como contrapeso del fiscal general del Estado, del que valora que se alargue su mandato más allá de la legislatura aunque echa en falta que no haya una una prohibición explícita que impida que el Gobierno pueda darle indicaciones, instrucciones o directamente órdenes.

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