'León Propone' promueve aumentar la financiación de las provincias más despobladas
Según la asociación, el actual sistema de financiación de las diputaciones beneficia a las provincias más pobladas y ricas, y perjudica a las que tienen menos habitantes e industria
«El pasado día 20 de noviembre, el presidente de la Diputación de León defendió en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la necesidad de modificar el actual sistema de financiación de las diputaciones provinciales, incluida la recuperación de un «canon energético» por la generación de energía renovable que se produce en cada provincia. En un momento en el que se vuelve a plantear la necesidad de mejorar la financiación de las Comunidades Autónomas, es muy de agradecer que el Sr. Álvarez Courel demande una mirada hacia la financiación local y enarbole la bandera para una reforma imprescindible», comienza el texto de la asociación León Propone.
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También recuerda que «la Diputación de León fue la primera en adherirse a la petición ante el Parlamento de la asociación León Propone para conseguir un verdadero retorno al territorio de los beneficios de las energías renovables, con un acuerdo plenario adoptado por unanimidad en sesión del día 26 de junio de 2024. También lo hizo la Diputación de Cáceres y poco antes la Federación Nacional de Comunidades de Regantes.«
«El sistema de financiación de las Diputaciones, diseñado en la Ley Reguladora de las Haciendas locales del año 1988 y actualizado en el año 2004 (artículos 131 a 149 del RDL 2/2004), no guarda relación con las competencias efectivas de estas entidades locales. En las provincias con menor número de grandes empresas, las que abonan el recargo provincial del IAE, las principales fuentes de ingresos de las diputaciones son la participación en impuestos del Estado (PIE) y la cesión de recaudación de impuestos del Estado (IRPF - 1,26%, IVA -1,37%, e impuestos especiales, 1,72%). La PIE supone en torno al 66 por ciento de los ingresos provinciales y tiene en cuenta, esencialmente, para su cálculo la población total de cada provincia y no la residente en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son en los que las diputaciones ejercen dos de sus competencias. Es evidente que este sistema beneficia a las provincias más desarrolladas en detrimento de las menos pobladas, que se han convertido en meras aprovisionadoras de recursos materiales y humanos de las regiones ricas. Es un sistema contrario a los principios básicos de solidaridad y cohesión territorial, pues las provincias (y municipios) que pierden población y tienen menos actividad económica, reciben cada vez menos ingresos para mantener sus servicios obligatorios y tratar de promover nuevas actividades económicas».
«El sistema de financiación local español precisa una actualización que lo dote de mayor sencillez, transparencia y equilibrio, así como una suficiencia financiera para garantizar, no solo que todos los ciudadanos reciben servicios equiparables en todo el Estado, sino afrontar nuevas acciones capaces de superar el 'reto demográfico' en el mundo rural y las ciudades intermedias. Un ejemplo comparativo acredita el pernicioso efecto de un sistema que no tiene en cuenta las necesidades reales de las provincias, sino principalmente, la población total de cada provincia (datos de la liquidación del año 2023)», recuerdan desde 'León Propone'.
«Estos datos evidencian lo desequilibrado del sistema: Cádiz, con solo 23 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, recibe del Estado cuarenta millones de euros al año más que León, que tiene 208 municipios, 1.200 entidades locales menores, el doble de superficie y casi cuatro veces más de kilómetros de carreteras que mantener; Barcelona recibe casi 800 millones de euros al año más que Soria; Valencia percibe más de 400 más que Zamora, Salamanca o Valladolid. Esa sobrefinanciación permitió, por ejemplo, a Madrid invertir en el periodo 2021/2022, 522 millones de euros en políticas frente al Reto Demográfico, casi cien millones más que Aragón y más de cuatro veces lo que pudo invertir Castilla y León en cada una de sus provincias. No se plantea una reducción de los ingresos de las provincias con mayor PIE«, recuedan, »sino un incremento a las que reciben menos, y que pare ese reequilibrio se tengan en cuentas las competencias efectivas que desarrollan«.
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«Aunque los datos de las liquidaciones e informes de los Consejos de Cuentas puedan transmitir la sensación de suficiencia financiera de las haciendas locales, por lo controlado de su déficit y el superávit en muchas de ellas, la realidad es otra. Ese superávit no deriva de una sobrada financiación, sino de las limitaciones al gasto impuestas por el legislador estatal a las administraciones locales: la limitación del 'techo de gasto' y de la contratación de nuevo personal con la 'tasa de reposición de efectivos'. Ello sin ocultar 4 carencias en la capacidad de gestión de las propias entidades locales, similar a la del resto de Administraciones públicas. Además, las CCAA siguen imponiendo a las Diputaciones la financiación de sus competencias, por ejemplo, en materia asistencial. Junto con lo anterior, la normativa estatal establece nuevos servicios provinciales sin aportarle, como exige la Ley, financiación para ello, como los servicios de extinción de incendios en los núcleos rurales».
«Todo ello coarta las posibilidades de las Diputaciones para desarrollar políticas activas frente al reto demográfico, problema para cuya superación se han demostrado ineficaces las propuestas tanto del Estado como las de las Comunidades Autónomas. Ni las leyes que han dictado ambos niveles legislativos, ni la gestión de los fondos comunitarios y propios disponibles para el desarrollo local sostenible, han frenado el abandono de los pueblos y la pérdida de población de las ciudades intermedias. Las Diputaciones provinciales, más próximas al territorio y conocedoras de las potencialidades de sus comarcas, pueden, por ejemplo, fomentar y apoyar la iniciativa empresarial privada y sustituirla, si fuera necesario, allí donde el intra emprendimiento no exista, dinamizando la actividad económica».
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Propuestas de cambio
Por ello proponen una modificación normativa en el campo competencial y de financiación de las diputaciones provinciales, «en una doble dirección»:
a. «Modificar en el sistema de financiación, el parámetro de la población, limitándola a la residente en los municipios de menos de veinte mil habitantes y considerar otros parámetros como la extensión territorial y su orografía, la dispersión de la población, el número de núcleos de población, los servicios que se prestan (las redes de carreteras, parques de bomberos, entidades locales a las que atienden, entre otros). Además, se debe establecer un ingreso específico relacionado con la generación de energía renovable de cada provincia, que fue suprimido en 1985, como medida de retorno al territorio de los beneficios de las energías renovables. Esos beneficios solo se perciben ahora por el municipio donde radican las plantas y, sobre todo, por las CCAA donde se consume la energía, y donde tienen su domicilio fiscal las empresas explotadoras y comercializadoras».
b. «Atribuir a las Diputaciones provinciales competencias expresas en mataría de lucha contra el reto demográfico, con apoyo técnico y financiero cualificado del Estado para el desarrollo de actuaciones directas de promoción socioeconómica, como el ejercicio de actividades económicas y 5 compra pública de innovación. Ese incremento de financiación de las Diputaciones con menos recursos, se ha de orientar hacia políticas activas frente al despoblamiento».
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«Estas propuestas», sostienen desde la asociación, «han sido presentadas por la asociación León Propone en la nueva Estrategia frente al Reto Demográfico 2030, así como en diferentes congresos. La propuesta de lograr un retorno efectivo al territorio de los beneficios de las energías renovables, incluyendo también la reserva de espacio en las redes para las empresas electrointensivas y los nuevos regadíos, fue presentada a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (donde sigue abierta a nuevas adhesiones a través de la web del Parlamento), a las Cortes de Castilla y león y al Senado de España. Pese a haber sido respalda por todos los partidos políticos en el poder legislativo, no hay avance alguno en su implantación real. Reiteramos por ello el agradecimiento a la Presidencia de la Diputación de León, por los términos en los que se expuso y por la importancia que tiene para el territorio de León traer al debate público la reforma del sistema de financiación de las Entidades locales».
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