23 años de cárcel por captar y obligar a prostituirse a mujeres paraguayas en un club de alterne de León

Imagen de un momento del registro del club de alterne facilitado por la Policía. /
Imagen de un momento del registro del club de alterne facilitado por la Policía.

El propietario del club, apoyado por una red en el país sudamericano, se aprovecha de su precaria situación precaria para facilitar su entrada a España, donde las obligaba a prostituirse para saldar la deuda de 3.000 euros por los gastos del viaje

A.C.
A.C. León

La Audiencia Provincial de León juzgará el próximo 19 de noviembre al propietario de un club de alterne de Valdearcos y a una trabajadora como autores de un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El acusado se enfrenta a 23 años de prisión por cuatro delitos.

Según las calificaciones previas, los hechos tuvieron lugar entre los años 2015 y 2018, cuando el acusado facilitaba la entrada a España de mujeres de Paraguay aprovechándose de su precaria situación económica. Las víctimas, tanto ellas como sus familias, aceptaban la oferta y viajaban hasta nuestro país con la esperanza de ofrecer a sus hijos un futuro mejor.

Para ello, contaba con una estructura de apoyo en el país sudamericano que tramitaba su llegada a España, haciéndoles entrega de un pasaporte y dinero en efectivo, que le era retirado a su llegada al club.

Allí, eran obligadas a ejercer la prostitución sin contrato ni seguro médico hasta hacer efectivo el pago de una deuda de 3.000 euros derivados de su viaje, exigiéndolas el abono además de 50 euros en concepto de indemnización, contando para ello, al menos en una ocasión, de la colaboración de una mujer de origen paraguayo.

El 7 de junio y por orden judicial, agentes de la Policía Nacional practicaron la entrada y el registro del club y de la vivienda del acusado, localizándose 7.000 euros procedentes de la actividad ilícita de la explotación de las víctimas.

La investigación tuvo su origen en las informaciones recibidas del Agregado policial de Brasil en España, según las cuales la Policía brasileña habría interceptado a dos mujeres de nacionalidad paraguaya que podían encajar en el perfil de víctimas de trata de seres humanos.

Inmediatamente, agentes de la Policía Nacional especializados en este delito organizaron un dispositivo para comprobar la información recibida, lo que les llevó a la detección de las dos mujeres y la posterior desarticulación de la organización que se encargaba de recogerlas en el aeropuerto y trasladarlas hasta León, donde eran explotadas en el ejercicio de la prostitución en un club de alterne.

Testigos protegidos

Según el escrito del Ministerio Fiscal, en 2015, la testigo protegido nº1 de nacionalidad paraguaya, motivada por su precaria situación económica y al carecer de ingresos económicos suficientes para subvenir a sus necesidades y la de su hijo de dos años, se puso en contacto con una conocida que le ofreció la posibilidad de trabajar en el club de alterne.

Una vez en la agencia, le facilitó el billete de avión, el pasaporte así como 900 euros, llegando a España el 6 de julio de 2015 al Aeropuerto de Bilbao. Allí fue recogida por una persona no identificada, que la trasladó al club donde fue recibida por el acusado, que le retiró los 900 euros, el pasaporte y el billete de avión.

Durante el encuentro, el acusado le comunicó las condiciones laborales, trasladándole que no tendría ni contrato ni seguro médico y que su horario sería de 17:30 horas 4:00 de la madrugada todos los días y sin descanso, hasta saldar la deuda contraída que ascendía a 3.000 euros.

Deuda que debía satisfacer ejerciendo la prostitución, sin percibir directamente el dinero, debiendo abonar además 50 euros en concepto de alojamiento, obligada a salir acompañada siempre que abandonase el club.

El acusado le dio 500 euros la primera semana para que enviase a su familia, de tal manera que a los 15 días se marchó del club sin abonar la totalidad de la deuda, recibiendo presiones del acusado sino saldaba la deuda, advirtiéndole que «iba a quemar su casa» ya que conocía mucha gente en Paraguay.

En junio de 2015, la también acusada de nacionalidad paraguaya y con residencia ilegal en España, puesta en común acuerdo con el acusado y aprovechando su relación familiar que le ligaba a la testigo protegido nº2 –hija de su prima- le ofreció una falsa promesa de trabajar en un casino o cuidando a personas mayores.

La acusada acompañó a la mujer a una agencia de viajes donde se le facilitó un billete de avión así como 500 euros y una reserva hotelera, llegando a Bilbao desde donde fue trasladada al club, percatándose en ese momento de que había sido engañada.

La mujer, al carecer de ningún contacto, dada la situación en la que se encontraba y las continuas amenazas del acusado que le advertía que «tu viniste a hacer de puta y tienes que trabajar», se vio obligada a ejercer la prostitución durante dos meses, hasta que recuperó su pasaporte y abandonó el club.

Una situación que se volvió a repetir en marzo de 2016, aunque en esta ocasión la testigo protegido nº3 aceptó la situación ante la necesidad de ayudar económicamente a su familia. Enero 2016, la testigo protegido nº18 contactó desde su país con el club para trabajar a España, facilitándole los trámites para su entrada a León.

Peticiones

El Ministerio Fiscal entiende que los hechos son constitutivos de cuatro delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, cuatro delitos de determinación coactiva a la prostitución y un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.

Por todo ello, solicita para el dueño del club una pena conjunta de 23 años y medio de prisión así como la prohibición de acercarse a una distancia inferior de 100 metros de las cuatro testigos protegidos.

Alternativamente, el fiscal entiende que se aprecia un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, solicitando una pena de cinco años de cárcel y una multa de 11 meses a razón de 10 euros diarios. A la testigo protegido nº, el fiscal le pide seis años de cárcel así como la prohibición de acercarse a su familiar. Alternativamente, le pide dos años y seis meses de cárcel.

Asimismo, el Fiscal establece la clausura definitiva del local de alterne e impone a los dos acusados el pago de una indemnización de 7.000 euros a una de las víctimas mientras que el titular deberá pagar 6.000 euros a otras tres víctimas –los testigos protegidos nº1, 3 y 18-.

Retirada del pasaporte

Las víctimas eran captadas en sus países de origen por medio de una extensa red de colaboradores que se encargaba de localizar a mujeres en situación económica muy precaria, incluso con cargas familiares, problemas de salud o en la más absoluta pobreza. Les ofrecían la posibilidad de venir a España a ejercer la prostitución a cambio de obtener enormes beneficios, lo que les permitiría salir de la situación en la que se encontraba.

Una vez que las jóvenes aceptaban, eran informadas de la deuda que habían adquirido con la organización, una elevada suma de dinero por realizar las gestiones necesarias para organizar su viaje, que deberían abonar a su llegada ejerciendo la prostitución. La organización se encargaba de proporcionar los billetes y documentos necesarios y de aleccionar a las víctimas sobre cómo comportarse, vestirse o responder a las preguntas que les pudieran hacer en los controles fronterizos, con el fin de parecer turistas y no ser devueltas a su país.

A su llegada a España eran recogidas en el aeropuerto por miembros de la organización que las trasladaban sin dilación hasta el club de alterne en el que iban a trabajar, en la provincia de León. Inmediatamente eran despojadas de su pasaporte, para mantenerlas controladas permanentemente y asegurar el pago de la deuda que habían adquirido con la organización.

Para un mayor control, estaban obligadas a residir en el mismo lugar en el que ejercían la prostitución, y tenían prohibido abandonar el recinto sin el expreso consentimiento de los explotadores, que las acompañaban en todas sus salidas; tampoco podían elegir con quién compartir habitación.

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