El Ayuntamiento de León busca «recursos legales» para una solución «definitiva» al problema de Bodegas Armando
La insalubridad del espacio motiva la presión vecinal frente a una situación que lleva sin solución desde el verano de 2018
Cerca de una veintena de años lleva sobre la mesa el conflicto con el espacio que ocupó Bodegas Armando en León y la solución no parece que vaya a llegar en los próximos meses. A pesar de ello, desde el Ayuntamiento de León aseguran que trabajan en ello para lograr «los recursos legales» con los que poder hacer frente «a una solución definitiva» que preocupa «desde hace más de una década». Así lo reconocía el portavoz del equipo de Gobierno, Vicente Canuria en el pleno ordinario para dar respuesta a preguntas del Partido Popular y UPL.
La solución «definitiva» que se busca es la «ejecución subsidiaria» del espacio que hace año ocupó la empresa Bodegas Armando y que desde el verano de 2018 ya viene dando problemas. El abandono de las instalaciones motivó la aparición de roedores que buscaban comida en los edificios colindantes y que llegaron a causar verdaderos problemas entre quienes les habitan. Cuando ese problema parecía solucionado, aunque nunca han desaparecido del todo, llegaron los okupas. Y si unos se iban, aparecían de nuevo otros.
El estado del edificio es cada vez más deplorable y a ello se suma que parte de sus techos están construidos con uralitas, con lo que el amianto se suma a los problemas de este espacio.
Multas coercitivas
Los vecinos de los edificios aledaños piden una solución y así lo han hecho durante mucho tiempo, aunque ahora de una manera más visible. El jueves 25 de septiembre, uno de los edificios del paseo de Salamanca amanecieron con varias pancartas con fuertes críticas a la espera de obtener una solución a los problemas que viven en el barrio. Un acto de protesta que motivó las preguntas de los grupos políticos en el pleno, una vez más.
El problema, según explicó Vicente Canuria, pasa por la ejecución subsidaria que no se puede hacer debido a que en 2018 el trámite que se siguió fue el de «multas coercitivas» y «ambas actuaciones son incompatibles, según señalan los técnicos» del propio Ayuntamiento. Por ello, se busca llevar a cabo «un nuevo expediente derivado de los problemas de salubridad del edificio», pero las complicaciones legares y el reglamento de Urbanismo de Castilla y León parece estar complicando el proceso.
El 24 agosto 2018 se optó por 10 multas coercitivas, aunque esta solución tampoco está dando sus frutos, ya que según remarcó Canuria hay «1.177,98 euros recaudados hasta el momento».
El informe técnico dice que «no puede considerarse el edificio en ruina»en base a la normativa actual y por ello hay que seguir trabajando «para que podamos abordar, entre todos, una solución que sea definitiva y dentro de la ley».
