Las pólizas de seguro y un 'soplo', claves en el inicio del juicio de La Vasco

En el marco de las diligencias previas por el caso de La Vasco, en el que seis mineros perdieron la vida en el interior del Pozo Emilio, la Fiscalía solicitó el pasado 5 de junio de 2015 la aportación por parte de los acusados de los correspondientes seguros de responsabilidad civil.

La actuación del fiscal fue tomada en consideración por la juez y trasladada a las partes pero sin embargo no hubo una respuesta en firme sobre esa solicitud y por extensión no se aportó la documentación necesaria al respecto.

La posible existencia de estas pólizas resultaba un aspecto capital en el desarrollo del juicio al ser determinantes ante la posible condena a las partes.

Sin embargo este aspecto estuvo a un paso de ser pasado 'por alto' hasta que el pasado sábado un 'soplo' advertía a los letrados de las acusaciones que varios de los encausados contaban con ese tipo de cobertura.

Fue a partir de ahí cuando se varió la estrategia de los representantes legales de las víctimas instando a que se aclarara uno a uno por parte de los acusados la existencia o no de seguro y por lo tanto el tipo de cobertura con el que se contaba.

De ahí el posterior aplazamiento de las causas para cubrir un nuevo proceso administrativo con las notificaciones a las partes, presentación de las pólizas y requerimientos a las aseguradoras por posibles alegaciones.

A la espera de que finalice ese proceso el juicio, que incluye indemnizaciones por dos millones de euros, permanece paralizado.

Las partes piden indemnizaciones a las familias de los fallecidos por 1.105.000 millones de euros así como más de 776.000 euros a los trabajadores que resultaron heridos, con cuantías que oscilan entre los 272.500 euros y los 24.550 según el grado de las secuelas.

Las reclamaciones afectan a la cúpula de La Vasco, cinco ingenieros de Minas que en su día ocupaban los cargos del jefe y subjefe de Tabliza y responsables del servicio de prevención de riesgos, seguridad y salvamento así como a los cinco vigilantes de seguridad.

Las acusaciones advierten que «incumplieron la obligación que, por sus respectivos cargos, legalmente les incumbía para proteger la seguridad de los trabajadores».