Las agresiones a sanitarios crecen en León y muchas ni se notifican: «Si lo sé no denuncio»

Indefensión. Desamparo. Inseguridad. Son sentimientos que muchas veces rondan en la cabeza de los profesionales sanitarios de León que cada día se enfrentan a la posibilidad de ser agredidos mientras trabajan en un hospital, un centro de salud, una farmacia o en una emergencia.

Los últimos datos anuales ofrecidos por Sacyl de 2023, desde CSIF critican el retraso en ofrecer los de 2024, cifran en 105 las notificaciones de su personal en la provincia. A ellos habría que sumar los de la salud privada, las ambulancias y otros trabajadores del sector que no aparecen en esta estadística. Y no sólo eso, este centenar de personas agredidas en un año en León no casan con una realidad que puede alcanzar o superar el medio millar: «Los procesos son confidenciales pero como sindicato sólo conocemos si nos informan (en febrero de 2025, CSIF ha tenido conocimiento de nueve en la provincia), pero todos los días hay uno o dos casos de agresiones a sanitarios», cuenta Marcelino Candelero, CSIF Sanidad León.

Asegura que se denuncia más pero aumentan «los casos de agresiones, en parte, porque los propios agredidos no lo hacen público por muchas razones. Para notificar dentro de Sacyl hay una hoja estandarizada, como un parte de seguro de accidente de tráfico, que muchas veces ni se rellena. Tras hacerlo, el sanitario tiene la posibilidad de llevar acciones legales pero la gran mayoría no denuncia y eso es algo que perjudica a los propios profesionales. Si cada causa no tiene un efecto es como que no pasa nada, y el que agrede reincide u otras personas que conocen el caso le imitan».

Marcelino añade que «además está el temor a las represalias porque el agresor conoce perfectamente donde trabaja el profesional, que siente inseguridad y desamparo».

Esto hace que, por ejemplo, la Policía Nacional sólo haya hecho ocho detenciones ante tal cantidad de registrados en León en 2024, un 57 por ciento en hospitales y un 43 en atención primaria. Y eso que, como argumentan desde el sindicato, «no hay que olvidar que el personal sanitario está recogido como autoridad y que su agresión puede conllevar penas de prisión».

Desde CSIF nos cuentan cómo «con la app de Alertcops, que pueden usar todos los ciudadanos, los sanitarios tenemos una especie de 'botón del pánico' que manda una alerta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que tendría que utilizarse como mecanismo coercitivo. Debería usarse más porque en España hay un problema, que muchas veces no hay reacción y hay sensación (para el agresor) de impunidad».

El otro procedimiento es una carta de rechazo al usuario, «que muchos creen que no sirve pero al menos se registra y pasa de ser una mera notificación o ni siquiera eso», comenta Marcelino.

Marcelino, CSIF, dice que tampoco trasciende a los medios porque a los sanitarios que han sufrido una agresión «les cuesta revivir los hechos y por desgracia se repite mucho porque, como no se cuenta, son problemas que no tienen mucha repercusión».

Lo poco que trasciende es de forma anónima y lejos de cámaras y micrófonos. El propio Marcelino nos cuenta el caso de un colega de profesión en un centro de salud de un pueblo de León: «Un médico estaba pasando consulta. Una de las personas que tenía que ser atendida venía sin cita, por urgencias, pero no era un caso grave. Cuando el paciente iba a ser atendido, entró a la consulta y le dio un puñetazo al médico. Entonces había seguridad privada en los centros, algo que debería volver, y redujeron al agresor».

Añade que «se llamó a la Guardia Civil, levantaron atestado y se llevó todo hasta la vía judicial. Después de un año y pico de proceso, llega el juicio, y sólo pusieron treinta euros de multa al agresor y que cambiara de cupo (de médico que le pasara la consulta) cuando el denunciante era el único facultativo disponible en ese centro. Normal que dijera tras el juicio con ironía y estupefacción que le habría sido mejor devolverle el puñetazo».

Marcelino entiende que los usuarios «lo pagan con las personas que están ahí y no ven que están para ayudar. Hay mucha lista de espera y pagan justo por pecadores porque hay mucha sobrecarga y es cuando se llega a estas situaciones y agreden a cualquier persona que se les ponga por delante».

Desde CSIF apuntan a que «la mayoría de las agresiones son verbales», lo que ratifican los datos de Sacyl de 2023, que a nivel autonómico cifran las lesiones psicológicas en el 83 por ciento, las físicas en el trece y un cuatro por ciento de ambas. Marcelino dice que «estas agresiones psicológicas, que no se tienen tanto en cuenta, hacen que el sanitario vaya a trabajar con miedo tras recibir amenazas, sobre todo en entornos rurales. Al final se aguantan las agresiones verbales, aunque quien las profiera no tenga razón, sólo para evitar que vayan a más».

Aunque desde CSIF reconocen que «las plantillas han aumentado algo, León cuenta con una población muy envejecida lo que hace que siga habiendo muchas consultas y algunas de ellas requieran mucho más tiempo del estipulado. Los pacientes deben entender que no hay nada personal en un retraso en una cita o cualquier otra incidencia. Detrás hay mucho trabajo que acarrea estos problemas».

Marcelino recuerda que «además, agredir a médicos, enfermeros, farmaceúticos y otros titulados y técnicos sanitarios, va en detrimento de su propia atención y también del resto de usuarios porque nadie atiende mejor a una persona que acaba de ser agredida».

CSIF, ofrece los datos de los últimos treinta días de 2025 (hasta el diez de marzo), con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios y lamenta que el retraso en los datos oficiales del Observatorio de Agresiones de la Junta, que aún no ha dado datos del año 2024. Los nueve contabilizados en León corresponden a dos médicos, cuatro enfermeras y tres TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería).

En el resto de la comunidad, en Ávila, el sindicato contabiliza tres casos de agresión en el último mes; en Burgos ocho (siete médicos y una enfermera); en Palencia un TCAE; en Salamanca seis (tres médicos, una enfermera y dos TCAE); en Segovia a ocho (dos médicos, dos enfermeras, un TCAE y tres celadores); en Soria a un médico de un centro de salud en Ágreda cuyo agresor fue detenido; en Valladolid 28 (cinco médicos, doce enfermeras, cinco TCAE, cinco celadores y una auxiliar administrativa); y en Zamora diez (seis médicos y cuatro enfermeras).

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