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El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la moción del Parlament que reprobó el discurso pronunciado por el Rey el 3 de octubre del pasado año, en plena escalada independentista, y reclamó la abolición de la Monarquía. El Consejo de Estado advirtió este jueves en su informe preceptivo de que no encuentra visos de inconstitucionalidad en la iniciativa, impulsada por En Comú Podem y respaldada por las fuerzas independentistas, pero Pedro Sánchez ha decidido ignorarlo y seguir adelante.
La portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, ha recordado que los dictámenes del órgano asesor del Ejecutivo no tiene carácter vinculante - el Gobierno de Mariano Rajoy también lo desoyó para tratar de impedir la investidura de Carles Puigdemont el pasado enero, tras las elecciones- y que aunque el Gobierno «agradece y respeta» su opinión, no «comparte sus argumentos».
El Consejo de Estado subraya en su evaluación algo que ya admitían los propios socialistas antes de anunciar la impugnación: que, dado que la moción tiene una naturaleza «netamente política y no jurídica» y que no se integra en el ordenamiento legal, no es «idóneo» para ser impugnado ante el máximo intérprete de la Carta Magna. Pese a todo, el Ejecutivo dice ahora, no sólo que recurrirá porque cree que la cámara autonómica se ha «extralimitado» en sus funciones al reprobar al Rey, como anticipó la semana pasada, sino que lo hace porque ve en la moción promovida por la marca catalana de su principal socio parlamentario «un nuevo intento de iniciar un nuevo proceso unilateral que culmine en la proclamación de una república».
La argumentación eleva considerablemente el listón, pero sobre todo contrasta con el discurso que hasta ahora ha mantenido la Moncloa sobre la situación política en Cataluña. El Gobierno lleva semanas insistiendo frente a los reproches del PP y Ciudadanos que las cosas están «mucho mejor» que hace un año y con ese planteamiento rechazan y tildan de frívolas e irresponsables sus continuas llamadas a aplicar, de nuevo, el artículo 155.
En el PSOE existe cierta preocupación por este movimiento. Veteranos dirigentes creen que Sánchez ha «sobreactuado» por temor a que se le acusara de no salir en defensa del Monarca, porque la resolución del Parlament se aprobó justo la noche anterior al desfile y la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real y critican que se ponga en un brete al Tribunal Constitucional. Fuentes del Ejecutivo admiten que su motivación ha sido exclusivamente política. «Ya sabíamos que el Consejo de Estado iba a ir en esa dirección (la de considerar que no hay sustento para un recurso) porque la cuestión no es jurídica -admiten- pero aun así actuamos».
Los líderes de Unidos Podemos rechazaron con contundencia la decisión de recurrir al Constitucional y Pablo Iglesias sostuvo que en vista de la posición del Gobierno ha llegado «la hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia».
El secretario general del partido morado, que ha mantenido una posición ambigüa hacia la Corona, se quejó en un mensaje en Twitter de que el Gobierno defienda que «los representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas no pueden pronunciarse sobre lo que dice o hace un Jefe del Estado que ha llegado al cargo por su apellido, sin pasar por las urnas».
El secretario de Organización recurrió a la ironía y señaló que tras la decisión del Gobierno no queda más que decir «a sus pies majestad». Pablo Echenique cree que el Consejo de Estado ha dicho «lo obvio», que la resolución del Parlamento catalán no tiene efectos jurídicos. Señaló además que las palabras de la portavoz gubernamental de que la figura del jefe de Estado es inviolable y no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una Cámara autonómica parecen más del «ala derecha del PP» que de un portavoz de un Gobierno socialista.
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