El Gobierno garantiza que no habrá excarcelaciones ni beneficios a los presos de ETA

El Gobierno garantiza que no habrá excarcelaciones ni beneficios a los presos de ETA

La portavoz niega cualquier pacto con el PNV para acercamientos y deja la responsabilidad de los movimientos a las juntas de tratamiento

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

No habrá ni progresiones de grado penitenciario que acerquen a la libertad y, ni mucho menos, excarcelaciones. Solo acercamientos. El Gobierno, a través de su portavoz, Isabel Celáa, aseguró hoy que el Ejecutivo socialista no estudia siquiera la posibilidad de otorgar beneficios penitenciarios a los presos de ETA. Es más, garantizó que no hay ningún pacto, «ni nada que se le parezca», con los nacionalistas vascos para las progresiones de grado ni tampoco ningún acuerdo para el movimiento reclusos a cárceles próximas al País Vasco.

Sobre el tema de los beneficios o excarcelaciones, Celáa insistió en que no está sobre la mesa del Ejecutivo porque ésta es una «cuestión» que «entra de lleno» en las funciones de Instituciones Penitenciarias y las juntas de tratamiento y en la que el Gobierno no tendría nada que decir. «Por lo tanto, para nada. No va a haber nada de eso», zanjó radical.

Pero más allá de estas ideas generales para negar cualquier propósito de acelerar las excarcelaciones, la portavoz del Ejecutivo no aclaró nada de cómo serán los acercamientos ni de qué perfiles baraja Instituciones Penitenciarias. Durante una comparecencia muy confusa tras el Consejo de Ministros, Celáa dio incluso a entender que el anuncio de Pedro Sánchez de que los movimientos de reclusos de ETA empezarían por los mayores de 70 años y los enfermos (un criterio que abriría las puertas al movimiento de tres sanguinarios jefes etarras y de otros importantes terroristas) tampoco es del todo cierto y que las premisas de los ancianidad y la mala salud «no agotan el sistema».

El lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar (i), y la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar (i), y la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia. / Adrián Ruiz de Hierro (Efe)

La ministra se refirió al polémico anuncio del presidente del Gobierno y a la reacción que éste produjo en las asociaciones de víctimas, al dejar abierta al acercamiento de, entre otros, los líderes de la banda condenados a centenares de años José Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', Joseba Arregi Erostarbe, 'Fiti', o Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros'. La portavoz dio a entender que se han malinterpretado las palabras de Sánchez. «Vamos a los hechos. Olvidémonos de los titulares y noticias que llevan mucha agresividad para las víctimas». «Para avanzar hay que apartar las especulaciones infundadas que solo crean malestar en las víctimas y desconfianza en las instituciones», fueron algunas de sus ideas.

La portavoz del Ejecutivo de Sánchez se esmeró, ante todo, en defender que el Gobierno tiene poco que decir en la política penitenciaria porque, en síntesis, todo pasa por las juntas de tratamiento de las cárceles.

Celáa, preguntada expresamente por el primer anuncio de Interior de que no acercará a presos con delitos de sangre, no quiso mojarse y llegó al extremo de reconocer que «desconoce» cómo «será la identificación de los primeros presos acercados a las cárcel vascas porque esta es una cuestión que corresponde tomar a las juntas de tratamiento de los respectivos centros». El acercamiento de reclusos de ETA «no va a ser una decisión a tomar por este Gobierno», señaló la portavoz, volviendo a señalar a las juntas de tratamientos de los establecimientos penitenciarios (las mismas que había con el anterior ejecutivo) como las únicas responsables de fijar qué presos pueden ser acercados.

«Gobierno precedente»

En cualquier caso, la también ministra de Educación apuntó que este «proceso de identificación» de etarras para su traslado se «inició por el Gobierno precedente», cuando en febrero encargó un censo para conocer los grados y situaciones de los internos de la banda. También recordó que el Ejecutivo de José María Aznar acercó entre 1996 y 1999 a un total de 105 etarras.

En sintonía con el medido mensaje que viene dando el ministro Fernando Grande-Marlaska, y que el anuncio de Sánchez echó por tierra, la portavoz afirmó que el acercamiento será «indivudlizado, progresivo y de acuerdo a la legalidad». Será un proceso, afirmó, que se realizará con «absoluta transparencia y de manera empática con las víctimas»

 

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