Noruega aplaza pedir una compensación a Navantia por un posible «fallos crítico» en sus fragatas

Acto de otadura del buque de aprovisionamiento 'Supply', construido para la Armada de Australia, hoy en el astillero de Navantia Ferrol. /Efe
Acto de otadura del buque de aprovisionamiento 'Supply', construido para la Armada de Australia, hoy en el astillero de Navantia Ferrol. / Efe

El Gobierno de Oslo admite que no tiene «claridad en estos momentos» sobre la responsabilidad del astillero en el hundimiento de uno de los buques que les vendió

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Segundo sobresalto para los astilleros públicos de Navantia en apenas tres meses, y esta vez sin que haya por medio una polémica política –como en el contrato de corbetas para Arabia Saudí- sino, a priori, presuntos fallos de fabricación de la propia compañía. Al menos esa es la denuncia que llega desde Noruega a raíz del hundimiento de la fragata KNM Helge Ingstad tras chocar con un petrolero el pasado día 8, pues según el informe preliminar de los investigadores se habría detectado un «fallo crítico» en el diseño del buque militar.

El problema detectado por la Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte (SHT) noruega radica en la estanqueidad del barco, dado que a juicio de sus expertos habría deficiencias en la impermeabilidad de sus compartimentos. Esto supondría, según su primer dictamen del siniestro ocurrido hace tres semanas, que de abrirse una vía de agua podría terminar inundando todo el buque, provocando su hundimiento.

En el caso concreto de la fragata, según un anexo al informe, la colisión con el petrolero rompió una parte del casco y el agua anegó prácticamente tres compartimentos: el cuarto de generadores de popa, los camarotes de la tripulación en cubierta y los almacenes. Pese a ello, la tripulación pensó en un principio que podría mantenerse a flote, pero al advertir que la inundación empezaba a extenderse al cuarto de engranajes por el hueco de las hélices finalmente fue evacuada.

El siniestro, que causó ocho heridos leves entre los 136 tripulantes del buque, ocurrió en la costa oeste de Noruega, al norte de la ciudad de Bergen, cuando volvía a su base tras unas maniobras con la OTAN. Pese al informe preliminar crítico con Navantia, los responsables de la Armada noruega han considerado «prematuro» sacar conclusiones por ahora. Eso sí, se ha ordenado investigar si el supuesto «fallo» podría afectar también a las otra cuatro fragatas de la clase Nansen (F-310) entregadas a ese país por la empresa española. Las cinco forman parte de un pedido realizado en el año 2000, a los antiguos astilleros de Bazán, por más de 1.050 millones de euros.

No obstante, la primera ministra noruega, Erna Solberg, ha intentado este viernes apaciguar un poco los ánimos al posponer una posible reclamación económica a Navantia y, por extensión, a España al ser una empresa pública del grupo SEPI. «No tenemos claridad sobre esas cosas ahora mismo», confesó la dirigente nórdica. «Hay que analizarlo jurídicamente y dejamos abierto si la petición de una compensación puede ser una cuestión en el futuro», explicó. En todo caso, la prioridad para ella es profundizar en la investigación ya abierta: «Lo primero es averiguar en qué parte del proceso se produjeron los fallos que se han detectado».

Navantia descarta problemas

Fuentes de los astilleros sostienen que «el diseño cumple con todas las certificaciones y satisface las condiciones de estanqueidad aplicables a buques militares». Se han ofrecido a colaborar en las labores de reflotamiento de la fragata, aunque no han obtenido respuesta, y apuntan a la fuerza del impacto con el petrolero como principal causa de la rápida inundación, descartando en cualquier caso que pueda haber un problema común en los buques fabricados para Noruega. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado este viernes esa respuesta «bastante razonable» , al tiempo que ha destacado la importancia de Navantia «en el mundo».

Esta polémica llega apenas un mes después de que el Gobierno zanjase la posible anulación del contrato de Navantia para fabricar cinco corbetas a Arabia Saudí confirmando que, pese a lo sugerido por algunos de sus ministros, se mantenían los acuerdos de venta de armas con dicho país. De ellos, junto al desarrollo del plan estratégico de la compañía para el período 2018-2022 que prevé disparar su cartera de pedidos hasta los 11.000 millones de euros, depende en gran medida su futuro económico tras cerrar 2017 con sus mayores pérdidas de la última década, 389 millones.

Empresa y sindicatos vienen negociando desde hace semanas un nuevo convenio colectivo único, que será el primero que se aplicará a la vez tanto a los astilleros de procedencia civil como a los de origen militar. Además de una tasa mayor de reposición para no perder empleo y rejuvenecer la plantilla, los sindicatos reclaman una subida de sueldos que, incluidos atrasos desde 2016, podría llegar a suponer una mejora salarial del 3%.

Luz verde a los polémicos submarinos S-80 para la Armada por el doble de coste

El Consejo de Ministros ha autorizado finalmente este viernes la ejecución por parte de Navantia de la construcción de cuatro submarinos de la clase S-80 para la Armada, un proyecto marcado por la polémica tras detectarse una serie de deficiencias, la principal un exceso de peso que hacía prácticamente inviable su navegación conforme al diseño original, obligando a alargar su eslora casi diez metros. Finalmente, tras varios años buscando posibles alternativas técnicas que «devolvieran la viabilidad» a este programa militar -la orden inicial data de marzo de 2004-, ahora se ha dado luz verde a las modificaciones necesarias pero con un elevado sobrecoste.

En concreto, los cambios introducidos para hacer viables los S-80 elevan el presupuesto del proyecto hasta rozar los 1.772 millones de euros, lo que casi duplica la factura prevista por el Ministerio de Defensa hasta los 3.905 millones (un 83% más). Los submarinos serán construido en el astillero que la empresa pública tiene en Cartagena (Murcia), con las entregas de las cuatro unidades previstas entre septiembre de 2022 y julio de 2027. Para introducir los cambios referidos el Gobierno esgrime «razones de interés público» como «la defensa del país para alcanzar una independencia estratégica», así como motivos «económicos y sociales» para reforzar las inversiones y el empleo en el área próxima a las instalaciones de Navantia.

 

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