IU lamenta que Diputación adjudique la ayuda a domicilio de a dos empresas «denunciadas en varias ocasiones»

Izquierda Unida ha lamentado en un comunicado de prensa que la Diputación haya adjudicado la ayuda a domicilio de los pueblos «a dos empresas denunciadas en varias ocasiones».

Las empresas adjudicatarias tienen «un historial de denuncias y demandas» que preocupan a Izquierda Unida. Entre las dos se llevan 25,3 millones de dinero público en León, en lo que supone «seguir privatizando un servicio tan importante como el de los cuidados de las personas mayores, y cuyo modelo de gestión ha demostrado ser un fracaso tras los más de 20.000 muertos en residencias geriátricas durante la pandemia».

Según Carmen Franganillo, coordinadora local, «en el caso de Onet Iberia, adjudicataria de la limpieza del CAULE, fue denunciada durante la pandemia por CCOO por impago de horas a la plantilla. Esta empresa, además, ha sido noticia en varias ocasiones por conflictos colectivos. Estos problemas con los trabajadores y trabajadoras de la empresa se repiten en varios lugares de España, en aquellos lugares donde tienen adjudicaciones de distintos servicios. La empresa, ubicada en Valladolid, Onet Iberia Soluciones, a la que Ulibarri vendió Seralia, una de sus empresas de limpieza de infraestructuras y jardinería, después de que empezaran sus problemas con la justicia, se lleva 12,3 millones de euros iniciales, para dos años de servicio».

Izquierda Unida informa de que en el caso de Aralia se trata de una sociedad administrada por «Enrique Ulibarri Fernández y Soledad Ulibarri Fernández, hijo e hija del empresario propietario de, entre otras cosas, varios medios de comunicación en Castilla y León. El empresario ha sido investigado en varios casos de corrupción. Además, hasta el año 2009, el propio José Luis Ulibarri presidió la empresa. En este caso, la adjudicación del contrato se hace por 13 millones y también por dos años, y se encargará de los residentes provenientes de los CEAS de La Bañeza, Astorga, Babia, Bembibre, La Cabrera, Cacabelos, Fabero, Puente de Domingo Flórez, Toreno, Torre del Bierzo, Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo y Villablino». «Esta empresa ha sido multada y expedientada en ocasiones por parte de administraciones con las que mantienen conciertos de gestión de residencias geriátricas, y tenemos como ejemplo las multas de la Comunidad de Madrid por errores en la atención, insuficiente limpieza y mantenimiento y falta de comunicación de incidencias. En Zaragoza, en mayo de 2020, la inspección de trabajo levantó dos actas de infracción de la normativa en derechos de descanso de la plantilla y fraude en la contratación temporal, y la plataforma de familiares de residentes ha presentado diferentes demandas por la atención a las personas mayores a su cargo», también advierte IU.

Desde la formación de izquierdas, advierten que «el contrato de concesión obliga a subrogar a la plantilla para mantener la estabilidad laboral, pero desde IU advierten a la Diputación de León de su labor de vigilancia y fiscalización de la adjudicación, y de que, en todo caso, las instituciones, aunque privaticen la gestión de un servicio, son responsables del mismo y de su buen funcionamiento, y que, dados los antecedentes que se conocen, es importante que se mantenga la alerta por el bien de las personas mayores atendidas, que son un grupo de población especialmente vulnerable».

La empresa Aralia, por su parte, ha asegurado en un comunicado tras las declaraciones vertidas por IU, que la misma «no está gestionada por José Luis Ulibarri» quien, según advierte, no obtenta en la sociedad «ningún cargo en ella, ni ejecutivo ni representativo».

Igualmente la empresa asegura que Soledad y Enrique Ulibarri «son empresarios con una prolongada trayectoria profesional» que ostentan la titularidad de la sociedad «con sus propias acciones» sin que exista «ningún pacto para aglutinar el voto (...) por lo que no es correcto afirmar (...) que Aralia es una sociedad administrada por la familia Ulibarri».

Aralia también advierte que las sanciones y penalidades se encuentran «impugnadas en sede judicial» al mismo tiempo que considera las afirmaciones vertidas desde IU fruto de la «confrontación política». La empresa, por último, defiende su compromiso con la «profesionalidad y garantía» en la ejecución de las tareas encomendadas tras la adjudicación del contrato licitado por la Diputación Provincial.

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