León pagará el 150% de intereses por la urbanización de La Lastra hace 20 años
El Ayuntamiento reconoce la deuda de 554.000 euros y cumplirá la sentencia que le obliga a abonar hasta 1,3 millones de euros por demoras
El fondo de contingencia de Alcaldía y dos inversiones -entre ellas una valla de protección para el Camino de Santiago, a su paso por Puente Castro- serán las garantías del pago que el Ayuntamiento de León deberá afrontar en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la parcelación del polígono de La Lastra entre 2004 y 2007.
El retraso en el pago de los 554.000 euros que la junta de compensación venía reclamando, y que judicializó a finales de la pasada década, ha generado unos intereses del 150% tras no atender a tres requerimientos realizados desde el TSJ.
El concejal de Hacienda ha expuesto esta la situación que ha llevado a esta sentencia judicial que obliga al pago de la urbanización del polígono.
Sin embargo, y a pesar del voto a favor del resto de grupos, en acatamiento de la sentencia judicial, la oposición ha recriminado la falta de explicaciones de por qué se ha hecho caso omiso a estas notificaciones judiciales desde el 4 de julio de 2024. David Fernández (PP) pedía información sobre el motivo de llevar a junta de gobierno, por vía de urgencia y ocho meses después, este caso y que dos meses más tarde se haya hecho en pleno. También recomendaba pleitear «hasta última instancia», Tribunal Supremo, en un caso que se había ganado en primera instancia. «Nos llama la atención la desidia o negligencia en algo de cuantía tan alta». También Vox, por medio de Blanca Herreros, calificó de «disparate» que el impago haya provocado intereses de 750.000 euros, hasta el montante total de 1,3 millones, y a la espera de los intereses procesales que aún no han sido calculados.
Esta situación deriva de una deuda acumulada entre 2004 y 2007, cuando se levantaba el polígono residencial al sur de la ciudad, y desde Vox se hace responsable «a todos los gobiernos municipales» que han sabido que ese dinero se debía.
Diez ha avanzado que se han pedido «diligencias informativas» a los técnicos responsables y trasladará al pleno el informe que reciba. Una respuesta que Fernández ve como «genérica y vacía» y lamentaba que no fuera más detallada.
Otro lío económico; ahora, con UPL
El siguiente punto del pleno, el reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 800.000 euros, y que ha encontrado el reparo del interventor, ha tenido el voto en contra de Unión del Pueblo Leonés.
Eduardo López Sendino no se oponía a que los proveedores cobrasen, pero insistía en que este tipo de reconocimiento es para hechos «puntuales» y no para «habituales», como es el caso de alguno de los contratos aplicados a esta cláusula. «Hay un error administrativo y una ilegalidad». También Herreros (Vox) afirmaba que estos contratos eran «arbitrarios y faltos de transparencia» y que causaban un perjuicio a la libre competencia y el erario.
Ante estas denuncias de la oposición, Alonso (PSOE) calificaba de «sobreactuación y demagogia» las intervenciones de los grupos porque «el servicio hay que darlo y las causas están muy justificadas», calificando de «irresponsable» el voto en contra de los leonesistas.
