Una década en balde para luchar contra la pobreza energética

Bombillas eléctricas. / Jesús Ferrero

Los sucesivos cambios del bono social han impedido aplicar un sistema real de ayudas como en la UE, mientras España tiene más hogares vulnerables por la luz que la media

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Las subidas del precio de la luz impactan en el bolsillo de todos los consumidores cada vez que les llega el recibo, pero entre los 26 millones de titulares de esos contratos son los que menos ingresos tienen a quienes más les cuesta sufragar el coste de la electricidad. Para ayudar a estos colectivos los dos últimos gobiernos han tratado de aplicar medidas para aliviar ese pago.

En realidad, ninguno lo ha logrado a tenor de los continuos cambios que ha sufrido el bono social. Ni cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lo puso en marcha -a mediados de 2009 cuando la crisis solo mostraba su patita-, ni con las reformas del gabinete de Mariano Rajoy, y tampoco con el consenso alcanzado a finales del año pasado entre PP y PSOE para que se beneficiaran de esta ayuda quienes verdaderamente lo necesitan. Esta semana la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, anunciaba una nueva vuelta de tuerca para ampliar los límites del bono y lograr que más hogares vulnerables se lo apliquen. Sin embargo, está por ver en qué medida cambiarán los requisitos y si finalmente el sistema conseguirá sus objetivos.

En 2017, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, dio en la clave para entender por qué el bono social ha estado asociado al fracaso. En un informe sobre la vulnerabilidad eléctrica instaba a que el sistema utilizara todos los recursos posibles para ayudar a las familias «que realmente lo necesiten». El coladero de casos que se han beneficiado de una ayuda inestable ha sido patente.

Por eso ha transcurrido prácticamente una década sin que España haya solucionado su problema de pobreza energética. La tasa de hogares que no pueden mantener en condiciones óptimas sus viviendas en épocas como el invierno representa el 10%, según los últimos datos de Eurostat. Sigue siendo casi dos puntos superior a la de la media europea y se encuentra muy alejada de la de grandes potencias comparables como Alemania (3,7%), Francia (5%) o Reino Unido (6%).

Los cortes de luz en la crisis

España no ha superado su problema de pobreza energética, ni siquiera ante la amenaza para muchas familias en los peores años de crisis. A medida que el paro azotaba a buena parte de la población -la tasa de desempleo superó el 26% en 2013-, proliferaban los impagos de recibos, y con ellos los cortes de luz que rozaron el millón de casos en 2012. A medida que la recuperación se ha ido asentando, y las eléctricas han tomado más conciencia del problema, las paradas con una duración inferior a las 48 horas se redujeron hasta los 100.000 casos en 2017.

Fue el exministro de Industria, Miguel Sebastián, quien en julio de 2009 puso en marcha la primera versión del bono social. Lo hizo como consecuencia de la liberalización del sistema de tarifas, por la cual los usuarios podían escoger su 'pack' con la eléctrica que quisieran, o mantenerse en el recibo regulado de la TUR_(tarifa de último recurso). Aprovechando esa circunstancia, el Gobierno aprobó una ayuda con la que se garantizaba el mantenimiento del precio que entonces tenía la luz durante cuatro años. De esta forma los colectivos beneficiados no verían impacto alguno de las alzas de precios que, efectivamente, poco después comenzaron a producirse.

A ese sistema podían acogerse los titulares de contratos con una potencia contratada inferior a tres kilovatios (Kw) -siempre que se tratase de su vivienda habitual-, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas y hogares con todos sus miembros en paro.

Los problemas por los que ha atravesado este paraguas han ido en paralelo al conflicto que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural -Naturgy-, EDP y EON) han mantenido con los sucesivos gobiernos a cuenta de quién debía sufragar el gasto del bono social.

Cuando en 2012, ya con el PP en el Gobierno, el Tribunal Supremo dio la razón a las eléctricas -dictaminó que no solo debían ser los generadores de luz los que sufragaran ese coste- y el Ejecutivo modificó la ley para que ese importe -unos 150 millones de euros- lo pagaran entre todos los consumidores de luz.

La gran reforma energética aprobada por Rajoy, con José Manuel Soria al frente de Industria, implicó otro cambio. Desde de 2013 serían los grupo verticalmente integrados -aquellos que generan luz, la distribuyen y la comercializan- los que lo pagarían. Además, se introdujo la necesidad de adaptarlo a «un indicador de renta per cápita familiar». Era la primera referencia a vincular la ayuda a la situación económica por la que pasaban los titulares de los contratos eléctricos, aunque no sería hasta cuatro años después cuando esa intención se materializó.

La gran reforma que transformó esta ayuda llegó a finales de 2014, al limitarla a un descuento del 25% sobre la parte del consumo de la factura. Hasta entonces, la primera versión del bono -con un precio estable desde 2009- había permitido una rebaja aproximada del 26%. Quedaba restringido a pensionistas con prestación mínima, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y contratos con potencia inferior a los tres kilovatios. Así el número de beneficiarios iba decayendo por los nuevos requisitos y el fin de la vigencia de ese bono. Sin embargo, se consideraba aún excesivo que más de 2,5 millones de personas se aplicaran el descuento sin tener en cuenta sus rentas. Había familias con escasa potencia contratada -por ejemplo, en segundas residencias- que lograban obtenerlo aunque tuvieran grandes rentas.

Ligado a los ingresos reales

Fue la trágica muerte de una mujer octogenaria en Reus (Tarragona) a finales de 2016, por el incendio en su vivienda provocado por una vela al no disponer de suministro por impago, cuando el ya ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció otra reforma, pactada con la oposición. Establecía un descuento del 25% para pensionistas, familias numerosas y hogares con una renta máxima de 11.182 euros al año sin hijos, 14.910 euros y un hijo, o 18.637 euros y dos, además de familias numerosas; o una rebaja del 40% para hogares en riesgo «severo», con ingresos de hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 9.318 euros dependiendo del número de descendientes, así como para familias en riesgo de exclusión social.

La ministra Ribera quiere ampliar esos márgenes, pero es consciente de que parte del fracaso del bono se debe a la falta de información y la complejidad de la factura de la luz, sin olvidar un sistema burocrático que no todos los usuarios son capaces de comprender para acceder a una herramienta con la que España debería acabar con la pobreza energética, como pide la UE hace años.

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